Comunicado de Amnistía Internacional.- Los grupos armados palestinos deben proceder de manera inmediata e incondicional a liberar a todas las personas civiles retenidas como rehenes en la Franja de Gaza ocupada, ha reiterado Amnistía Internacional casi dos años después de que fueran capturadas durante los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre 2023.
La organización reitera también sus llamamientos a que se declare de inmediato un alto el fuego y a que Israel ponga fin al genocidio que está llevando a cabo contra la población palestina gazatí, Durante el último mes, Israel ha intensificado su campaña de aniquilación de la población palestina de Gaza, con lo que ha hecho aumentar con centenares de civiles más la siempre creciente cifra de víctimas mortales y ha destruido deliberadamente infraestructura civil y sometido a desplazamiento a miles de personas palestinas, actos que demuestran su determinación de causar su destrucción física.
En la ciudad de Gaza, en particular, la escalada militar actual de Israel no sólo está teniendo consecuencias catastróficas para la población palestina, que a duras penas logra sobrevivir a una hambruna creada artificialmente y al desplazamiento forzado, sino que también pone en peligro la vida de las personas israelíes y de otras nacionalidades retenidas como rehenes por los grupos armados palestinos. El 20 de septiembre de 2025, las Brigadas Al Qassam, brazo militar de Hamás, publicaron una “imagen de despedida”, como la llamaron, que mostraba las fotografías de personas retenidas aún como rehenes, con lo que aumentó el temor por la suerte que puedan correr.
Se cree que, de las 47 personas que continúan recluidas ilícitamente, aproximadamente 20, todas ellas hombres, están todavía vivas. Corren un grave riesgo de muerte y de tortura y otros malos tratos. Son las últimas que quedan de las 251 –en su mayoría civiles– que fueron capturadas, en casi todos los casos, vivas, y llevadas a Gaza durante los brutales ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023. A la mayoría se las llevaron vivas, pero, en 36 casos, según informes, asaltantes palestinos se apoderaron de cadáveres de personas muertas durante los ataques. La toma de rehenes es una violación grave del derecho internacional y constituye un crimen de guerra.
“Cada momento que pasa, la inacción se cobra más vidas y agrava los horrores que la población civil está sufriendo. El alto el fuego inmediato no es sólo un imperativo moral; es una obligación mundial. Israel debe detener de inmediato su genocidio contra la población palestina de Gaza, incluida su política de hambre causada deliberadamente y de desplazamiento forzado. Los grupos armados palestinos deben liberar de inmediato a todos los rehenes civiles”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Hasta que sean liberados, Hamás debe garantizar que todos los rehenes reciben un trato humano, tienen acceso a mecanismos de observación internacionales y pueden comunicarse de manera periódica y digna con sus familiares y seres queridos. Hamás y los demás grupos armados palestinos deben proceder de manera inmediata e incondicional a devolver todos los cadáveres de personas capturadas el 7 de octubre de 2023. No hacerlo continuará constituyendo graves crímenes de derecho internacional y ahondado la angustia de las familias que esperan desesperadas el regreso en buen estado o, al menos, noticias de sus seres queridos.
Hamás y la Yihad Islámica Palestina han dejado claro con declaraciones y acciones que han retenido a civiles y a militares para utilizarlos como moneda de cambio con que obligar a las autoridades israelíes a detener sus ataques militares, dejar en libertad a todas las personas palestinas presas y poner fin al bloqueo de Gaza y a su ocupación ilegal del territorio palestino. Esta conducta se ajusta a la definición de la toma de rehenes que establece el derecho internacional.
Desde octubre de 2023, las autoridades israelíes han intensificado enormemente la detención de personas palestinas en todo el Territorio Palestino Ocupado (TPO). Según Hamoked, a fecha de 1 de septiembre de 2025, las autoridades israelíes mantenían recluidas a unas 11.040 personas palestinas, algunas de las cuales llevaban decenios en prisión. Más de la mitad –alrededor del 57% – están recluidas sin cargos ni juicio, sea por estar sometidas a detención administrativa o en aplicación de la Ley de Combatientes Ilegítimos. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos y Asistencia Jurídica de Jerusalén (JLAC), Israel retiene al menos 730 cadáveres palestinos, algunos desde hace decenios, para utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones.
Amnistía Internacional pide que Israel deje en libertad de inmediato a los miles de personas palestinas que mantiene detenidas arbitrariamente; ponga fin a los abusos contra ellas, que incluyen tortura, hambre y violencia sexual, y cese en su arraigada práctica ilegal de retener cadáveres palestinos para utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones.
