La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha el compromiso del Gobierno regional con el sistema de dependencia, recuperado, a su juicio, tras los «recortes» sufridos en el periodo de gobierno de Cospedal, gracias a la recuperación de programas, subvenciones, plazas residenciales, gestión de ayuda a domicilio o aumento de profesionales.

Frente a la consejera, el PP ha defendido su iniciativa presentada en las Cortes regionales, que apuesta por un «pacto por los mayores» que instaure una atención planificada a largo plazo, «estable, rigurosa, con más financiación y profesionales», mientras que Vox ha pedido políticas que faciliten la conciliación a las familias y garanticen las plazas en las residencias.

En el transcurso del debate, el diputado de Vox Luis Blázquez ha lamentado que la «generación que levantó España y se sacrificó sin pedir nada a cambio» se encuentre ahora en «soledad y abandono», y se enfrente a listas de espera en la gestión de los expedientes de dependencia, lo que demuestra que los mayores «no son la prioridad para el Gobierno socialista».

Tras reconocer que «comparte» la iniciativa del Partido Popular para reforzar la atención a los mayores y la dependencia, Blázquez ha pedido una estrategia «más a fondo» que implique también políticas para frenar la pérdida de población y de servicios en los pueblos más pequeños, «circunstancia que hace que los mayores se encuentren solos y que dificultan que, aquellos que lo deseen, puedan seguir viviendo en sus casas y acompañados».

Así, Vox propone medidas para «proteger a la familia y a la conciliación familiar», y la financiación necesaria para garantizar las plazas residenciales.

EL PACTO POR LOS MAYORES DEL PP

De su lado, el diputado regional del Partido Popular, José Martín-Buro, ha defendido el «Pacto por los mayores» que ha presentado en las Cortes regionales con 12 medidas para mejorar la atención a este colectivo. En este contexto, ha lamentado que el Ejecutivo regional haya «dejado sin ejecutar» más de 100 millones de euros en los últimos cuatro ejercicios, destinados a mejorar la atención a las personas mayores.

Martín-Buro ha lamentado que «mientas el envejecimiento de la población y la situaciones de dependencia aumentan cada año, el Gobierno regional siga siendo incapaz de transformar los presupuestos en servicios, plaza residenciales y mejores recursos para quienes más lo necesitan». Además ha criticado que el sistema residencial de Castilla-La Mancha «soporte» el mayor incremento del precio por plaza residencial

Consecuentemente, ha defendido las propuestas presentadas por el Partido Popular, entre ellas la actualización progresiva de los precios públicos de las plazas residenciales para garantizar la viabilidad del sistema, un mayor apoyo económico a las residencias municipales y viviendas de mayores, y la aprobación de una estrategia regional contra la soledad no deseada.

Este diputado también ha apostado por impulsar modelos innovadores de convivencia, como las viviendas colaborativas para personas mayores, y por poner en marcha una red regional de «mentores senior» que permita aprovechar la experiencia del conocimiento de los mayores en beneficio de las nuevas generaciones.

EL PSOE, AL RESCATE DEL SISTEMA

De su lado, el diputado socialista Pablo Camacho ha enfatizado el compromiso del Gobierno regional por invertir en los mayores, «que no es otra cosa que invertir en justicia social», y ha contrastado los recortes que, a su juicio, protagonizó el Partido Popular cuando gobernaba, con la «recuperación» de los servicios llevada a cabo gracias al modelo del presidente Emiliano García-Page.

Tras subrayar que desde el año 2015 la Junta de Comunidades ha doblado el presupuesto para mayores y dependencia, ha criticado la «falta de rigor» de la iniciativa del Partido Popular, al que también ha afeado que se «contradiga» e incurra en incongruencias, «ya que cerró 22 viviendas de mayores cuando gobernaba y dejó a cero el presupuesto destinado en Envejecimiento Activo».

Para el parlamentario socialista, la mejor muestra del compromiso de Garcia-Page por los mayores es la nota otorgada por el Observatorio de Dependencia, que sitúa a Castilla-La Mancha como líder en la gestión de dependencia en España con una puntuación de 8,25 puntos, y su continua reivindicación para que el Estado asuma al 50% del coste de la dependencia, «frente al voto en contra de PP y Vox en el Congreso de los Diputados».

En todo caso, Camacho ha recalcado esfuerzo realizado por el Gobierno regional en incrementar las personas atendidas, los servicios, las prestaciones, las plazas públicas, la puesta en marcha de una estrategia contra la soledad no deseada en 2023, el servicio de teleasistencia, la ayuda a domicilio, la viviendas o el programa de envejecimiento activo.

