El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado que la condonación de la deuda autonómica supondrá para la Junta de Comunidades un ahorro estimado de 760 millones en intereses en los próximo diez años, fruto de la negociación que mantuvo la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas con el Ministerio de Hacienda en una reunión bilateral de carácter técnico celebrada el pasado día 22 de abril.
Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. Acompañado por la directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera.
En ese sentido, ha señalado que el Gobierno central ha cumplido lo que propuso en la anterior Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado mes de diciembre en Santander, de mantener con las comunidades autónomas reuniones bilaterales para definir que parte de la deuda se iba a condonar, “y de esa reunión con Castilla-La Mancha, la condonación supondrá un ahorro de intereses para las arcas de la región de 760 millones de euros en los próximos diez años”.
En relación con esta condonación, el consejero ha manifestado que ha sido una de las “reivindicaciones históricas de este Gobierno”, así se ha solicitado cuando gobernaba el Partido Popular, como en este momento en el Gobierno del Partido Socialista.
Y ha mostrado de nuevo “su satisfacción con esa metodología” aprobada por el Ministerio de Hacienda, porque incluye como uno de los criterios fundamentales para cuantificar la condonación de la deuda, la infrafinanciación. Y por el resultado que esa metodología arroja para Castilla-La Mancha, ya que esta asciende a 4.927 millones, “muy cercano a lo que ya reclamamos cuando se empezó hablar de condonación”.
En esta línea, Ruiz Molina ha indicado que este ahorro de intereses se suma también a la reciente operación de refinanciación de otros préstamos del FLA, concretamente se trata de 1.152 millones de euros, aceptado por las entidades financieras, y que se ha tenido en cuenta, gracias al ambiente de estabilidad de la región y al importante esfuerzo realizado por el presidente Emiliano García-Page, pese a las dificultades con el actual sistema de financiación.
“Ha supuesto un ahorro de 45 millones, como adelantó ayer el presidente de Castilla-La Mancha, y que si se suma esa cuantía a todas las operaciones de refinanciación que se han llevado a cabo en los últimos diez años desde el Gobierno regional hemos ahorrado un total de 170 millones de euros en intereses que hemos podido dedicar a financiar servicios públicos fundamentales”, ha aseverado.
Reclamación de una financiación justa en la Conferencia de Presidentes
En paralelo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha señalado que el Consejo de Gobierno ha acordado instar al Gobierno de España a incluir el sistema de financiación autonómica en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes que se va a celebrar en Barcelona el día 6 de junio, tras quedar fuera de la propuesta inicial hecha por Moncloa, “así lo vamos a proponer en la reunión preparatoria de mañana miércoles”, ha aseverado.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que el presidente Emiliano García-Page, en la última conferencia que se celebró en Santander, ya reclamó una revisión urgente del modelo, que lleva once años sin actualizarse y perjudica gravemente a Castilla-La Mancha, una de las peor financiadas del país. “García-Page instó al presidente del Gobierno central a que en el plazo de tres meses pusiera sobre mesa una propuesta de financiación que pudiera ser discutida por las comunidades autónomas, y no se ha avanzado en nada”, ha instado.
“Para Castilla-La Mancha es de capital importancia, ya que tenemos una financiación que está muy por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas”, como así lo reconoce tanto el propio Ministerio de Hacienda, como los expertos en la materia, según ha declarado el consejero. Una infrafinanciación que supone un “sobreesfuerzo para prestar los servicios públicos fundamentales, en las condiciones que merece la ciudadanía”.
Por ello, y como ha manifestado Ruiz Molina, si se “consigue” introducir la financiación en el orden del día, “vamos a pedir” como se ha hecho hasta este momento, “un fondo transitorio de nivelación, que compense la infrafinanciación que sufrimos las cuatro comunidades autónomas (Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha), y permita acercarnos a la media del conjunto de las comunidades”. Y que explica, según ha indicado el consejero, “el importante endeudamiento de nuestra comunidad si se habla en términos de ratio con relación al PIB”.
Contrato de prestación del servicio de difusión de la TDT
En este mismo escenario, el consejero ha explicado otro de los asuntos que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, se trata de la autorización del contrato para la prestación del servicio de difusión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en aquellas zonas que no están cubiertas por los planes oficiales de los radiodifusores nacionales, tanto públicos como privados.
Del mismo modo, Ruiz Molina ha explicado que de no estar financiada por la Junta de Comunidades esta falta de cobertura, tanto por parte de RTVE como por las televisiones privadas, un número importante de habitantes de la región tendrían que hacer frente a fuertes inversiones si quieran acceder a toda la oferta de estos canales. Ya en 2015, ha continuado el consejero, con el Gobierno de García-Page, “adoptamos la decisión de que ese sobrecoste al que tendrían que hacer frente estos ciudadanos fuera asumido por la Administración” regional.
En consecuencia, este contrato que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno trata de cubrir el servicio y dar ese suministro a 477 localidades por parte de la Junta, beneficiando a más de 128.000 ciudadanos. Un contrato que va a salir a licitación por un importe de 10,5 millones de euros y que tendrá una duración de 5 años.
Además, y en relación con las emisiones de la Televisión Digital Terrestre, el consejero ha recordado que el pasado 19 de febrero de 2024, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya completó con éxito la sustitución de los receptores de más de 2.000 hogares de 60 municipios, para que pudieran recibir la señal de televisión en alta definición.
Y ha concluido señalando que “no vamos a escatimar un euro para garantizar que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, con independencia de donde residan o de su capacidad económica, tengan derecho a recibir todos los servicios públicos fundamentales”, como lo es la recepción de la televisión, y que, además, sea en condiciones de igualdad como el resto de los ciudadanos de la región.