“No puede haber justificación para tomar a personas como rehenes ni para la detención arbitraria de personas por periodos prolongados sin cargos ni juicio. El mundo no debe dar la espalda a la humanidad”, ha afirmado Agnès Callamard.
Abusos físicos, sexuales y psicológicos contra rehenes en cautividad
Los rehenes israelíes y de otras nacionalidades han soportado condiciones terribles desde el 7 de octubre de 2023. A todos se los ha recluido en régimen de incomunicación y se les ha negado todo contacto con sus familias o el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hasta el momento de su liberación. Muchas familias llevan meses o aún más tiempo sin recibir ninguna señal de si sus seres queridos están vivos o muertos, lo que agrava su sufrimiento.
En relatos que han contado a Amnistía Internacional, a los medios de comunicación o a profesionales de la medicina, rehenes liberados denuncian haber sufrido abusos en cautividad. Un rehén liberado contó a Amnistía Internacional que a él y a otros cuatro hombres los habían golpeado durante varios días tras su captura, y explicó que había estado recluido en un túnel, sin comida ni agua suficientes. Al menos cinco hombres más y una mujer han informado públicamente de que los sometieron a palizas y a otros malos tratos físicos, y cuatro mujeres, dos niñas y dos hombres han dicho públicamente que sufrieron agresión sexual, desnudez forzada o amenazas de matrimonio forzado. Tales tratos son formas de violencia física y sexual que constituyen tortura y otros malos tratos según el derecho internacional.
Una persona, profesional de la medicina, que atendió, en noviembre de 2023, a rehenes liberados dijo a Amnistía Internacional que algunos contaban que los habían golpeado, obligado a presenciar actos de violencia o a participar en ellos, recluido en régimen de aislamiento o en total oscuridad y privado de lo necesario para atender sus necesidades básicas, todo lo cual tuvo a la larga consecuencias graves para su salud física y mental. Esa persona explicó también que algunos rehenes devueltos afirmaban haber sufrido violencia sexual, incluidas desnudez forzada y agresión sexual.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel (Comisión de Investigación de la ONU) manifestó en septiembre de 2024 que había recibido información creíble sobre algunos rehenes sometidos a violencia sexual y de género en cautividad, entre ellos una mujer que denunciaba haber sido violada. La Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) también comunicaron que habían encontrado indicios de violencia sexual, incluida violación, contra rehenes. Al aprobar la solicitud presentada por la Fiscalía para que se dictara orden de detención contra Mohammed Diab Ibrahim Al Masri (conocido como Mohammed Deif), jefe del brazo militar de Hamás, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que, estando cautivos en Gaza, algunos rehenes, en su mayoría mujeres, habían sufrido violencia sexual y de género, incluidos penetración forzada, desnudez forzada y trato humillante y degradante.
Hamás y la Yihad Islámica Palestina sometieron a todos los rehenes que mantenían recluidos, así como a sus familiares, a abusos psicológicos. Los tuvieron incomunicados, sin contacto con el mundo exterior. Negaron a todos el contacto con sus familias y el acceso al CICR hasta su liberación. No proporcionaron ninguna lista de los rehenes que tenían, ni tampoco detalles ni noticias actualizadas sobre su paradero o su estado, con lo que negaron a las familias información sobre sus seres queridos. Las familias de los rehenes con las que Amnistía Internacional ha hablado indicaron que llevaban meses o más tiempo aún sin recibir señales de vida de sus seres queridos y describieron el dolor y la angustia insoportables de no saber dónde o cómo estaban o si volverían y cuándo.
Los grupos armados palestinos separaron intencionadamente a los rehenes con lazos familiares entre sí y mantuvieron a menores de edad en completa soledad, según testimonios que rehenes liberados ofrecieron a profesionales de la medicina. Erez Calderon, de 11 años de edad en el momento de su secuestro en Nir Oz y cuya captura fue grabada en un vídeo verificado por Amnistía Internacional, dijo a los medios de comunicación israelíes que lo habían tenido separado de su padre y su hermana. Familiares suyos confirmaron que había sido así en otras declaraciones para medios de comunicación.
Hamás y los grupos armados palestinos han publicado fotografías y vídeos de rehenes que aparecen a menudo heridos, con dolor o miedo o implorando por su vida o su liberación. También han obligado a rehenes a desfilar ante multitudes durante su secuestro o en humillantes “ceremonias de liberación”. Someter a rehenes a tal trato humillante y degradante es una forma de atentado contra la dignidad personal, prohibido por el derecho internacional, y constituye un crimen de guerra.
