La obsesión por el lujo y sus categorías formales y conceptuales acaba llegando –como puede comprobarse– a todas las partes y rincones. Como nos demuestra el destino cruel e impasible de lo que fuera, otrora, sede central del sindicato socialista Unión General de Trabajadores. Si, digo de Trabajadores. Y no me malinterpreten.
Todo ello –la información sobre la sede central de UGT en Madrid– ha coincidido con el 44 congreso de UGT y con una noticia menor, y otra mayor, y si me apuran más disparatada. La menor es la condena a Francisco Fernández, Secretario general de UGT de Andalucía a 3 años de cárcel y multa de 5 millones de € por delito continuado de falsedad y fraude de subvenciones. La mayor, por el volumen ha sido la del arrendamiento condicionado de la sede de Hortaleza 88, sede central del sindicato en otro tiempo y hasta 2018 en que se trasladó a la avenida de América y que desde el traslado se afanaban en buscar inquilino con posibles. Sede sindical procedente del antiguo convento de Santa María Magdalena, que hace años se conocía como ‘Recogidas’. El origen de este convento se remonta a 1587 y ahora adquiere otras resonancias de hostelería de cinco estrellas.
Sede conventual y sindical, donde Pedro Almodóvar filmó la película Entre Tinieblas, como un anticipo de los caminos inescrutables del sindicalismo. Pero junto a todo ello –crisis varias, mediante– el nuevo secretario general se ha encontrado que el edificio le cuesta un millón de euros al mes entre seguridad, calefacción, personal y otros gastos menores. Sede heredada que procedería –me imagino que por todas las compensaciones y cesiones del patrimonio sindical histórico– del viejo convento de Recogidas, y que ahora se ha alquilado a la familia catalana Roig –propietaria de la cadena hotelera Pulitzer– por un periodo de 40 años a razón de 0,5 millones de euros al año. Es decir, que UGT se embolsará más de 20 millones de euros como casero durante las próximas cuatro décadas. Todo ello, para disponer un hotel de nombre Sor Madrid –podrían haber optado por Sor Sindicato, pero ello se aviene mal con las pretensiones del lujo estandarizado–.
El convento, dice la noticia del pasado 22 de noviembre aparece “inmerso en una profunda reforma de 10 millones de euros para adaptarlo a los estándares de hotel y se convertirá en el primer activo de cinco estrellas de la empresa mixta creada en 2021 por Pulitzer Hoteles y Nortia Capital”.
De lo que su director general nos cuenta que “es un edificio de tres plantas que albergará 42 habitaciones. En su interior hay una iglesia, donde se ubicará un restaurante y un patio interior, rediseñado por el arquitecto Fernando Martos para convertirlo en un oasis de lujo sofisticado en el centro de Madrid”.
Qué raro el destino de un viejo convento, transformado en los años de la Transición democrática en sede sindical y ahora en ese coqueto ‘oasis de lujo’. No sé si lujo sindical o lujo patronal. El hotel arrendado –se descontará de la renta mensual, que no se señala en la noticia, la parte destinada a la reforma. El hotel Sor Madrid o Sor Sindicato, “Se ubicará en un tramo de tarifas de 600 euros al día por habitación”, lo normal en hoteles de cadena de lujo y lo raro para militantes sindicales.
Qué lejos quedan los años en que UGT velaba y trataba de contribuir a solucionar el problema de la vivienda de sus afiliados y simpatizantes, con promociones en régimen de cooperativismo social. Ello ocurría en los años ochenta, a través de la promotora cooperativa, PSV, con Carlos Sotos y Paulino Barrabés, que acabó como el rosario de la aurora. Y con problemas económicos –un gran agujero, como otro precedente del desvíos de las políticas de vivienda social– que tuvo que asumir la central sindical.
Tan incomprensible todo ello –la pérdida de la brújula social ugetista por afanes inmobiliarios– como la visita sorprendente y sorpresiva del secretario general, Pepe Álvarez, a Waterloo. ¿Quién paga el viaje? A entrevistarse con el prófugo Carles Puigdemont. Dicen que para que contribuya al apoyo parlamentario, del grupo Junts, en la tramitación de la normativa sobre reducción de la jornada laboral. Pero que se sepa, Álvarez no tiene –por ahora– mandato gubernativo alguno. Por más armadura de calcetines de rayas que se calce y muestre ufano.
