Jesús García de las Bayonas Delgado.- En las últimas dos semanas de este mes de Agosto de 2025, hemos estado asistiendo a una ola de incendios forestales sin precedentes en nuestro país, que están asolando la parte noroeste de la península ibérica, en particular en Extremadura y las provincias de León de Castilla y León y de Ourense en Galicia. Una ola de incendios que acontece, precisamente cuando hemos tenido varios factores que se han concatenado con trágicas y funestas consecuencias: una primavera muy lluviosa, el abandono de las zonas rurales (y de la ganadería extensiva), una dura ola de calor de 16 días de duración y una falta de prevención y y de inversiones por parte de algunas Comunidades Autónomas. A lo anterior, se ha unido una defectuosa y tardía actuación, ante los diferentes avisos por incendios, que es consecuencia de la escasa inversión en medios materiales y humanos por parte de algunas CCAA en materia de incendios forestales.

Esto último, es lo que ha provocado que diferentes focos e incendios declarados se hayan vuelto prácticamente inextinguibles hasta que las condiciones meteorológicas comiencen a remitir y a cambiar, precisamente por las dimensiones que han alcanzado antes de la llegada de efectivos y de los medios de extinción. No puede ser que, por la inacción y falta de actuación temprana, se produzcan incendios que no se puedan atajar ni controlar, incendios que se unen con otros incendios y que saltan de una provincia a otra, atravesando incluso cortafuegos, carreteras e incluso ríos. Porque los incendios de hoy, una vez que se descontrolan y que se sobredimensionan, a partir de que transcurre cierto lapso de tiempo, hacen que incluso movilizando todos los medios existentes, incluidos los estatales y europeos, éstos no alcancen ni sean suficientes ni siquiera para controlar mínimamente el fuego.

Hay, por tanto, que luchar contra el fuego y prevenir los incendios de manera urgente durante todo el año, porque le va la vida en ello a nuestro patrimonio natural, a nuestro territorio y a nuestra población rural. Por lo que hay aumentar la inversión en prevención y esto quienes tienen que hacerlo son las distintas Comunidades Autónomas, que son las competentes en la materia de gestión del territorio y del patrimonio natural. La prevención de incendios forestales es un 99% más barata que las actuaciones posteriores a la declaración del incendio. Es decir, por cada Euro que se invierte en prevención, se reduce en 100€ la factura de la extinción. Porque el coste medio estimado para el erario público de apagar cada hectárea que se incendia es de 19.000€, según ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales). Pero, por otra parte, la realidad es que el conjunto de la inversión que han realizado las CCAA se ha desplomado hasta la mitad en los últimos 13 años, concretamente desde 2008.

Explicar porqué y cómo se han podido llegar a originar unos incendios de tales dimensiones y de tal envergadura no se puede hacer mediante una explicación simple, ni por una única circunstancia o factor; pues estamos ante incendios capaces de tener un perímetro de hasta 100 kilómetros cuadrados, con lenguas de fuego muy superiores a los tres metros, que impiden atacarlo de manera directa por parte de los medios de extinción; y sobre los que hasta el Ejército del Aire se muestra incapaz de actuar sobre ellos, a consecuencia del denso humo, que impide a los medios aéreos tener la suficiente visibilidad como para poder actuar.

Con todo, hay quienes defienden que en todo en esto no hay ninguna novedad y que no estamos ante nada nuevo ni excepcional; pues, ciertamente los de 2025 son los peores incendios desde 1994. Efectivamente, se trata de los peores incendios en tres décadas; pero es que hace 31 años no teníamos ni de lejos los medios de extinción de los que disponemos actualmente y la extensión de hectáreas quemadas sí fue superior en total; pero los incendios de aquel entonces no eran ni mucho menos tan intensos y tan voraces como para llegar a las 350.000 hectáreas quemadas en apenas 15 días. Pues, según las últimas estimaciones del Sistema Europeo de vigilancia satelital Copernicus ya irían más 388.000 hectáreas quemadas en todo 2025 y unas 350.000 en los incendios de tan solo las dos últimas semanas.

Así que, a pesar de que haya quienes defiendan lo contrario, estamos ante algo inédito y excepcional; pero que se repite con mayor frecuencia y mayor virulencia con el transcurso de los años. Y quienes lo nieguen, lo hacen en contra precisamente de los registros y de la evidencia científica. Incendios ha habido desde siempre, sí; pero la diferencia de los incendios de ahora estriba en su intensidad, su voracidad y su velocidad de propagación. Los mismos profesionales de la lucha contra incendios coinciden en lo mismo: nunca antes se habían visto unos fuegos e incendios con estas características: con tanto perímetro, con tanta energía y velocidad de propagación como hasta ahora.