A finales de julio y primeros de agosto de 2025, los grupos armados palestinos publicaron en Internet vídeos de dos rehenes que indicaban que estaban siendo sometidos a graves malos tratos. En un vídeo que lleva el emblema de las Brigadas Al Quds, el brazo militar de la Yihad Islámica Palestina, se ve a uno de los rehenes, Rom Braslavski, en el suelo de un túnel, desnutrido y explicando, entre gemidos, que está demasiado débil para mantenerse en pie y se halla al borde de la muerte. Agravando aún más el sufrimiento de su familia, la Yihad Islámica Palestina afirmó que, desde que se había grabado el vídeo, el grupo había perdido el contacto con los captores de Rom. En un vídeo publicado por las Brigadas Al Qassam el 2 de agosto de 2025, se ve a de Evyatar David, muy desnutrido, en un túnel donde le obligan a cavar una fosa que él cree que es su propia tumba. Describe con detalle y remitiéndose a un calendario anotado cómo pasó días seguidos sin comida. Obligar a alguien a cavar su propia tumba en tales circunstancias también constituye tortura, al igual que la negación intencional de alimentos en cautividad por periodos prolongados y los abusos psicológicos.
La retención de rehenes y la emisión de vídeos de su sufrimiento no es solo un crimen contra las víctimas directas, sino que, además, la incertidumbre y la angustia causadas a los seres queridos de los rehenes constituyen tortura u otros malos tratos.
Toma de rehenes y captura de cadáveres
Según una base de datos producida por el periódico israelí Haaretz y contrastada con otras fuentes de información, de las 251 personas capturadas durante los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel, 27 eran militares que estaban en el servicio activo. La inmensa mayoría de las 224 personas restantes eran civiles. Eran 124 hombres, 64 mujeres y 36 menores. De las personas secuestradas en Israel, 16 tenían menos de 10 años de edad, y 9, más de 80. La mayoría de las personas capturadas eran de nacionalidad israelí judía, algunas con doble nacionalidad. Siete eran de comunidades beduinas con ciudadanía israelí. Al menos 35 eran de nacionalidad extranjera. En 36 casos, las víctimas estaban ya muertas cuando las llevaron a Gaza.
Basándose en datos de vídeo y testimoniales, Amnistía Internacional ha documentado incidentes de personas, parejas y familias de numerosas comunidades civiles a quienes, el 7 de octubre de 2023, miembros de las Brigadas Al Qassam, entre otros, sacaron de sus hogares y llevaron a Gaza. También ha documentado el secuestro de jóvenes en el festival de música Nova y sus alrededores, a quienes en algunos casos se sacó de los refugios contra cohetes donde se habían escondido.
Shoshan Haran fundadora y presidenta de Fair Planet, ONG israelí para el desarrollo, e integrante de Women Wage Peace movimiento de base por la paz, fue secuestrada junto con seis miembros de su familia, tres de ellos menores, y tomada como rehén por Hamás. Shoshan, que vivía en Be’eri, un kibutz situado a unos cuatro kilómetros de la valla perimetral levantada en torno a Gaza, y tenía entonces 67 años, contó a Amnistía Internacional que, tras recibir un aviso por WhatsApp, se había refugiado con su familia en su habitación de seguridad.
Explicó que unos hombres armados los obligaron a salir de allí. Uno de ellos les gritó en inglés: “Mujeres, niños, vale. Hombres, pum-pum”. Los sacaron del kibutz y los llevaron a Gaza. Cuando, junto con cinco miembros de su familia, fue liberada de lo que describió como los “terribles 50 días de cautividad”, Shoshan supo que a su esposo, Avshalom Haran, lo habían matado tras ser obligada la familia a salir de la habitación de seguridad. Su yerno, Tal Shoham, que había sido secuestrado junto con ella, soportó 500 días de cautividad antes de ser liberado.
La hermana de Shoshan, Lilach Kipnis, y su esposo, Eviatar Kipnis, así como Paul Castelvi, ciudadano filipino que trabajaba como cuidador para la familia, figuraban también entre las personas muertas en el ataque al kibutz.