LA CONSEJERA ACUSA AL PP DE MANIPULAR

De su lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha pedido al PP que no vaya al Parlamento regional «a engañar y manipular». A su juicio, «quien ha maltratado y sigue maltratando a los mayores ha sido el PP, que dice una cosa y hace otra, aplicando recortes en políticas sociales».

La consejera ha defendido que el Gobierno regional ha conseguido recuperar la financiación de la dependencia y restaurar servicios suprimidos en la época de Cospedal, aunque también se ha desviado por la vía más política, al criticar que Martín-Buro lleve las riendas de la gestora del PP en Cuenca, «puesto a dedo por Génova», lo que demuestra, dice, que solo lucha por intereses partidistas.

En los mismos términos se referido a Vox, formación en la que ha pedido que «dé ejemplo» allí donde gobierna, al tiempo que ha criticado que lleve tres años acudiendo al parlamento regional y que nunca haya acudido con un debate sobre los mayores.

Para finalizar, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con el sistema de dependencia, recuperado, a su juicio, tras los «recortes» sufridos en el periodo de gobierno de Cospedal, gracias a la recuperación de programas, subvenciones, plazas residenciales, gestión de ayuda a domicilio o aumento de profesionales.

En cuanto a las resoluciones de los grupos políticos, el pleno ha rechazado la que han presentado tanto Vox como el PP, mientras que la del PSOE ha sido aprobada.

Partido Popular y Vox han pedido este jueves en las Cortes regionales aumentar el presupuesto y las ayudas para combatir las cifras de siniestralidad laboral que presenta la Comunidad Autónoma, mientras que desde el PSOE han defendido la necesidad de tener una cultura preventiva, como la que el Ejecutivo regional lleva años haciendo a través del diálogo social.

Así lo han puesto de manifiesto los tres grupos parlamentarios tanto en sus intervenciones como en las resoluciones presentadas al debate general relativo a la siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha –sustanciado a raíz de sendas iniciativas de PSOE y PP– que se ha celebrado en el Parlamento.

Desde Vox, el diputado Iván Sánchez ha apuntado directamente a la «enorme responsabilidad» del Gobierno regional para luchar contra las cifras, convencido de que «no basta con crear estructuras administrativas ni con anunciar nuevos organismos» sino que hay que acometer una «prevención útil, con una maquinaria segura, con una formación práctica, con equipos de protección, con inspecciones eficaces, con ayudas para que las empresas puedan invertir en seguridad».

No obstante, ha lamentado que en la actualidad, «desgraciadamente cuanto más dinero pone el PSOE, más víctimas mortales hay, sea en seguridad sea aquí en trabajo, sea en las políticas que tienen las mujeres, sea en lo que sea, cuando ponen más dinero más gente muere», ha manifestado Sánchez, quien ha argumentado que, a tenor de los datos que reflejan el aumento de los accidentes laborales, «el dinero que están poniendo lo están poniendo mal».

«No puede ser que en una semana mueran cuatro trabajadores en Castilla-La Mancha, eso es lo que no puede ser» y a por eso «hay que ver las medidas para darle la vuelta a esa fatídica estadística».

PP: «ALGO NO ESTÁ FUNCIONANDO»

A continuación, la parlamentaria del PP Itziar Asenjo, ha asumido que «en Castilla-La Mancha algo no está funcionando» y «hacen falta más que buenas palabras» y un cambio «en el rumbo de las políticas de prevención», teniendo en cuenta que los resultados «no son los que tienen que ser» y en la región hay «un problema muy grave en siniestralidad» y este año «se han encendido nuevamente todas las alarmas».

«Hemos visto cómo las organizaciones sindicales están advirtiendo de que nos estamos enfrentando a un año que es especialmente duro si no se toman medidas» aunque el problema, ha añadido, es que «echamos en falta es esa falta de objetivos públicos y cuantificables que permitan evaluar realmente la siniestralidad» e indicadores periódicos «que permitan conocer qué medidas son las que están funcionando y cuáles deben corregirse».

En este punto, se ha preguntado por la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que «no puede únicamente evaluarse por el hecho de existir», y ha instado a ejecutar el presupuesto que el Gobierno regional destina a este fin «en actuaciones eficaces y oportunas», ya que si se sigue trabajando en la misma línea «los resultados, como no puede ser de otra manera, van a seguir siendo exactamente los mismos que han venido siendo hasta ahora».

