El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se reúne este miércoles, en Bruselas (Bélgica), con el comisario europeo de Agricultura y Ganadería, Christophe Hansen, con la finalidad de presentarle las ocho propuestas clave que el Ejecutivo regional ha elaborado para que la próxima Política Agraria Común (PAC) garantice el futuro del campo de Castilla-La Mancha.

Emiliano García-Page encabezará una delegación formada por representantes de las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA y UPA, y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, así como por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez y por la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo.

Las propuestas que lleva el Ejecutivo regional pasan por un marco financiero de garantías; la creación de un fondo especial para facilitar el relevo generacional; fondos suficientes para garantizar el cultivo de la agricultura ecológica en la región; protección para la figura del agricultor activo con el fin de asegurar la rentabilidad de las explotaciones; defensa de los productores (cláusulas espejo, etcétera); y flexibilización de los mecanismos de apoyo al sector vitivinícola como la Intervención Sectorial del Vino y la Promoción del Vino en Terceros Países.

También pretende impulsar el desarrollo y validación de metodologías de cuantificación de captura de carbono en la agricultura; y más formación e innovación para mejorar la transferencia de conocimiento y, con ello, un uso eficiente de los recursos y calidad de las producciones para tener más sostenibilidad y competitividad.

Del mismo modo tratarán otros asuntos como medidas de defensa ante los aranceles de Estados Unidos y la posición de Castilla-La Mancha ante los nuevos términos comerciales en el etiquetado del vino por parte de la Comisión Europea para no estigmatizar una actividad económica que supone el cinco por ciento del PIB de la región.

Castilla-La Mancha ha movilizado hasta la fecha 1.266 millones de los 1.633 millones de euros que le han sido asignados de los fondos del Plan de Recuperación, lo que se traduce en que la región está ejecutando el 81 por ciento de los fondos que han llegado a la Comunidad Autónoma. Así lo ha explicado hoy el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que detallado la ejecución de estos fondos y su impacto en el desarrollo del tejido productivo de la región.

Ahondando en las cifras, se han llevado a cabo 100 convocatorias de ayudas y subvenciones por importe de 779 millones de euros, de las que 19 convocatorias han sido de adjudicación directa de ayudas, por importe de 140 millones, a lo que se suman 340 licitaciones y 927 contratos menores.

Estos fondos se traducen, entre otras cuestiones, en instalación de tecnología en cada uno de los hospitales de la región ya que, “la práctica totalidad de la nueva tecnología que se ha incorporado a los hospitales de la región se ha financiado con estos fondos”, ha indicado Martínez Guijarro. A esto se le suma, tal y como ha dicho, la digitalización de la Educación y el impulso a la Formación Profesional: 11.000 nuevas plazas de FP.

Junto a ello, se han creado un total de 3.600 plazas de educación infantil 0 a 3 años en un total de 150 municipios menores de 2.000 habitantes; o la inversión de 100 millones de euros en los Planes de Sostenibilidad Turística a lo largo y ancho de la región; y otros 100 millones para la instalación de placas solares de 100 megavatios “en los tejados de nuestra Comunidad Autónoma equiparables a dos megaparques fotovoltaicos y 52 millones para instalación de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga”, ha añadido el vicepresidente primero.

Martínez Guijarro ha subrayado que lo que suponen estos datos es que los fondos de Plan de Recuperación “han llegado a la economía real de la región” explicando que el 51 por ciento del total de los fondos han llegado a las pymes y micorpymes de la Comunidad Autónoma a través de dos vías: o bien por los contratos y los procesos de licitación; o por las ayudas a las familias que se han ejecutado con empresas de Castilla-La Mancha.

1.516 millones más que van directo a las empresas

Además de estos 1.633 millones asignados a la Administración regional, el vicepresidente primero ha aludido a otros 1.516 millones que, con cargo al Plan de Recuperación, el Gobierno de España ha invertido directamente en la Comunidad Autónoma, a través de ayudas dirigidas a empresas instaladas en nuestro territorio y que se han beneficiado de estos fondos para transformar su modelo productivo a través de mecanismos como los PERTES.

Martínez Guijarro se ha referido a los casos concretos de Puertollano hasta donde han llegado 242 millones de euros del PERTE de Hidrógeno Verde al proyecto promovido por Iberdrola en esta localidad; a los que hay que sumar los 15 millones del PERTE del vehículo eléctrico para Malhe, en Motilla del Palancar; los casi tres millones para la Red de Calor de Cuenca capital; más de 117 millones del PERTE de Descarbonización para Airbus; los 13 millones del mismo PERTE para la empresa Saint-Gobain Isover Ibérica en Azuqueca de Henares; o los 4,6 millones para la fábrica de Mahou en Alovera.

Junto a ello, tal y como ha explicado, están los más de 100 millones que el Gobierno de España ha invertido en la región para la mejora de la conectividad con el despliegue del 5G; o los 50 millones de euros del Kit Digital y el Kit Consulting que han llegado a un total de 17.000 pymes y autónomos de la región; o los 26 millones que se han destinado a las grandes ciudades de Castilla-La Mancha para la creación de las Zonas de Bajas Emisiones.

