Amnistía

No va a ser fácil hablar de la amnistía en Cataluña por los actos secesionistas que sucedieron en Cataluña entre 2011 y 2017 sin que se enciendan las pasiones. Ya lo he dicho en alguna ocasión: el “procés” independentista catalán fue un acto delictivo a gran escala, bien juzgado y condenado en sus justos términos por un tribunal que actuó de modo correcto y garantista. Pero del mismo modo, el sistema penitenciario prevé medidas de gracia que se aplican sistemáticamente a los condenados, algunas por ley, y otras por iniciativa del Gobierno de España, sin que esto se deba entender como una enmienda a los tribunales: el número de indultos en España desde 1996 alcanza la cifra de 10.702 personas. Así es una Justicia con garantías democráticas, léase el Artículo 25 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.  Nos podrá disgustar ver al violador Dani Alves obtener la libertad condicional por haber cumplido la cuarta parte de su condena, pero tiene derecho. Lo mismo que dejar impunes determinados delitos por haber prescrito, o por defectos de forma. Gracias a este modelo de Justicia, Puigdemont se ha librado de ser detenido en Europa y juzgado en España, y eso nos pica especialmente. Nos podrá disgustar también este hecho, pero no podemos condicionar toda la vida política a su procesamiento: más importante es valorar el nivel de agitación política en Cataluña y en el resto de España, sus causas, sus derivadas y otras cuestiones. Porque es falso decir que la ley de amnistía se hace solo para indultar a Puigdemont, por mucho que éste sea el más beneficiado, porque afecta por distintas causas a gente de lo más variopinta. O que es para que el sr. Sánchez se mantenga en la poltrona. Tan falso como decir que fueron condenados injustamente; total, por poner unas urnas y ejercer la democracia…

Reconozco mi escepticismo en 2021 con respecto a los indultos del Gobierno a los condenados por el “procés”, pero también debo reconocer que he visto sus efectos beneficiosos in situ. Mucha gente no viaja a Cataluña porque cree que aquella es tierra hostil, pero sin pisar el terreno, el conocimiento de las cosas será siempre incompleto. En mi caso, he estado viajando a la provincia de Tarragona todos los años desde 2017. He podido comprobar cómo en sus canales de televisión han ido pasando del adoctrinamiento independentista a una programación normal. He visto cómo las banderas independentistas, las pintadas y los lazos amarillos han ido desapareciendo. He comprobado el trato cada vez más amable y sin suspicacias que me han dispensado como turista castellanohablante procedente de la meseta castellana. En definitiva, he comprobado que el paso del tiempo ha resultado beneficioso para la pacificación de los ánimos en general. También estuve en el País Vasco en tiempos del auge de ETA y después de su disolución, y la situación en Cataluña es más parecida al País Vasco en la actualidad que al de los años 80, o a 2017. Por tanto, es primordial poner en valor el impacto de las medidas de gracia para favorecer el actual estado de convivencia en la región.

Voces agoreras pronostican ahora que la amnistía va a reactivar el proceso independentista, y por ello justifican su oposición a dicha medida. Sin embargo, la debilidad y el desencanto con el independentismo se ha visto también reflejado en la actual composición del Congreso tras las elecciones del 23 de julio del año pasado. En favor del voto útil, todos los partidos, salvo el PP (y un diputado más en EH-Bildu), han perdido escaños en el Congreso con relación a la anterior legislatura. No solo Ciudadanos, tampoco están otras formaciones regionalistas, ni los independentistas de la CUP. Se trataba de “derogar el sanchismo”, con la entrada de Vox en el Gobierno de España, o de evitarlo. En cuanto a los partidos propiamente catalanes (ERC, JxCat, CUP), han pasado de 23 a 14 diputados (casi la mitad), y el PSOE ha pasado de 12 a 19. Y este dato me parece extraordinariamente relevante.

En cambio, lo que no quieren entender los agoreros es su responsabilidad en el auge de la desafección hacia España de muchos catalanes por el alto grado de hostilidad hacia Cataluña, su idioma, y su gente. La Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, tiene un preámbulo (o exposición de motivos) de 10 páginas, dividido en seis partes, que merece la pena ser leído con atención. Importante es destacar las consecuencias de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 [Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 99 diputados del PP en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña] (un texto de 491 páginas…): “Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido (…) La aprobación de esta ley orgánica se entiende, por tanto, como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población” ¿Entonces, qué pretende el anticatalanismo, los hacemos desaparecer, imponemos el estado de excepción, el 155, sometemos a la población como hace Israel con los palestinos? Cabe recordar que el Tribunal Supremo (nada sospechoso de independentismo) rechazó en septiembre de 2023 los recursos presentados por Vox y Ciudadanos contra algunos de estos indultos; aunque siguen pendientes de resolver en otros casos, los cuales se podrían beneficiar mediante la amnistía.

El citado preámbulo también se extiende con referencias a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, así como a otras jurisprudencias españolas o europeas. Esta atención no es baladí, porque explica que esta medida singular no es excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a la constitucionalidad o no del texto, parece que hay argumentos a favor y en contra del encaje de la ley en el ordenamiento jurídico. Ya veremos cuál es la última palabra.

En España no solo hemos tenido leyes de amnistía en 1976 y 1977 que han escocido a los sectores más conservadores. También hubo otras que amparaban el derecho al divorcio, al matrimonio homosexual o al aborto que provocaron enorme agitación, pero que el paso del tiempo ha venido a desmentir los pronósticos catastrofistas, beneficiándose de dichas leyes muchos de sus detractores. En sentido contrario, la conocida como ley de amnistía fiscal, para exonerar a un grupo muy numeroso de delincuentes fiscales, tampoco se hizo mediante una mayoría cualificada en el Congreso. Claro, que aparentemente hay una diferencia fundamental entre los delitos del independentismo catalán y los delitos fiscales, y es que aquello atentaba contra la unidad de España, mientras que lo segundo afectaba a gente muy honorable. Sin embargo, la sentencia del juicio contra el “procés” lo dejó meridianamente claro: después de tanta parafernalia, el gobierno de la Generalitat no consumó ni la independencia ni un golpe de Estado. Y porque hablando de golpes de estado, nuestra jurisprudencia en los intentos de golpes de estado que sí lo fueron resultó escandalosamente beneficiosa para los golpistas en todos los casos. En resumen, en este momento, sí que creo sinceramente que la amnistía es una oportunidad para la mejora de la convivencia. Lo que pasa es que solo el tiempo puede decir si es así o no. El tiempo, y el grado de afectación que deje el notable nuevo aumento de la hostilidad hacia Cataluña.

Dejando aparte la situación de estabilidad en Cataluña y la oportunidad del momento, es obvio que el asunto de la amnistía llega ahora porque la minoría catalana, tras las elecciones de julio de 2023, es quien ha puesto esta condición para resolver el dilema de cuál será la mayoría que sustente al Gobierno. Y este factor añadido, de mal perdedor, multiplica el grado de crispación hasta niveles insoportables. Después, ya veremos si los partidos catalanes son o no leales y solidarios con el resto de España, pero eso será otro capítulo.

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