PSOE: «EL GOBIERNO NO MIRA PARA OTRO LADO»

La diputada del PSOE María Isabel Sánchez ha dicho compartir con PP y Vox «la necesidad de apostar y seguir trabajando por reducir la siniestralidad de los haciendes laborales» pero no así dónde está cada uno cuando se desgranan las acciones que se están llevando a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha que le consta, ha asegurado, que «no mira hacia otro lado» ante los resultados.

En cuanto a la siniestralidad, ha destacado que «es responsabilidad de todos crear esos espacios saludables y seguros», de la empresa para poner «las medidas necesarias», de los trabajadores utilizando esos medios para «asegurar sus seguridad» y de las administraciones e instituciones «que han de proveer esos recursos necesarios y fomentar la cultura de la prevención».

«Y hay que poner a disposición recursos, y hay que poner a disposición formación, inspección, asesoramiento, inversión, y sobre todo, esa cultura preventiva, y eso es lo que lleva años impulsando» este Ejecutivo regional a través del diálogo social, para conseguir el «objetivo final» que es el de «siniestralidad cero».

RESOLUCIONES

El debate se ha resuelto con el rechazo de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Vox instando a la Junta a aumentar «las partidas y líneas de subvenciones desde prevención de riesgos laborales en las empresas y negocios tras el aumento de los accidentes laborales en Castilla y La Mancha» y a revisar las políticas de prevención de riesgos laborales «eliminando todo gasto superfluo y revertirlo en medidas eficaces para los trabajadores».

El PP, que ha visto como su propuesta también era rechazada por la mayoría solicitaba en ella al Ejecutivo a impulsar «un nuevo plan de choque contra la siniestralidad laboral, priorizando la prevención de los accidentes graves y mortales; a incrementar la dotación presupuestaria y a «presentar ante las Cortes de Castilla-La Mancha un informe de evaluación sobre la actividad desarrollada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha».

La propuesta del resolución del PSOE ha salido adelante con sus únicos votos y la abstención de Vox y PP, y en ella se reafirmaba el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras; se destacaba la figura del Instituto Regional de Salud y Salud Laboral como organismo de referencia en materia de prevención de riesgos laborales; se apostaba por seguir impulsando el diálogo social como principal herramienta para el diseño, evaluación y mejora de las políticas de prevención de riesgos laborales y se defendía iniciar los trabajos de un nuevo acuerdo estratégico en este ámbito.

El informe trienal sobre el grado de cumplimiento y el impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha ha sido aprobado por la mayoría socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha frente a una oposición que ha puesto en duda el éxito que ha defendido el Gobierno, con votos en contra de Vox y abstenciones del PP.

Así, el PSOE ha querido resaltar en el debate los avances conseguidos, admitiendo en todo caso que todavía es pronto para desarrollar todas las políticas reflejadas en el texto normativo aprobado hace años.

Por contra, Vox ha cargado contra una ley que ha provocado subvenciones a órganos que a su juicio no tienen ningún recorrido; mientras que PP ha admitido la premisa de que la ley puede funcionar, pero ha lamentado que se esté quedando, de momento, corta.

VOX CRITICA LA INOPERANCIA DE LA LEY

El diputado de Vox Luis Blázquez ha sido el primero en tomar la palabra para «condensar lo que muchos piensan, que es la hipocresía del PSOE».

«Vienen a poner etiquetas. Si una mujer es feminista, tiene que ser socialista. Un claro ejemplo de la degradación de la mujer», ha dicho, apuntando que si una mujer «no comulga con el PSOE, es una radical».

Mientras, las mujeres «sufren» en Castilla-La Mancha, con problemas de acceso de vivienda o de listas de espera para entrar en la sanidad. «Frente a eso, solo recetan ideología».

Ha cargado contra el «millón de euros en subvenciones» del organismo que se ha hecho cargo del informe, lamentando «las campañas y los sueldos» que absorben.

«El informe es demoledor y reconoce que no puede medir con rigor la discriminación. Ustedes crean organismos y luego reconocen que no tienen instrumentos para medir lo que desean combatir. Es un despropósito», ha lamentado, asegurando que tras tres años de ley, «no son capaces de evaluar sus resultados o decir si tiene un impacto social pese a las subvenciones».