Una maestra de 49 años, Liat Atzili, contó a Amnistía Internacional que la habían tomado como rehén en Nir Oz, otro kibutz próximo a la valla perimetral de Gaza. Dijo que, cuando atacaron el kibutz, se escondió en su habitación de seguridad y que, al principio, llegaron unas personas vestidas de civil, que abrieron la puerta de la habitación, pidieron dinero y se marcharon al decirles ella que no tenía. Sin embargo, tras ellas se presentaron en seguida unos hombres armados. Contó lo siguiente: “Llegaron dos personas, armadas, de uniforme, y abrieron la puerta. Me secuestraron”. Explicó que se la llevaron en un vehículo junto con otra persona del kibutz, pero que la separaron de ella al llegar al Gaza. Contó a Amnistía Internacional que los guardias que la custodiaban le dijeron que eran miembros de Hamás, y aclaró que, durante el tiempo que pasó en cautividad, había habido visitas de otros miembros de Hamás que, a su entender, eran de rango mayor y “hacían los recorridos por los apartamentos” donde había rehenes.
Entre las personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 había algunas que estaban claramente muy mal heridas, como se puede ver en vídeos verificados por Amnistía Internacional. Entre ellas figuraba Hersh Goldberg- Polin, de 22 años, que fue secuestrado en Road 232, cerca del festival de Nova, tras huir del ataque a este y buscar protección en un refugio contra cohetes.
Amnistía Internacional ha documentado también información según la cual combatientes palestinos, entre los que probablemente hubiera miembros tanto de las Brigadas Al Qassam como de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, llevaron a Gaza cadáveres de personas que habían muerto o resultado mortalmente heridas durante los ataques del sur de Israel. Esta práctica negó a las familias la oportunidad de enterrar a sus seres queridos y, en muchos casos, las dejo sin saber, a veces durante meses o más tiempo aún, si estaban todavía vivos o ya los habían matado.
Según informes, al menos 48 rehenes que fueron capturados vivos han muerto en Gaza. Otros fueron liberados en intercambios negociados de rehenes y personas presas o rescatados en incursiones militares israelíes, una de las cuales causó la matanza de centenares de personas palestinas.
Homicidio de rehenes
Las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, y las Brigadas de Al Quds, el brazo militar de la Yihad Islámica Palestina, han emitido declaraciones públicas donde amenazan con matar a los rehenes israelíes como represalia por las acciones de Israel o para prevenir operaciones de rescate del ejército israelí.
El 1 de septiembre de 2024, el ejército israelí anunció que, el día anterior, había recuperado los cadáveres de seis rehenes israelíes en un túnel de Rafá, cerca del lugar donde sus fuerzas habían encontrado a otro rehén, Qaid Farhan Alkadi, de 52 años, solo, pero vivo, en un túnel en agosto de 2024.
Tres declaraciones publicadas en redes sociales por Abu Obaida, portavoz de las Brigadas Al Qassam, el 2 de septiembre de 2024, aparentemente en respuesta al anuncio del ejército israelí, sugerían que a los seis rehenes los habían matado para impedir que los rescataran.
En 2025, las Brigadas Al Qassam han intensificado su amenaza de matar a los rehenes israelíes que quedan. Como muestra un vídeo analizado por Amnistía Internacional, el 15 de febrero de 2025, en el curso de la liberación de tres rehenes israelíes en virtud de un intercambio negociado de rehenes y personas presas, obligaron a uno de ellos a sostener un reloj de arena sobre una fotografía de Matan Zangauker, uno de los rehenes aún retenidos en Gaza, a modo amenaza de que el tiempo corría para los rehenes restantes. El 24 de marzo de 2025, las Brigadas Al Qassam emitieron otro vídeo en el que dos rehenes suplicaban que se llegara a un acuerdo de intercambio de rehenes y personas presas porque era su única oportunidad de sobrevivir.
El 21 de febrero de 2025, en el marco de un intercambio negociado de rehenes y personas presas, se entregaron por fin a su familia los cadáveres de tres de los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 más conocidos: la argentina-israelí Shiri Bibas y sus dos hijos, Kfir Bibas, de nueve meses, y Ariel Bibas, de cuatro años. Tres semanas antes, las Brigadas Al Qassam habían liberado a Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de los niños, a quien habían mantenido separado de ellos durante su reclusión.