La mayor inversión para cambiar el modelo productivo de la región

En definitiva, un total de 3.150 millones (la suma de los 1.633 asignados al Gobierno regional y los 1.516 gestionados por la Administración General del Estado) que supone el mayor volumen de inversión en un periodo tan corto de tiempo que jamás se ha ejecutado en la región, apenas cuatro años. “Esto es el doble del dieron de los fondos estructurales que nos llega a la región para un periodo de programación de siete años”, ha afirmado el vicepresidente primero.

En este sentido, ha subrayado que su aplicación ha permitido modernizar el tejido productivo, generar de empleo, hacer política de cohesión social y cohesión territorial y, por supuesto, la generación de más empleo en la Comunidad Autónoma. Esto supone, ha dicho, “que hemos cumplido con la práctica totalidad de los hitos y objetivos que nos hemos marcado”.

Finalmente, Martínez Guijarro ha recordado que la gestión que Castilla-La Mancha hace de los fondos del Plan de Recuperación coloca a la región entre las tres primeras comunidades autónomas en datos de resolución según la herramienta ELISA (del Ministerio de Hacienda), situando a la región doce puntos por encima de la media nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado prioritaria la creación de un fondo transitorio y abordar la restructuración de la deuda, como medidas previas ante la falta de un nuevo sistema de financiación autonómica, que también corrija los desequilibrios actuales.

Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación durante la Jornada sobre ‘Financiación autonómica y comunidades infrafinanciadas: principales problemas y propuestas de reforma’, organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y celebrada hoy en Sevilla. En ella ha participado el consejero castellanomanchego, en una mesa de debate, junto a sus homólogos de Hacienda de la Junta de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, para analizar y debatir las causas y consecuencias de las deficiencias en el actual sistema de financiación autonómica.

Ruiz Molina, que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha indicado que el actual Sistema de Financiación Autonómico lleva sin revisarse más de diez años “por el Gobierno de España, tanto cuando gobernaba el Partido Popular, que en su momento gozaba de mayoría absoluta, como con el actual Gobierno del Partido Socialista”. En el caso de Castilla-La Mancha, hemos hablado de financiación autonómica y hemos hecho esas reivindicaciones tanto con uno como con otros, pero “han caído en saco roto”.

Esta situación de no aprobación de un nuevo modelo, según ha señalado el consejero, está causando “importantes problemas”, en primer lugar, en cuanto a la suficiencia, ya que “no disponemos de los recursos suficientes para prestar los servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y servicios sociales”, es decir, para hacer frente a los gastos que forman parte del Estado del Bienestar, siendo el principal instrumento de redistribución de la renta y riqueza de los ciudadanos. 

En segundo lugar, porque según ha manifestado el consejero, existe un problema de falta de equidad, por una parte de equidad vertical, pues “hay que plantearse la distribución de los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los servicios que prestamos desde cada región y que los ingresos del Estado han crecido un 90 por ciento mientras el de las comunidades autónomas lo han hecho un 40 por ciento”; y por otro lado, también hay un problema de equidad horizontal de distribución de recursos entre las regiones, que pone de manifiesto “que hay diferencias importantes entre la que más recursos obtiene con este modelo y la que menos”.

En tercer lugar, Ruiz Molina se ha referido al problema de endeudamiento de Castilla-La Mancha, provocado por la infrafinanciación, y en cuarto y último lugar, a una falta de lealtad institucional, al considerar que el Estado toma decisiones que afectan tanto a la vertiente de gastos como a la de ingresos, para afrontar las decisiones.

Un sobreesfuerzo en prestar los servicios públicos

En esta línea, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha reconocido que el actual modelo perjudica más a las cuatro comunidades autónomas que participan en esta jornada, entre ellas Castilla-La Mancha, lo que supone que tengan que realizar “un sobresfuerzo” para que los ciudadanos tengan esos servicios públicos, que son fundamentales, en las mismas condiciones que el resto de los territorios, porque es lo que “se merece la ciudadanía”.

Igualmente, ha expresado que el actual modelo de financiación está “caduco” y que ese sobresfuerzo que hacen estas comunidades autónomas infrafinanciadas provoca, como es el caso de Castilla-La Mancha, un incremento del endeudamiento y, posteriormente, soportar la carga financiera derivada del mismo.

Nuevo fondo transitorio hasta la aprobación de un nuevo modelo

En este contexto, Juan Alfonso Ruiz Molina ha recordado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “estamos muy a favor de la condonación de la deuda”, además ha vuelto a incidir en la idea de que esta restructuración en la región “la llevamos reclamando desde el 2015”.

Del mismo modo, Ruiz Molina ha dicho que estas cuatro comunidades autónomas están “reclamando que haya un fondo transitorio” hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica que “compense los desequilibrios financieros que estamos soportando”.

Asimismo, ha concretado que “es un debate urgente”, siendo el Gobierno central el que debe “liderar” el nuevo modelo de Financiación Autonómica, juntando a las comunidades autonómicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, ha apoyado que el Estado apruebe una Ley de Armonización Fiscal que evite la competencia entre comunidades autónomas,ya que se trata de que “los ciudadanos paguen en función de su capacidad económica y no del territorio donde vivan”.

Finalmente, el consejero ha declarado que lo que debe primar en el nuevo modelo es que se garantice la “igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales con independencia de la capacidad económica del ciudadano y de la capacidad económica de la comunidad autónoma”. La propuesta que viene haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha continuado, es que el nuevo modelo tiene que ser sencillo para que “nos permita hacer las previsiones para los próximos años” y, además, debe “igualar la financiación por habitante ajustado”.