Reforzar los servicios públicos fundamentales, proseguir con las medidas orientadas a la protección de las familias y los sectores más vulnerables, impulsar la actividad económica, promover la sostenibilidad medioambiental y la transformación digital y hacer frente al reto demográfico son las principales prioridades del presupuesto de la Junta para 2023, con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha persigue consolidar la senda de creación de riqueza y empleo, cumpliendo con la responsabilidad fiscal y con los compromisos adquiridos con la ciudadanía
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido así el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio, durante el pleno de las Cortes regionales que se celebra hoy, donde ha hecho hincapié en que se caracteriza por ser “expansivo en lo social, ambicioso en lo económico, fuertemente inversor, comprometido con el reto demográfico y prudente en lo financiero”.
En su intervención, Ruiz Molina ha recordado que la elaboración de las cuentas ha tenido lugar “en una situación excepcional, que nos ha llevado a diseñarlas de acuerdo con tres criterios”: la responsabilidad, ya que el recurso al endeudamiento se reduce en un 70 por ciento, contrariamente a lo que se podría pensar teniendo en cuenta que es año electoral; la seguridad de que puede ejecutarse, porque más del 90 por ciento de los ingresos que sustentan el gasto son ingresos ciertos -los que corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación autonómica y transferencias de otras administraciones-; y la certidumbre, puesto que se garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
En lo que respecta a las previsiones macroeconómicas, el consejero ha incidido en que “estamos en un contexto económico de alta volatilidad, donde ni los principales gabinetes de estudios económicos se atreven a hacer estimaciones a largo plazo” y, en este sentido, ha recordado que el Gobierno regional las ha modificado “junto con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”, situándolas en el 3,1 por ciento en 2022 y en el 2,1 por ciento en 2023.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha detallado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023 asciende a 12.431,6 millones de euros, con un incremento del 1,3 por ciento y 158,1 millones más que el de 2022, ha distinguido entre dos grandes grupos de políticas: las dirigidas al Estado del Bienestar y las actividades de carácter económico.
Al gasto social se destinarán 6.869 millones de euros
Respecto al gasto social, se destinarán 6.869 millones de euros para fortalecer los servicios públicos fundamentales, “cumpliendo el compromiso del presidente Emiliano García-Page de no escatimar ni un solo recurso público para no dejar a nadie atrás”, ha matizado Ruiz Molina. De esta manera, el gasto social se sitúa en el 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero, lo que supone 110 millones más.
En este bloque, sanidad sigue teniendo la partida más alta y supera los 3.600 millones de euros, absorbiendo el 36 por ciento del gasto no financiero, para actuaciones dirigidas a mantener la apuesta inversora en las nuevas infraestructuras proyectadas; mejorar la capacidad resolutiva del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, apoyándose en las nuevas tecnologías; reforzar la Atención Primaria, especialmente en zonas despobladas; y ampliar la cobertura vacunal.
En educación, se dispondrá de 85,4 millones adicionales hasta alcanzar los 2.260 millones de euros, un 3,9 por ciento más, para atender el considerable incremento de la oferta formativa en Formación Profesional, cumplir con los contratos programa de las dos universidades públicas que operan en la región; ejecutar el Plan de Infraestructuras 2019-2023 con 650 actuaciones nuevas, de ampliación o reforma; y continuar con el ambicioso plan de digitalización en las aulas, por ejemplo, con la dotación de 16.500 paneles digitales interactivos.
Y en servicios sociales se superarán este año los 980 millones de euros, 25 millones más que en el 2022, lo que supone un aumento del 2,6 por ciento. De esta forma, el gasto dirigido a la atención a las personas con discapacidad se incrementa un diez por ciento. De igual modo, se destinará una importante partida presupuestaria a reforzar la estabilidad de las entidades más representativas del Tercer Sector, así como a impulsar la construcción de nuevos recursos de atención a la discapacidad y personas mayores, y se dedicarán cerca de nueve millones al plan de autonomía digital para dotar de equipamiento tecnológico avanzado a los centros de atención social.