Shiri y sus dos hijos estaban vivos a ilesos cuando se les vio en el momento que los secuestraban en Nir Oz el 7 de octubre de 2023, pero, en un vídeo con matasellos del 20 de diciembre de 2024, un portavoz de las Brigadas Muyahidín, el brazo militar el Movimiento Muyahidín Palestino, manifestó en una entrevista con medios de comunicación que habían muerto en un ataque aéreo israelí, junto con sus captores. Las Brigadas Al Qassam hicieron una declaración afirmando lo mismo, y el ejército israelí dijo que lo investigaría. Ni las Brigadas Muyahidín ni las Brigadas Al Qassam aportaron nada con que fundamentar sus afirmaciones. Las autoridades israelíes declararon que las víctimas habían muerto a manos de sus captores, pero tampoco aportaron nada para respaldarlo.
A algunos rehenes los mató el ejército israelí. El caso más conocido es el de Yotam Haim (de 28 años), Samer Talalka (de 22) y Alon Shamriz (de 26), muertos por disparos el 15 de diciembre de 2023 en el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes estaban encontrando mucha resistencia de los grupos armados palestinos. El ejército israelí asumió en seguida la responsabilidad de estos homicidios, mientras que, en el caso de otros tres rehenes – Nik Beizer, Ron Sherman y Elia Toledano–, tardó 10 meses en anunciar que habían muerto en un ataque aéreo en noviembre de 2023.
Información complementaria
Durante los ataques del sur de Israel del 7 de octubre de 2023, murieron alrededor de 1.200 personas. Más de 800 de ellas eran civiles, al menos 36 niños y niñas. Las víctimas eran fundamentalmente de nacionalidad israelí judía, pero también había algunas de comunidades beduinas con ciudadanía israelí y decenas de trabajadores y trabajadoras migrantes, estudiantes y solicitantes de asilo de nacionalidades extranjeras. Resultaron heridas más de 4.000 personas, y centenares de viviendas y estructuras civiles fueron destruidas o quedaron inhabitables. Amnistía Internacional ha concluido que los grupos armados palestinos cometieron violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra durante los ataques y continúan cometiendo crímenes de derecho internacional al seguir manteniendo recluidos y sometidos a malos tratos a los rehenes y reteniendo los cadáveres capturados.
En mayo de 2024, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentó solicitudes de orden de detención contra los líderes de Hamás Ismail Haniyeh Mohammed Deif y Yahya Sinwar por su presunta responsabilidad en los siguientes crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos del 7 de octubre de 2023 en adelante: exterminio, asesinato, violación y otros actos violencia sexual, toma de rehenes, tortura, otros actos inhumanos, tratos crueles y atentado contra la dignidad personal. En noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte dictó orden de detención contra Mohammed Deif. La Sala concluyó los procedimientos contra cada uno de los tres presuntos responsables palestinos tras confirmarse que habían muerto en operaciones militares israelíes.
La ofensiva militar israelí lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha matado a más de 65.000 personas, entre ellas más de 18.000 niños y niñas, y herido a más de 200.000, según el Ministerio de Salud de Gaza. Muchas han muerto o han resultado heridas en ataques directos contra civiles o ataques indiscriminados, que han eliminado a menudo a familias enteras con miembros de varias generaciones. Se desconoce el paradero de decenas de miles de gazatíes, cuyos cuerpos se teme que estén atrapados bajo los escombros de edificios destruidos o en zonas inaccesibles a causa de las operaciones militares israelíes. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 78% de las estructuras de Gaza han resultado destruidas o dañadas como consecuencia de las operaciones militares israelíes.
En noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel por los crímenes de guerra de hacer padecer hambre a la población civil y dirigir intencionalmente un ataque contra ella, así como por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
En diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó que Israel está cometiendo genocidio por medio de matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencional de ella a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física. Miles de personas palestinas de Gaza, en su mayoría civiles, han sufrido detención durante operaciones militares israelíes, en muchos casos sometidas a desnudez forzada en público y tortura antes de su traslado a campos de detención y prisiones situados en Israel.
Durante su detención, las autoridades israelíes las sometían sistemáticamente a tortura u otros malos tratos, como privación de alimentos, violencia física y sexual, y negación del acceso a organizaciones humanitarias y mecanismos de observación independientes. Al menos 76 personas palestinas han muerto bajo custodia israelí desde el 7 de octubre de 2023, según la comisión de personas palestinas detenidas. Se cree el número real de muertes palestinas bajo custodia es mayor.
Los ataques del 7 de octubre de 2023 tuvieron lugar en el contexto de la prolongada ocupación israelí del TPO y de las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes contra la población palestina, como la imposición de un sistema de apartheid y el prolongado bloqueo ilegal impuesto a Gaza desde 2007.
