Por Lola Merino. Presidenta nacional de AMFAR.- Hoy 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, es una fecha idónea para recordar que Castilla-La Mancha, tierra de agricultores, ganaderos y de productos que alimentan a España y a buena parte del mundo, vive una silenciosa y profunda crisis en el sector agrario. Los datos no engañan. Desde el año 2016, el número de solicitudes de ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común) ha sufrido un desplome que no puede pasar inadvertido. Frente a las 118.312 solicitudes presentadas en el 2016, el año pasado (2024) se registraron poco más de 81.000 solicitudes. Es decir, en dos legislaturas, se han perdido casi 37.300 solicitudes de ayudas directas de la PAC, lo que supone un descenso de más del 31%.
¿Qué ha ocurrido en estos años para que miles de agricultores, ganaderos, jóvenes y mujeres hayan dejado de solicitar estas ayudas económicas que son esenciales para el mantenimiento de la renta de los profesionales agrarios del campo castellano-manchego? La respuesta no es sencilla, pero los datos apuntan a una tendencia preocupante.
La PAC es, y ha sido durante décadas, uno de los pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad económica del sector agrario y del medio rural. Su correcta gestión no solo ha supuesto asegurar la renta a los profesionales del campo, sino también preservar la vida en nuestros pueblos, luchar contra la despoblación y fomentar un modelo de desarrollo rural sostenible y con futuro.
Durante las dos últimas legislaturas, sin embargo, la caída sostenida de las solicitudes de la PAC refleja más que una mera transformación del modelo agrario. Reflejan abandono y la desesperanza de un sector que no se siente respaldado ni por las políticas agrarias ni por los gobernantes que las deciden. Porque mientras se habla de digitalización, de sostenibilidad y de miles de millones de euros de fondos europeos, en la práctica es que miles de profesionales han sido “invitados” a desaparecer del mapa agrario regional.
La agricultura no solo se enfrenta a las inclemencias del clima o a los vaivenes del mercado: también sufre la falta de visión política. Y los datos lo demuestran. Menos solicitudes significan menos explotaciones activas, menos empleo rural y menos vida en nuestros pueblos.
Es hora de hacer una profunda reflexión sobre este descenso. Porque si tras 8 años de gestión de la PAC, el resultado es que Castilla-La Mancha, una región eminentemente agraria, cuenta con más de 37.000 agricultores menos, algo se está haciendo mal. Es también preocupante, las bajas cifras que registran los jóvenes en las solicitudes de la Pac, ya que mientras en el 2016, los jóvenes de menos de 25 y hasta los 40 años de edad, llegaban a representar a 8.905 perceptores, en el 2024, esta cifra ha perdido por el camino a 3.722 jóvenes. Una situación que es igualmente extrapolable a las mujeres perceptoras de las ayudas directas de la Pac, ya que mientras en el 2016, las mujeres ascendían a 44.598 perceptoras en el 2024 han quedado reducidas a 31.341.
Esto no es solo un dato estadístico: es el reflejo de un campo que se vacía, de explotaciones que cierran, de familias que se marchan y de jóvenes y mujeres que dejan de ver su futuro en la agricultura o la ganadería de nuestra región. Estas cifras evidencian no solo un problema cuantitativo, sino estructural: el sector se envejece y masculiniza aún más y sin mujeres ni jóvenes en el campo, no hay relevo generacional ni sostenibilidad a medio plazo. Y si el campo se muere, se muere también una parte esencial de nuestra identidad, economía y futuro.
Llevamos dos legislaturas registrando una pérdida progresiva bajo un modelo de gestión que no ha sabido —o no ha querido— adaptarse a las necesidades reales del sector. La agricultura y la ganadería no pueden seguir siendo víctimas del olvido político. Es necesario actuar con urgencia, valentía y visión de futuro. Porque cuando el campo se abandona, no solo se pierden agricultores y ganaderos y solicitudes de la PAC: se pierde vida, cultura, identidad… y garantía alimentaria.
La solución, aunque compleja, no es un misterio: pasa por facilitar la incorporación de los jóvenes y de las mujeres al sector agrario. Pasa por aprobar una PAC respaldada por y para el sector, eliminar trabas burocráticas, por garantizar apoyo técnico y financiero, por hacer atractivo un sector agrario que hoy se percibe como incierto, poco rentable y falto de apoyo institucional. Pasa por garantizar precios justos y rentables que permitan trabajar con dignidad y también por poner en valor lo que representa el campo: el campo no es solo un sector económico más, es un sector estratégico que garantiza el acceso a los alimentos que consumimos todos, dentro y fuera de nuestras fronteras, con calidad y seguridad alimentaria.
