El Tribunal Supremo (TS) ha acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo «extremo» de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.
En dos resoluciones casi idénticas, de 13 y 14 páginas, el instructor del ‘caso Koldo’ en el TS, Leopoldo Puente, detalla los «tres hitos» que le empujan a actuar así: que ya ha propuesto juzgarlos, ante «los consistentes indicios» de que cometieron graves delitos; «la extensión de las penas solicitadas», que «resulta tan relevante que se comenta por sí sola»; y la proximidad del juicio.
El magistrado hace suyo el catálogo de delitos plasmado por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Así, les achaca delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho, sumando también el de uso de información privilegiada, que introdujo el Ministerio Público como novedad.
Además, Puente ha recordado que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, un asunto por el que «igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales» contra ellos.
En cuanto a las potenciales penas, razona que, incluso «partiendo de la hipótesis» de que fueran condenados a la pena menor por cada uno de esos delitos, «el conjunto de todas ellas aún significaría una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los 10 años de prisión –12 años y 6 meses de prisión, precisó el Ministerio Público–«.
Asimismo, anticipa que «la condición de aforado (…) determina que, previsiblemente y visto el estado actual de la causa, el acto del juicio oral vaya a ser celebrado en apenas unos meses a contar de la fecha, sin que la prisión provisional, en consecuencia, pudiera en ningún caso superar ese relativamente breve período de tiempo».
A eso suma que «una eventual sentencia condenatoria –o absolutoria– no resultaría susceptible de recurso ordinario o extraordinario alguno ante la jurisdicción ordinaria», porque la dictaría el Tribunal Supremo, lo que daría lugar a «una inmediata declaración de firmeza y al cumplimiento, también inmediato, de las penas eventualmente impuestas».
Puente afirma que les envía a prisión siendo «plenamente consciente de las circunstancias personales» de ambos. En concreto, se refiere al hecho de que Ábalos está divorciado y disfruta de un derecho de visitas con relación a un hijo menor, aclarando que eso no disipa el «intenso riesgo de fuga». «Ya fuera por la posibilidad de que renunciara durante un tiempo a ejercitar ese derecho, ya fuera porque pudiera tratar de llevarlo a cabo fuera de España», ha expuesto.
La defensa de Ábalos también ha esgrimido que su salario de diputado es «su actual medio de vida», por lo que no tendría sentido renunciar a él huyendo, si bien Puente señala que lo perdería igualmente si resulta condenado. «Mal puede entenderse en esas circunstancias que la percepción de dicho salario le vincule de particular manera estable a nuestro país», apostilla.
CREE QUE TIENEN DINERO Y CONTACTOS INTERNACIONALES SUFICIENTES PARA HUIR
También responde a la defensa de Koldo, que ha alegado que «tiene una hija de 5 años, está casado, tiene hermanos y una madre a la que atiende», «lo que pretendidamente le proporcionaría un arraigo bastante en España como para descartar que pudiera fugarse».
El instructor contesta que, si García decidiera fugarse, «cualquiera de dichos familiares podría, si ese fuera su deseo, desplazarse a su encuentro» o el exasesor podría «preferir separarse temporalmente de su familia» para eludir una pena de cárcel.
Por último, ratifica que Ábalos y Koldo han «podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que durante varios años disminuyó sensiblemente la necesidad de realizar egreso alguno de sus cuentas bancarias». En particular, destaca que el exasesor asumió «de manera incomprensible» los «gastos personales» de su jefe. Todo ello, le lleva a pensar que podrían «disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga».
Subraya también que ambos poseen contactos internacionales. De Ábalos alude a los conseguidos por haber sido ministro –«con particulares y empresas» de otros países– y anuda que dispone de «algún inmueble» en América Latina; que «podría continuar familiarmente vinculado» a una fundación en Perú; y que «vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero», un dinero que podría volver a darle para «contribuir a la fuga».
Sobre Koldo, hace referencia a los contactos internacionales «de los que dispone o dispuso» por ser asesor ministerial y porque a su salida de Transportes fue contratado por distintas empresas para que les aconsejara sobre inversiones en «países de Hispanoamérica».
«NO TENGO NI DINERO NI A DÓNDE IR»
El instructor ha adoptado esta decisión después de celebrar sendas vistillas para revisar las medidas cautelares que tenían vigentes: prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.
Tanto el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares que lidera el PP habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.
Ábalos ha sido el primero en llegar al alto tribunal. Lo ha hecho a las 9.12, unos 45 minutos antes de la hora señalada, solo y con mochila. No ha querido hacer declaraciones a la prensa a su llegada, pero sí ha tomado la palabra al final de la vistilla para asegurar al juez que no se iba a fugar. «No tengo dinero ni a dónde ir», ha sostenido, según fuentes jurídicas.
Las fuentes consultadas afirman que está «destrozado». Durante las horas que ha esperado la decisión del TS, el ex dirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso.
Su abogado, Carlos Bautista, ha hecho hincapié en que no hay riesgo de fuga, poniendo de relieve su estatus de diputado del Congreso. Sobre esto, también ha aducido que encarcelarle antes del juicio, sin que medie condena, supondría una vulneración de su derecho a la representación política.
La defensa de Ábalos también ha denunciado que con su ingreso en prisión se buscaría una «declaración colaborativa», como la que hizo el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, tras pasar semanas encarcelado.
Koldo, por su parte, ha llegado al TS justo a la hora fijada, con vaqueros, deportivas y una gran mochila. Su abogada, Leticia de la Hoz, ha intentado combatir la competencia del TS para devolver el caso a la Audiencia Nacional, sosteniendo igualmente que su cliente tiene el suficiente arraigo como para no huir.
El ex asesor ministerial ha querido hablar para ratificarlo. «No me voy a ir a ningún sitio», ha dicho y ha remachado: «Todos tenemos derecho a aprender poco a poco». Fuentes presentes han interpretado esta coletilla como el reconocimiento tácito de una equivocación.
Por su parte, el fiscal se ha mostrado especialmente contundente, sobre todo en la vistilla sobre Ábalos, donde ha llegado a decir que fue la pertenencia a un Gobierno lo que le permitió cometer esos delitos pero que «ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal». Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir la responsabilidad penal y, por eso, la Justicia se representa con una venda en los ojos», ha remachado.
