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Puertollano: El exalcalde Hermoso asegura que la plaza de toros se hizo con criterios técnicos y niega que obtuviera un beneficio personal

- 24 septiembre, 2019 – 15:25Sin comentarios

Texto: Santos G. Monroy. Fotos y vídeo: Eusebio García del Castillo.- El exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, ha asegurado, en la segunda sesión del juicio celebrado en al Audiencia Provincial de Ciudad Real por un presunto delito de prevaricación administrativa en las obras de la segunda fase de la plaza de toros, que la decisión de fraccionar las obras en 69 expedientes y contratarlas por el procedimiento negociado sin publicidad no fue una decisión política, sino tomada con la base de informes técnicos, y que en ningún momento obtuvo un beneficio personal.

En la reanudación del juicio, suspendido el pasado mes de febrero hasta la resolución de las cuestiones previas presentadas por las partes, y en el que también están acusados el secretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso, quien fuera regidor de la ciudad minera ha defendido su inocencia remitiéndose a los informes técnicos en los que había depositado "toda su confianza".

Así, a preguntas de la Fiscalía y de las defensas de los acusados, Hermoso ha recalcado que el procedimiento adjudicación y contratación no respondió a una "decisión política", y ha relatado que se limitó a firmar las resoluciones de los expedientes tras haber puesto como condición indispensable que fueran acompañados de un informe técnico y otro jurídico, al tiempo que ha enfatizado que en modo alguno fiscalizó la labor técnica del resto de órganos administrativos y que todas sus resoluciones fueron trasladadas y aprobadas en el pleno municipal "sin ningún impedimento".

El exalcalde ha referido que no le consta que encargara el procedimiento de contratación y adjudicación al arquitecto técnico Eugenio Ángel Manso. Según ha asegurado, la decisión de construir la segunda fase de las obras, cimentación y graderío, del coso taurino en otoño de 2007, fue tomada en el seno del equipo de Gobierno con el pleno conocimiento de los concejales de Obras y Urbanismo.

En este sentido ha aseverado que consultó a los concejales, que ya habían formado parte del equipo de Gobierno que construyó la primera fase de toriles y dependencias de servicios, si se podía tener lista una parte de las obras para su uso durante las ferias de mayo de 2008. Consecuentemente, ha proseguido, les encargó las consultas para ver si era posible continuar con las actuaciones por el procedimiento de negociado sin publicidad (sin concurso público), tal y como ocurrió en la primera fase.

Según Hermoso, estas cuestiones se trasladaron "sin ningún tipo de amenazas" al arquitecto técnico, que fue quien emitió el informe de fraccionamiento trasladado al secretario municipal.

En este contexto Joaquín Hermoso ha subrayado que ningún técnico le informó de posibles dificultades para terminar la obra en mayo de 2008 por el procedimiento negociado sin publicidad, y que su cometido no era fiscalizar la acción de otras instancias administrativas.

El exregidor ha añadido que se limitó a firmar las resoluciones que eran de su competencia, dado el importe de la obra, siempre en función de los informes. Dada su "confianza" en los servicios municipales, ha afirmado que nunca examinó la documentación de los expedientes ni verificado la legalidad de las actuaciones administrativas al considerar que esas eran "competencias de otros órganos".

En el transcurso de la declaración, en la que ha rehusado responder a las preguntas de la acusación popular, formada por los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular, Hermoso ha negado que mantuviera una relación de amistad con Julio Villuendas, accionista de Navarro Piquer, la empresa adjudicataria de 18 expedientes de las obras de cimentación, si bien ha reconocido que con anterioridad a los hechos esta empresa realizó obras en su casa y que él mismo pudo haber "llevado" algún asunto a esta empresa en calidad de letrado.

En otro momento, y a preguntas de la defensa de Manso, ha negado que quien fuera coordinador municipal de Infraestructuras como personal contratado, Francisco Paz, tuviera nada que ver con las obras.

En todo caso, a preguntas de su defensa, Hermoso Murillo ha negado rotundamente que haya obtenido "algún beneficio personal" con las obras de construcción de la plaza de toros.

