El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) han coincidido en valorar que el proyecto de presupuestos para 2026 se ha aprobado en “un escenario de normalidad y de estabilidad política e institucional”, destacando la “certidumbre” que genera esta situación y que es fundamental para que “se tomen las decisiones empresariales”. Todo ello en el marco del diálogo y la búsqueda del máximo consenso con los agentes sociales.
Así lo han manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina y el presidente de Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, en la rueda de prensa que han ofrecido en la Consejería, tras la reunión que ambos han mantenido para abordar el presupuesto del próximo año, y en la que el representante de CECAM por su parte ha calificado de “razonables, posibilistas y creíbles”. Un encuentro en el que han estado acompañados por el director general de presupuestos, Isidro Hernández y el secretario general de la organización empresarial, Mario Fernández.
Contexto económico muy positivo
En esta línea, Ruiz Molina no sólo ha contextualizado el actual momento de “normalidad y estabilidad”, así como un “contexto económico y financiero muy positivo”, y ha concretado más, según el INE, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma que con mayor crecimiento del PIB desde 2019, concretamente un 2,9 por ciento. En 2024, la región ha sido la cuarta con mayor crecimiento económico, un 3,7 por ciento frente al 3,5 de la media nacional.
Un dinamismo que se ha reflejado también en el mercado laboral, ya que, en el tercer trimestre de 2025, según datos de la EPA, la región ha alcanzado su máximo histórico de ocupación, con 940.000 personas trabajando y ha destacado que desde la llegada de García-Page se han creado más de 219.000 empleos. Las previsiones económicas del Ejecutivo autonómico han apuntado a un crecimiento del PIB en términos reales del 2,4 por ciento en 2025 y del 1,9 por ciento en 2026, en línea con las estimaciones nacionales.
Además, ha continuado, Castilla-La Mancha lidera el Índice de Confianza Empresarial, lo que ha demostrado la confianza de los empresarios en la política económica del Gobierno regional. Si el contexto económico es positivo, también lo es desde el punto de vista financiero, en la medida, según ha señalado, “que los agentes económicos valoran el esfuerzo del Gobierno regional por ir reduciendo sus ratios de endeudamiento”.
En este sentido, Ruiz Molina ha puesto en valor la última calificación que tanto la agencia Moody’s como Fitch otorgaron a la región, y ha recordado los últimos datos publicados por el Banco de España, que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad que más ha reducido el peso de la deuda respecto al PIB desde que gobierna Emiliano García-Page.
Presupuesto comprometido con las personas y el desarrollo económico
En este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha remarcado que “gracias a la riqueza que entre todos somos capaces de generar”, permite que en el Presupuesto para 2026 se destine el 72 por ciento al gasto social, “dentro del compromiso del presidente García-Page”, es decir, más de 7.555 millones, un 68 por ciento más de lo destinado en 2015, para fortalecer los servicios públicos es los que se sustenta el Estado del Bienestar, y que “lo hacemos compatible con el compromiso adquirido con la sociedad, de favorecer el desarrollo económico y social de la región”, ha dicho.
Al mismo tiempo, el consejero ha destacado que las cuentas para 2026 refuerzan el compromiso con el crecimiento económico y el empleo, destinando 3.232 millones de euros, un 72 por ciento más que hace una década. De esos importes, prácticamente la mitad, concretamente 1.475 millones de euros se canaliza a través de subvenciones o transferencias a las empresas.
En este encuentro, el consejero también les ha informado que se trata de un presupuesto inversor en la medida en que se destina 1.560 millones de euros, a infraestructuras, por una parte, que tiene como objetivo “financiar servicios públicos fundamentales”, y, por otro lado, mejora la competitividad empresarial, cuando se habla de infraestructuras generales, como es el transporte y a carreteras.
Y dentro de la estrategia frente a la despoblación llevada a cabo por el Ejecutivo autonómico, que en su conjunto contiene un volumen de 2.116 millones, se va a dirigir el 40 por ciento, concretamente 852,9 millones a “favorecer el emprendimiento, la innovación y la ayuda a las pymes en el mundo rural”.
Esta distribución del gasto, tal y como ha señalado el consejero, y así se lo ha trasladado a los empresarios, se va a hacer compatible con “un presupuesto equilibrado, con déficit cero, que no incrementa el endeudamiento de la comunidad autónoma”, todo ello, con independencia del margen que permita a las regiones en términos de déficit al marcar los objetivos de estabilidad para 2026, y acompañado de una reducción de la carga fiscal, ya no con la congelación fiscal.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que el presidente Emiliano García-Page mantiene su compromiso de rebajar los tipos impositivos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado (ITPyAJD), así como la ampliación de las deducciones por arrendamientos de vivienda, tal y como anunció en el último Debate sobre Estado de la Región, dentro de lo que se podría denominar “una ambiciosa política de vivienda para los próximos años”, ha dicho.
Una reforma del sistema de financiación que respete el principio de igualdad
Durante la reunión, Ruiz Molina también les ha trasladado a los empresarios la importancia del Sistema de Financiación Autonómica, ya que cuando se habla del dinero de los castellanomanchegos y castellanomanchegas, se requiere “unidad”, por ello, y según ha reiterado, “pedimos la unidad de todas las fuerzas políticas, porque no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado”; necesitamos “la complicidad de la clase empresarial” por discutir por un sistema que garantice el “principio de igualdad independientemente de su capacidad económica o de la de su territorio”, y para que todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios públicos.
Un sistema, que ha reiterado debe negociarse en el seno del CPFF, y mientras que se aprueba un nuevo modelo, seguimos reclamando un fondo transitorio que corrija los desequilibrios actuales, y se impulse una ley de armonización en relación con los tributos estatales que se gestionan desde las comunidades autónomas, para evitar la competencia desleal entre regiones.
Y ha concluido indicado que con este presupuesto regional se tienen los “mimbres necesarios para favorecer el desarrollo económico de la región, con el sector empresarial como principal colaborador, para generar empleo y riqueza del que se puedan hacer partícipes todos los ciudadanos y ciudadanas, a través del gasto social”, con un incremento cero de endeudamiento y con una reducción de los impuestos. Un presupuesto, como ha indicado “comprometido con las personas y el progreso de Castilla-La Mancha”.
En relación con el sistema de financiación, Ángel Nicolas ha manifestado el “apoyo y la complicidad” de la patronal regional, porque “compartimos al cien por cien la política que está manteniendo el Gobierno regional”, “creemos que es injusto, la Comunidad Autónoma está perdiendo capacidad por el actual modelo”. Y ha enmarcado su aprobación en un momento de “certidumbre y seguridad jurídica”, que es lo que piden las empresas.
