Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien… Así comienza el nuevo spot publicitario que el Ministerio de Hacienda –uno de los pocos ministerios que no ha necesitado cambiar su denominación para adaptarse a la neolengua de la Nueva Normalidad– ha lanzado para concienciarnos de la utilidad social y beneficio público de su política fiscal. Veamos pues quiénes son esas personas que están ahí para que todo salga bien, en las distintas instituciones del Estado, y que podrían haber evitado o minimizado la devastadora tragedia humana y socioeconómica de Valencia.

Pedro Sánchez, quien podía haber decretado inmediatamente el estado de alarma o de emergencia nacional para las zonas afectadas, estaba en la India, montado a pie en coche descapotable, dándose un baño de masas al más puro estilo bananero o pontifical. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) –lo que siempre hemos llamado Ministerio de Medioambiente y del cual dependen la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNZI)–, más ocupada con su reciente cartera en la Comisión Europea, estaría paseándose por su apellido en el Senne, río que atraviesa Bruselas. Marlaska y Robles, ministros de Interior y Defensa respectivamente, que no actores de televisión, ignoro dónde se hallarían, pero todos hemos sido testigos de que los efectivos a sus cargos acudieron tarde y mal a las zonas de la catástrofe. Y en cuanto a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, que no ingeniero hidráulico, estaba desbordado y sin capacidad de maniobra en una Valencia que ya no hacía pie y sin dar con la tecla del móvil para enviar el mensaje de alerta a sus ciudadanos. Entretanto, la broma macabra tampoco faltó en la noche de autos, pues La 1 de TVE emitía la película 2012 –cuya sinopsis va de que la humanidad, a excepción de tres arcas, perece bajo las aguas– mientras miles de valencianos luchaban por sus vidas para no ahogarse y muchos españoles no pudimos pegar ojo acompañándolos en su sufrimiento. Eso sí, a toro pasado, TVE creyó conveniente cancelar el programa de humor negro La Revuelta los días siguientes, pues había que dar paso a los directos con los que empezaron a construir el relato de lo sucedido que ahora nos inunda.

Desde una visión bioética, lo más sangrante de todo este colosal drama, lo que me encoge el alma mientras escribo, es que la inmensa mayoría de los valencianos –y también de los españoles– que viven en Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) lo desconocen, como reflejan múltiples testimonios de supervivientes valencianos, ya que de lo contrario muchos de los que han muerto intentando sacar sus coches de los garajes no habrían hecho amago alguno de ello y se hubieran puesto a salvo ganando altura en vez de ir directamente a la boca del lobo.

No voy a entrar al barro de los pormenores sobre las responsabilidades, con enrevesados episodios más propios de una película de intriga, que se restriegan unos a otros nuestros dirigentes políticos en estos días, porque la avalancha de irresponsabilidad y de dejadez se remonta a varias décadas atrás. Pagamos impuestos para que el Estado funcione, se dote de recursos y se tome en serio el conocimiento que recaba y adquiere, máxime cuando están en peligro vidas humanas, y no para que esos impuestos nos vuelvan en forma de riadas fatales. La Rambla del Poyo no es una desconocida cepa de coronavirus cocinada en Wuhan, sino una vieja conocida de la CHJ y del MITECO catalogada en el SNZI de máximo riesgo, una de las de más Alta Probabilidad de Inundación de toda España, con unas excepcionales condiciones orográficas para formar riadas relámpago, un histórico de 68 inundaciones desde que se tienen registros (año 1950) y un periodo de retorno o recurrencia de 10 años muy revelador de su potencial dañino, como puede observarse en rojo en la siguiente ficha (pág. 23) extraída de la CHJ.

No hay que hacer una gran investigación porque se sabía que todo esto podía ocurrir desde hace décadas. Lean ustedes, si no, lo que podemos encontrar simplemente consultando lo que la Wikipedia dice sobre La Rambla del Poyo, esta particular minicuenca endorreica de barrancos que desaguan en La Albufera y que ha sido la que ha provocado los mayores daños y el mayor número de víctimas. Existe una multitud de referencias bibliográficas científicas: hay tesis doctorales escritas sobre ella, trabajos con mediciones e históricos, estudios de usos y abusos de suelos inundables y de la propia cuenca hídrica, etcétera. Especial mención merece la Tesis Doctoral de Sergio Andrés Salazar Galán, Metodología para el análisis y la reducción del riesgo de inundaciones: Aplicación en la Rambla del Poyo (Valencia) usando medidas de “retención de agua en el territorio” (2013), por cuanto que de haberse aplicado su brillante trabajo hoy no estaríamos lamentándonos (lean ustedes a partir de la página 129 de la Tesis, 161 del PDF, y no saldrán de su asombro).

Pero ahí no queda la cosa. Como habrán leído en la Wikipedia, desde el 2007 existía un proyecto de actuación para corregir los errores en las infraestructuras de la rambla y paliar unas más que previsibles crecidas, aluviones y riadas. El proyecto era bastante menos ambicioso que el diseñado por Salazar Galán, pero aún así de nada sirvió porque se quedó en el papel.

Como pude comprobar de primera mano en Chile, en los países en donde se producen con cierta frecuencia inundaciones de procedencia marina, o tsunamis (las riadas relámpago son su análogo de procedencia fluvial), existen señales indicativas de las vías de evacuación para la población y sistemas acústicos de alarma urgente desplegados por las calles de las localidades en riesgo de inundación. La gente sabe desde el primer momento en que se da la alerta lo que ha de hacer y es consciente, sobre todo, de que vive en una zona de peligro por inundación. En España, tales medidas brillan por su ausencia a pesar de contar con un moderno y actualizable Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Se hace perentorio, impostergable después de esta tragedia, que sistemas como este se apliquen en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), pues de poco sirve un mensaje de alerta al móvil cuando ya se ha formado una riada relámpago, además de la poca eficacia del mismo, ya que se puede tener apagado el móvil o sencillamente no disponer de él. ¿Cuántos de los fallecidos hubieran podido ponerse a resguardo de existir un sistema así?

De todo lo expuesto se deduce que esta histórica riada de negligencias es absolutamente inverosímil y no hay quien pueda tragársela si conoce mínimamente el contexto en el que se produce. 

Para acabar, aunque quede todavía mucho por decir, si se esgrime que el cambio climático hace de las gotas frías, o DANAs, un fenómeno más frecuente y virulento, con más razón deberían haberse acometido los planes de actuación que se proyectaron, tanto en la Rambla del Poyo como en el resto de ARPSI de España. Pero a nuestros políticos, en vez de dar explicaciones sinceras de lo sucedido y buscar soluciones como las que aquí se detallan, parece interesarles más utilizar la desgracia, como ya ocurriera durante la pandemia, para crear una narrativa acorde con la Agenda 2030, en la cual ahora nos toca el dogmatismo del cambio climático, tal y como ayer mismo confirmó la ministra de Igualdad al ser pillada in fraganti. Despierten, españoles, porque nuestras autoridades políticas están dejando claro que no les tiembla el pulso para conseguir la transición ecológica, el reto demográfico y los demás objetivos a costa de sufrimiento humano.

* Raúl Sánchez Marín es jurista docente y asesor y perito jurídico-sanitario. Licenciado en Derecho por la UCLM, Máster en Derecho y Economía del Consumo por la UCLM, Especialista en Derecho y Economía de las Nuevas Tecnologías por la UCLM, ha trabajado para diversas universidades y escuelas de posgrado españolas e hispanoamericanas. Actualmente cursa el segundo año del Máster predoctoral en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Correo electrónico: [email protected]