La regla de los tres treinta, es decir, más de 30º grados centígrados, vientos de más de 30 Km/h y una humedad relativa de menos del 30% son las que están detrás de los fuegos e incendios actuales, y suponen unas circunstancias que hacen que los incendios forestales que se descontrolan en estas circunstancias sean muy difíciles de apagar. Pero, ciertamente, hemos de tener en cuenta además que, en la reciente ola de calor que hemos padecido en Agosto, ésta ha durado hasta 16 días y que durante estas dos largas semanas hemos padecido en la mayor parte de la península temperaturas con máximas por encima de los 40ºC y con mínimas de hasta 30ºC, velocidades del viento cambiantes y superiores a los 30km/h y humedades relativas muy por debajo del 30% debido a las grandes masas de aire caliente y cargado de energía que son las que precisamente han provocado temperaturas tan altas y una extrema sequedad que ha desencadenado la tormenta de fuego perfecta en aquellos territorios en los que no se ha actuado de manera temprana allí donde se declaraba o se iniciaba un incendio. Padecemos en los meses de verano una meteorología cada vez más seca y más calurosa, que se mezcla con cada vez más frecuentes tormentas de vientos secos, que son las que avivan los incendios y que los reactivan cuándo éstos se creen por controlados, perimetrados o sofocados.

A quienes pongan en duda que estamos ante una emergencia climática y que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, recurrentes e intensos, les pondré un ejemplo: en el año 1999 (hace exactamente 26 años), concretamente del 20 al 29 de Agosto de 1999, se celebró en Sevilla el VII Campeonato Mundial de Atletismo, en el Estadio Olímpico de La Cartuja, el cual contó con la presencia de 1.821 atletas. Lo recuerdo especialmente, porque en la prueba de Maratón el español Abel Antón resultó ganador de la medalla de oro en dicha prueba, que consiste en recorrer la distancia de 42,195 km celebrada el 28 de Agosto del mismo año. Creo, sinceramente, a nadie se le ocurriría volver a celebrar una prueba de tales características en tales fechas, en Agosto, sin que le tomen por un loco y un temerario; precisamente por el cambio al alza que han experimentado las temperaturas y los fenómenos de calor extremo en el corto lapso de 25 años en toda la Península y especialmente en el Sur.

Creo, además, que para cualquier persona que tenga un mínimo de edad resulta perceptible que las temperaturas aumentan año tras año y que ello exige una respuesta adecuada para prevenir y mitigar los riesgos asociados al aumento de temperaturas: tanto a nivel personal como a nivel público e institucional. Por eso, convendría que en materia de prevención y extinción de incendios hubiera una suerte de acuerdos y de consensos de mínimos con carácter de país o de Estado, que fijaran a nivel legal las exigencias, las obligaciones y los mínimos de inversión de las distintas Administraciones, así como los mecanismos de coordinación y de respuesta.

El fenómeno meteorológico extremo de la Danna de Valencia del 27 de Octubre produjo una ola de indignación ciudadana ante la magnitud del desastre y la falta de actuación temprana de las autoridades autonómicas competentes, que se popularizó y extendió mediante el lema «solo el pueblo, salva al pueblo» y utilizado con una connotación «anti-política», en muchos casos evidente. Pero, ante ello cabe decir que el Estado (y sus diferentes Administraciones, la Administración General del Estado, hasta la autonómica o regional a la municipal) no es sino el mismo pueblo organizado en instituciones; las cuales son resultado del pacto y acuerdo democrático entre ciudadanos/as y que cuentan todas y cada una de ellas son sus respectivos pesos y contrapesos, sus mecanismos de transparencia, de control del poder político y de rendición de cuentas. Todos/as y cada uno/a somos y formamos parte del pueblo y, a la vez, somos y formamos parte del Estado. Pues, a fin de cuentas en un Estado democrático es el pueblo el que legisla a través de sus representantes electos, siendo el pueblo quien elige a sus representantes y donde cualquier/a ciudadano puede optar a serlo, presentándose a las Elecciones, como consecuencia de todos los derechos civiles y políticos que tiene todo/a ciudadano/a por el simple hecho de serlo.

Porque el Estado, en realidad, somos todos/as los ciudadanos/as y el Estado no es sino lo que es de todos/as, porque el Estado es el pueblo, el Estado es lo que de todos y solo lo que es de todos, es decir, «lo público» es lo que salva nos salva como pueblo y como ciudadanos/as y personas libres y que son sujeto de derechos. Así que, verdaderamente, «solamente lo público salva al pueblo»: pues, solo la Sanidad pública, solo la Educación Pública y solamente todos los servicios públicos son los que nos salvan (aunque estén, en la actualidad infrafinanciados, saturados y con una evidente falta de medios en muchos casos). Porque, las que en modo alguno nos salvan, son las empresas, las compañías y seguros privados que tan solo buscan el beneficio privado y que no dudan en echarte, cuando eres un cliente que no les resulta rentable. Lo público y los servicios públicos son además los que, nosotros/as como pueblo, nos hemos dado a través de toda una serie de pactos y de acuerdos, muchos de ellos con carácter constitucional, que nos conforman y «constituyen» como una comunidad política y como el pueblo organizado en un Estado democrático y de Derecho que es y que somos en nuestro país, España. Asimismo cualquiera puede ver que un puesto de trabajo público siempre va a tener mayor garantía tanto para el propio trabajador, pues se van a respetar mucho más sus derechos, así como su independencia y profesionalidad, como para la propia ciudadanía