PP LAMENTA LA FALTA DE «DATOS OBJETIVOS» TRAS LA LEY

La diputada del PP Ana Cantarero, de su lado, ha empezado asegurando que su partido rechaza la discriminación de cualquier colectivo, al tiempo que ha admitido que se han creado herramientas con esta ley que han sido útiles, pero «tres años después el plan estratégico sigue sin aprobarse y la coordinación entre consejerías sigue sin reunirse».

«No hay una política transversal y cuando una ley no se desarrolla no se cumplen las expectativas. El informe no permite valorar el impacto real de las actividades organizadas», ha lamentado la parlamentaria, que pide «datos objetivos para responder la pregunta de si esta ley ha mejorado la vida de las personas».

Ha resaltado la dificultad para acceder a los recursos que despliega la ley en los pequeños pueblos y en las zonas rurales, al tiempo que ha exigido al Gobierno «que haga lo que la ley refleja y que ponga en funcionamiento los órganos previstos para coordinar de verdad».

Hay una «gran diferencia» entre «gobernar con fotografías o con resultados», por lo que ha reclamado «demostrar» y cumplir las «obligaciones pendientes» del texto legislativo.

«Que este informe sirva para poner en funcionamiento todo lo que la ley recoge. La igualdad exige que no nos dediquemos solo a hacer propaganda», ha abundado.

PSOE VALORA LOS AVANCES Y ADMITE QUE «QUEDA POR HACER»

La parlamentaria socialista Rosario García Saco, ha tomado la palabra en nombre de su grupo para fijar posición en cuanto al informe de una ley que tiene «credibilidad».

Estos informes, ha dicho, «sirven para mejorar políticas públicas» mientras que para la oposición funcionan para desacreditar los «avances» cosechados.

Una ley que con solo «tres años de recorrido» ha puesto en marcha servicios públicos «que no existían», si bien admite que quedan «cosas por hacer».

«Pero no hay que negar lo que ya se ha conseguido», ha dicho García Saco, que carga contra Vox por «no proponer mejoras» y limitarse a desacreditar «la existencia de recursos específicos destinados a los que sufren discriminación».

Ahí es, ha dicho, donde el PSOE discrepa, ya que «hablar de igualdad consiste en garantizar que quienes parten de situación de vulnerabilidad llegan a esa igualdad». «Y eso no es ideología, eso es justicia», ha apuntado.

SARA SIMÓN: «VAMOS POR EL BUEN CAMINO»

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado por su parte que este informe trienal a cuenta de la ley demuestra que, si bien la norma es «muy joven» todavía, ya ha demostrado que en su corta vida «se ha trabajado para implementarse» si bien es evidente que «queda camino».

«Solo en tres años no se pueden evaluar políticas recientes, pero se demuestra con datos que en tres años el 84% de este articulado ya se ha iniciado, una cifra importante. Pero tenemos que seguir mejorando tras este buen punto de partida», ha señalado.

Las políticas ahora tendrán que abordar un «impacto positivo en la sociedad» a tenor de un informe que «marca la hoja de ruta para evaluar» todas las políticas que pretende desplegar la norma.

Pero, hoy por hoy, «es imposible ver el efecto de estas políticas», si bien se sabe que «se va por el buen camino».

Ha citado los servicios instaurados de cara a prestar servicio jurídico y psicológico al colectivo LGTBI, que se han ampliado por toda la región para «llegar de forma más determinante» a todas las personas con alguna necesidad.

Para la consejera, la región «tiene un presidente que tiene clara la hoja de ruta a seguir» en cuanto a la defensa de los derechos de las personas LGTBI, con leyes que son «diques de contención» ante los discursos de odio.

La polémica provocada por la proliferación de proyectos de plantas de biometano en numerosos municipios de Castilla-La Mancha ha desembocado este jueves en una modificación de la legislación ambiental autonómica que permitirá a los ayuntamientos frenar la tramitación de instalaciones con las que no estén de acuerdo, que ha quedado aprobada con el voto de la mayoría socialista y el voto en contra de PP y Vox.

Las Cortes regionales han debatido la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para modificar la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, una reforma que obligará al pleno de cada municipio afectado a pronunciarse expresamente sobre la conformidad o no de la implantación de plantas de biometano en sus correspondientes términos municipales.

El cambio ha sido posible con los votos a favor del Grupo Socialista

Durante la presentación de la modificación legislativa, el diputado socialista Francisco Barato ha explicado que la proposición introduce ocho modificaciones en la ley regional.

Cinco de ellas están dirigidas específicamente a reforzar el papel de las entidades locales, tanto cuando el ayuntamiento tenga competencias para autorizar un proyecto como cuando la instalación se ubique en su término municipal o condicione directamente a la localidad.

