El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto adaptar la regla de gasto a los servicios públicos que son competencia de las comunidades autónomas y pide un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice el principio de igualdad.
Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación durante las XIII Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE) sobre finanzas autonómicas, en colaboración con el Instituto valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que ha reunido hoy en Valencia a académicos, expertos y autoridades de distintos niveles para analizar las finanzas autonómicas en sentido amplio.
En esta edición, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha participado un año más en un debate junto a sus homólogos de Hacienda de la Comunidad Valenciana, la Xunta de Galicia y la Región de Murcia, en el que han tratado el punto de vista de las comunidades autónomas en relación con la trayectoria del gasto.
Tras agradecer la invitación a participar en este foro, ha subrayado la relevancia de estas jornadas en la que se va a analizar el gasto que se gestiona desde las comunidades autónomas; en cómo influye en la prestación de los servicios públicos fundamentales por parte de las autonomías el cumplimiento de las reglas fiscales y más concretamente la denominada regla de gasto; y de financiación autonómica, tras la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Rechazo al principio de ordinalidad en el nuevo modelo de financiación autonómica
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha comenzado su intervención haciendo referencia al anuncio conocido a través de los medios de comunicación, por el que el acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat, en relación con el nuevo modelo de financiación se rija por el principio de ordinalidad.
En ese sentido, ha manifestado la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha, negando rotundamente esta idea, ya que “no entendemos como desde una postura socialista se puede defender que las comunidades que manifiestan una mayor capacidad económica tengan derecho a mayor financiación” porque es lo mismo que decir, “que aquellos que tienen mayor capacidad económica, tienen derecho a mejor prestación de los servicios públicos”. Y eso supone, según ha explicado, que se le está trasladando a la ciudadanía el mensaje de que “quien paga más impuestos sobre la renta de las personas físicas tiene prioridad para la sanidad”.
En esta línea, el consejero ha señalado que este nuevo modelo de financiación debe “garantizar el principio de igualdad” para que todos los españoles y españolas, con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica del territorio en el que residan, deban tener acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos fundamentales.
Por ello, ha defendido una igualdad de financiación por habitante ajustado, apelando a la necesidad de que todas las comunidades autónomas cedan sus máximas pretensiones a la hora de poner sobre la mesa sus singularidades.
Una petición que como ha recordado ya se le hizo a Rajoy, cuando gobernaba y, en esta ocasión. se le ha trasladado al presidente, Pedro Sánchez, porque, así lo ha vuelto a señalar, en Castilla-La Mancha defendemos los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas, por encima de los intereses partidistas; la financiación “no debe ser un tema de partidos, sino un tema de territorios”.
Un nuevo modelo fruto de la multilateralidad
Esta información a la que se ha referido el titular de Hacienda pone de manifiesto el anuncio que se ha conocido a través de los medios de comunicación, que por supuesto desde Castilla-La Mancha se ha manifestado su “desacuerdo” y que habla de una negociación bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, de algo que debería ser multilateral, porque “lo que es de todos deberíamos negociarlo entre todas las comunidades autónomas”.
Algo, que según ha indicado Ruiz Molina, es “una contradicción” con lo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero trasladó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, al referirse a la multilateralidad y bilateralidad al mismo tiempo, al ser conceptos incompatibles, porque se sigue escuchando, y así lo ha recordado, la existencia de reuniones bilaterales para decidir la financiación de todos, pero pensando en los intereses de una sola, en este caso Cataluña.
La regla de gasto a debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
En otro orden de cosas, el consejero también se ha referido a cómo evoluciona el gasto de las comunidades autónomas y cómo podemos hacer compatible esa evolución del gasto con el cumplimiento de las reglas fiscales, más concretamente con la “regla de gasto”. Y ha señalado que “hay que ver cómo influye esa regla de gasto y hacerla compatible con la evolución del gasto relacionado con los servicios públicos fundamentales, en concreto con la sanidad.
Además, ha indicado que la regla de gasto, el incremento máximo en el que podemos incurrir las comunidades autónomas o la Administración en su conjunto, “debería ser objeto de debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, de la misma manera que se debate el margen de déficit que se queda la Administración del Estado y cuál es el que se traslada a las comunidades y corporaciones locales, negociando en la misma medida qué parte de ese incremento de gasto “puede asumir el Estado y qué parte las regiones, teniendo en cuenta la sensibilidad de ese gasto o de los servicios que prestamos”.
De igual manera, ha indicado Ruiz Molina, se tienen que revisar los diferentes tipos de gasto; “no crece lo mismo de sanidad, con otro tipo de gasto que asumimos desde las comunidades autónomas, como es el de educación o en prestaciones sociales”. Por tanto, y así lo ha manifestado, “ese límite máximo que tenemos en relación con la regla de gasto habría que diferenciarlo en función del tipo de gasto al que nos estemos refiriendo”, teniendo en cuenta que “el gasto en defensa está excluido del cumplimiento de esa regla de gasto”.
También el consejero ha hablado de que las comunidades autónomas no partimos del mismo nivel de gasto debido al funcionamiento del Sistema de Financiación Autonómica y a que no todas tenemos ingresos suficientes, y, por lo tanto, “hacernos a todas aplicar el mismo incremento de gasto roza la inequidad”.
Y para cerrar su intervención, Juan Alfonso Ruiz Molina ha manifestado su interés por escuchar en este foro a los académicos y expertos que van a debatir sobre estas cuestiones, ya que “así se puede conocer la opinión de los expertos que está fuera del ámbito político, ya que tienen mucho que decir”.