Antes de declaración de Hermoso en sede judicial se ha procedido al interrogatorio del secretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo y del arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso.

"UNA VELADA AMENAZA"

Este último ha relatado que en octubre de 2007, cuando formaba parte de la plantilla de Urbanismo como personal laboral, el alcalde le "marcó" el plazo de mayo de 2008 para la finalización de las obras, ante lo que arguyó que era "imposible o casi imposible". Tras asegurar que recibió del alcalde una "velada amenaza" de que su puesto de trabajo "podría correr peligro", informó por escrito sobre la fragmentación de las obras, "que no de los contratos", ante la "premura" con que se planteaban las actuaciones.

Manso, que ha rechazado responder a las preguntas de Fiscalía y acusación popular, ha asegurado que redactó el informe con carácter técnico, si bien ha declarado que contó con la ayuda del secretario municipal para completar el apartado jurídico. "No tenía interés en que se diera la obra a nadie, solo sacudirme la presión", ha afirmado en otro momento, cuando ha relatado el procedimiento por el que recibía las ofertas, entre las que propuso las que, bajo criterios exclusivamente técnicos y económicos, parecían más ventajosas, ha aclarado.

Por su parte, el exsecretario municipal, Juan Luis Vázquez Calvo, quien ha ejercido su propia defensa por su condición de letrado, ha respondido a las preguntas de Fiscalía y defensas, rechazando, como el resto de acusados, atender a la acusación popular.

EL INFORME DEL SECRETARIO "CUMPLÍA CON LAS EXIGENCIAS"

Vázquez Calvo ha explicado que cuando recibió el borrador de proyecto de las sobras advirtió de que, según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, solo era posible fraccionar los expedientes con "carácter excepcional". Quien fuera fedatario público del consistorio ha enfatizado que el arquitecto técnico le trasladó que el fraccionamiento era "ineludible por causas técnicas", por lo que, tras solicitar un informe "prolijo", y realizar consultas por si otra opinión técnica en el seno de Urbanismo contradecía la del aparejador, informó favorablemente sobre el procedimiento.

A juicio de Vázquez Calvo, su informe, en el que hacía constar que se trataba de una "operación singular", cumplía "con todas las exigencias" jurídicas, acompañado de las puntualizaciones técnicas del arquitecto, a quien ha alabado por su "probada profesionalidad". Además, ha subrayado que en el caso del procedimiento negociado sin publicidad la facultad para contratar reside en la Alcaldía.

Con el interrogatorio de los acusados ha concluido la segunda sesión del juicio, que continuará este miércoles y jueves con la declaración de los testigos citados por las partes.

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real pide una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los tres acusados por presunto delito de prevaricación administrativa.

Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía los acusados, conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación, sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de la contratación, y con la finalidad de tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa, "actuando en total connivencia" procedieron a informar y resolver a favor de la fragmentación de la contratación de las obras de la segunda fase del Coso Polivalente de Puertollano.

La ejecución de obra ascendió a 2.598.451,54 euros, cuyo gasto se fraccionó en 69 expedientes, en partidas correspondientes a cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados de obra, adjudicados a diferentes empresas.

El fiscal relata que los acusados adjudicaron un estudio previo de viabilidad a la arquitecta M.L.C.V. "de forma totalmente personal, sin procedimiento negociado con publicidad", y que siguiendo el mismo procedimiento y "simulando petición de ofertas" fue adjudicada a la misma persona el proyecto básico y ejecución de la obra, mientras que la dirección material de la obra se encargó al aparejador F.S.M.

Asimismo, estima que no está debidamente acreditado el delito de tráfico de influencias respecto a Eugenio Ángel Manso, ni el delito de falsedad documental imputado a los tres acusados, por la aportación de documentación al juzgado relativa a los honorarios por la redacción de los proyectos y la dirección de obra.

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE CÁRCEL

Por su parte, la acusación popular, a cargo de IU y PP, solicita para cada uno de los tres acusados, por prevaricación administrativa, la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación.

Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el presunto delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el presunto delito continuado de tráfico de influencias.

Por otra parte, por el supuesto delito de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales.

Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales por tráfico de influencias.

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