Hasta ahora, los consistorios participaban principalmente mediante informes relativos a la compatibilidad urbanística o a otras cuestiones técnicas. Con la reforma, además de esos informes, el pleno municipal deberá fijar una posición expresa.

Cuando el ayuntamiento manifieste su conformidad, el procedimiento podrá continuar. Cuando rechace el proyecto mediante una decisión motivada, la tramitación finalizará y la instalación no podrá ejecutarse en los términos planteados.

Barato ha sostenido que el cambio permitirá pasar de una participación meramente informativa a una intervención municipal «clara, formal y efectiva».

«El ayuntamiento no se limita a ser informado o consultado, sino que fija una posición institucional que produce efectos», ha explicado Barato, quien ha resumido el nuevo procedimiento en una conformidad que permite continuar la tramitación o una negativa motivada que provoca su finalización.

El parlamentario socialista ha defendido que sean los municipios que tendrán que convivir con el tráfico, los accesos, los olores, el impacto sobre el territorio y los posibles efectos sobre la agricultura o la ganadería los que tengan capacidad para pronunciarse.

Barato también ha reprochado a PP y Vox que no hayan presentado propuestas para modificar el texto y les ha acusado de contradecir las posiciones que mantuvieron durante el debate celebrado en mayo, cuando ambos grupos reclamaron una mayor participación de los consistorios.

En el caso del PP, ha recordado que diferentes alcaldes ‘populares’ se han opuesto a proyectos de biometano y han reclamado autonomía municipal.

También ha citado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por PP y Vox, como ejemplo de consistorio que se habría mostrado favorable a reforzar la capacidad de decisión local.

EL PP ACUSA DE UTILIZAR A ALCALDES COMO «ESCUDO POLÍTICO»

El diputado del Partido Popular Santiago Lucas-Torres ha acusado al Gobierno regional de intentar desprenderse de sus responsabilidades y trasladar el conflicto generado por las plantas de biometano desde Toledo hasta los 919 municipios de Castilla-La Mancha.

A su juicio, la evaluación ambiental es una competencia autonómica y debe ser asumida por los funcionarios y técnicos de la Junta, en lugar de dejar la decisión final en manos de alcaldes y concejales que pueden carecer de medios técnicos suficientes y verse sometidos a presiones vecinales.

Lucas-Torres ha afirmado que la Junta pretende que los ayuntamientos sean quienes asuman el desgaste de votar a favor o en contra de inversiones que generan controversia social, utilizando a los alcaldes como «escudo político».

El parlamentario del PP también ha denunciado una supuesta contradicción en el texto. Según ha expuesto, un ayuntamiento podría rechazar un proyecto, pero el Consejo de Gobierno tendría la posibilidad de permitir su desarrollo si lo declara inversión estratégica.

También ha criticado que la proposición haya llegado directamente al pleno sin haber sido analizada previamente en comisión y ha considerado que la mayoría de los municipios de la región no dispone de personal ni de recursos para asumir las nuevas responsabilidades.

VOX DENUNCIA EL AUMENTO DE LA BUROCRACIA

Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo ha acusado al PSOE y a la Consejería de Desarrollo Sostenible de poner en riesgo la seguridad y el control de las declaraciones de impacto ambiental.

El diputado de Vox ha advertido además de que la reforma puede provocar una «triplicidad», al coexistir la documentación aportada por el promotor, los informes técnicos municipales y la evaluación realizada por la Junta de Comunidades.

A su juicio, la modificación generará «más burocracia» y no resuelve determinadas situaciones, como la de un proyecto que afecte a dos municipios y obtenga el respaldo del pleno de uno de ellos y el rechazo del otro.

LA JUNTA DEFIENDE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, Mercedes Gómez, ha cerrado el debate defendiendo que la reforma pretende reforzar la autonomía local y garantizar que los municipios puedan decidir si aceptan o rechazan la implantación de una planta de biometano en su término municipal.

Gómez ha rechazado que los ayuntamientos vayan a quedar desamparados y ha recordado que podrán contar con el asesoramiento de las diputaciones provinciales y del propio Gobierno de Castilla-La Mancha para estudiar los proyectos y resolver sus dudas.

«No entiendo su posicionamiento», ha señalado Gómez a PP y Vox, antes de asegurar que la modificación no es inconstitucional y que numerosos ayuntamientos estaban esperando una iniciativa de estas características «como agua de mayo».