Cerca de 4.000 millones para gasto de personal
En lo que respecta al gasto de personal, el consejero ha incidido en que ascenderá a cerca de 4.000 millones de euros, lo que supone el 39 por ciento del gasto no financiero. Y ha añadido que el personal empleado en los servicios públicos fundamentales absorbe el 91 por ciento del gasto total en el capítulo 1, con 3.600 millones de euros.
En este contexto, ha indicado que en 2023, en relación a estos servicios, se prevé incrementar en torno a 2.000 puestos estructurales las plazas de plantillas de los centros sanitarios, estabilizando al grueso del personal contratado durante la pandemia; seguir bajando las ratios en el ámbito educativo y, en servicios sociales, reforzar los equipos de atención a la dependencia, para continuar asegurando una adecuada atención a las personas.
Igualmente, ha incidido en que el presupuesto recoge el incremento máximo autorizado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia de retribuciones, de modo que contempla una subida inicial del 2,5 por ciento, más un 0,5 por ciento adicional si el IPC es superior al seis por ciento y otro 0,5 por ciento si la economía crece por encima de lo estimado por el Gobierno.
Las actuaciones de carácter económico contarán con 186 millones más
En relación a las actuaciones de carácter económico, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que se destinarán 2.050 millones de euros, 186 millones más que en 2022, lo que supone una variación del diez por ciento. Esta cuantía irá encaminada al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, con más de 590 millones de euros; a políticas de empleo, con 346 millones; al desarrollo de infraestructuras básicas, con 581 millones de euros; a acelerar la innovación e implantación de las nuevas tecnologías en los diferentes sectores productivos, con 259 millones; y al impulso a la sostenibilidad ambiental, con 265 millones.
Ruiz Molina se ha detenido, asimismo, en el apartado dedicado al reto demográfico, cuyo impacto se incluye por primera vez en las políticas presupuestarias,y ha especificado que las partidas vinculadas a la lucha frente a la despoblación suponen 1.700 millones de euros y tienen cuatro objetivos: reforzar los servicios públicos y la red de transportes, con 678 millones; mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, con 159 millones; impulsar la actividad económica, con 732; y, finalmente, el vinculado al desarrollo del urbanismo y las energías renovables, el acceso al agua y la mejora de las comunicaciones, con 144 millones de euros.
Las inversiones aumentan hasta los 1.585 millones
Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, cuentan con 1.585 millones de euros, una variación del 8,4 por ciento respecto a 2022.
“Con este montante pretendemos: dotar de nuevas infraestructuras a los servicios públicos fundamentales para acercarlos a los ciudadanos; garantizar la cohesión territorial, con especial incidencia en el transporte, las infraestructuras hidráulicas y la vivienda; mejorar la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial; continuar con la modernización y transformación del sector agroalimentario; y acelerar la digitalización tanto en el ámbito público como privado”, ha recalcado el consejero.
Deducciones fiscales
Además, el proyecto de Ley contempla el paquete de deducciones fiscales anunciado por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región, para aliviar la situación del 87 por ciento de los contribuyentes ante la inflación. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha especificado que son seis nuevas deducciones, con un impacto económico estimado en 85 millones de euros, que se unen a las desgravaciones fiscales vigentes, entre ellas, las aprobadas en 2022.
“Nuestra política fiscal se sustenta en el compromiso que adquirimos con los agentes económicos y sociales de no incrementar la presión fiscal en Castilla-La Mancha. Y, con este paquete de medidas, no solamente cumplimos el compromiso de congelarla, sino que, además, la estamos reduciendo. Somos la quinta comunidad autónoma con la presión fiscal más baja y somos la Comunidad Autónoma con menos impuestos propios, si exceptuamos a Madrid que los suprimió por ley en diciembre de 2021”, ha asegurado Ruiz Molina.
Finalmente, ha hecho hincapié en que el proyecto de presupuestos “prosigue la senda del progreso y bienestar que este Gobierno inició en 2015 para hacer más digna y fácil la vida de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, a través de servicios públicos, infraestructuras, ayudas e inversiones que les permitan seguir confiando en el presente y futuro de esta región. Un presupuesto que refleja, en la distribución que hacemos del gasto, la sociedad que queremos construir entre todos y todas, una sociedad más moderna, más justa, más solidaria y mejor preparada para los retos del futuro”.