Por tanto, hay que avanzar sobre la base de una nueva realidad de emergencia climática, en la que no valen viejos modelos de gestión forestal y del medio natural de hace 20 años, con brigadas de bomberos forestales que tan solo trabajan cuatro meses al año y cobrando apenas 1.300€, con jornadas de trabajo interminables de hasta 14 horas. Tampoco sirve que, como en Castilla y León, existan hasta 37 empresas privadas diferentes encargadas de la prevención y extinción de incendios, que son adjudicadas a la oferta económicamente más baja, con la descoordinación y la falta de eficacia que ello implica. O como en Andalucía, donde los bomberos forestales denuncian que, en las últimas inversiones de la Junta en vehículos contra incendios, se han comprado hasta 102 furgonetas que no sirven porque tienen una baja altura que no les permite transitar por pistas y carriles forestales, además de que si se ocupan sus 9 plazas con sus respectivos equipos se excedería la tara permitida.

Contra los incendios forestales, por consiguiente, hay que actuar ya sobre la base del consenso y del pacto entre las diferentes Administraciones, la General del Estado, la autonómica y la municipal. Y en el tema de incendios, no queda otra que apostar por lo público, por la gestión pública y por una mayor dotación e inversión de los medios estatales y autonómicos para anticiparse al riesgo y mitigar y minimizar los riesgos, la amenaza y los daños que suponen los incendios forestales. También es necesario invertir en formación y educación, pues la mayor parte de los incendios se deben o tienen su causa en la acción del hombre, aunque en la mayor parte de los casos se deba a negligencias y accidentes que no se producirían si todo el mundo tuviera una formación en prevención de incendios forestales. Según la memoria de 2022 de la Fiscalía de Medio Ambiente, los datos demuestran que son muy pocos los incendios intencionados, y que la mayoría se debe a negligencias, causas naturales (sobre todo tormentas eléctricas, pero también erupciones volcánicas o meteoritos) y accidentes fortuitos.

Por todo ello, es necesario -como lo hace la Ley 5/24 Básica de Bomberos Forestales-avanzar en la profesionalización del sector de los Bomberos Forestales, en su equiparación salarial y laboral con los bomberos ordinarios; para que así éstos tengan la formación, la dedicación anual, y las retribuciones y los medios necesarios para desarrollar de modo efectivo y digno su profesión y puedan así proteger el territorio, el patrimonio y vidas humanas del fuego. Al mismo tiempo y paralelamente a todo lo anterior, es necesario también desarrollar toda una serie de planes de formación de voluntarios y de ciudadanos/as de las zonas rurales para saber y conocer cómo hay que actuar para prevenir los incendios y cómo se debe de actuar cuándo éstos amenazan sus tierras o sus pueblos. También habrían de desarrollarse planes de contingencia y de prevención en todas localidades y territorios, con sus respectivos planes y medios de autoprotección ante el fuego. Por todo ello, sería conveniente el desarrollo de cursos de formación de voluntarios para que, en caso de incendio, la población pueda saber cómo puede y debe de ayudar, y cómo puede proteger sus bienes agrícolas, animales y personales sin poner en riesgo sus propias vidas y su integridad física.

Por tanto, es crucial que nos protejamos como país frente a la amenaza que representan para nosotros/as los incendios y para ello es preciso que las principales fuerzas políticas y junto con ellas todas las instituciones y todos sus gobernantes del país se comprometan entre sí, llegando a acuerdos de Estado y de país, en la aportación continua de medios materiales y humanos durante todo el año en la lucha contra los incendios, así como en la aportación de recursos económicos y el incentivo a la investigación e innovación en la lucha contra el fuego; en la que, por ejemplo, el desarrollo y fabricación de drones que transporten y descarguen agua, durante la noche o allí donde los aviones no pueden acceder, puede ser un motor y un vector de primer orden en el desarrollo industrial basado en la preservación del medio ambiente. Es por todo ello por lo que España necesita de un Pacto y un consenso a nivel de Estado en materia de incendios, porque España no debería de nuevo volver a sumirse en una ola de incendios como la que hemos padecido, por mucho que algunos pueden llegar a creer que ellos la volverán a levantar cuando les toque gobernar a ellos.