El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a municipios y a Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables, en su tercera edición. En cifras, esta nueva convocatoria se traduce en “657 ayuntamientos, casi 14 millones y el 99 por ciento de los municipios con más de 1.000 habitantes adheridos”, tal como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández.
La titular de Igualdad ha recordado que este plan es una política pública iniciada en 2021 y tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres. “Después de dos ediciones, e iniciando la tercera, estamos consolidando esta política que pretende establecer sistemas integrales de cuidados para que el derecho al cuidado tenga la misma garantía y protección de otros derechos de ciudadanía, además de sensibilizar en materia de corresponsabilidad”, ha indicado.
La consejera ha recordado que estos fondos dependen del Gobierno de España y, por tanto, “estamos al albur” de que continúe la financiación para las próximas ediciones. Ante esta situación, ha recordado “el enorme éxito que ha tenido el Plan Corresponsables en Castilla-La Mancha”, donde se ha atendido prácticamente a 60.000 niños y niñas, ha beneficiado a casi 40.000 familias y se han creado prácticamente 3.500 empleos, el 80 por ciento de ellos con carácter femenino y en el ámbito rural. Por tanto, se trata de un programa “que merece muchísimo la pena porque está facilitando de manera muy eficaz la vida las familias, esencialmente a las mujeres”, ha aseverado.
Al respecto, Blanca Fernández ha recordado que las mujeres son quienes de forma mayoritaria asumen la carga de cuidados familiares y domésticos. De hecho, según el INE, las mujeres trabajadoras dedican cuatro horas al cuidado y educación de hijas e hijos frente a las dos que dedican los hombres, y emplean dos horas diarias a tareas domésticas y de cocina frente a una hora de los hombres. Otro dato ilustrativo es que, en 2022, según el Instituto de las Mujeres, el 93 por ciento de las personas que piden una jornada a tiempo parcial para cuidado de menores, adultos enfermos, personas dependientes o mayores, son mujeres. En términos absolutos, se traduce en que, de las 358.500 personas que solicitaron jornada parcial por este motivo, 333.200 son mujeres y 25.300 son hombres.
En definitiva, ha dicho la responsable de Igualdad, “es más que evidente que estos servicios de conciliación y corresponsabilidad tienen que tener perspectiva de género, es decir, que el objetivo sea trabajar en aras de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres”. Por tanto, ha continuado, es vital que se gestione por parte de las concejalías de igualdad “que ahora están en cuestión por mor de algunos pactos que se están produciendo después de las elecciones”, ha lamentado.
Para finalizar esta cuestión, Blanca Fernández ha recordado la positiva valoración que ha tenido este Plan por alcaldes y alcaldesas de todo signo político y por todas las familias. “Es evidente que hay que mantener el esfuerzo porque las familias puedan conciliar y porque las mujeres podamos conquistar lo que hay fuera de las cuatro paredes del hogar. Lo que no es razonable es que ahora se vuelvan a incluir las políticas de Igualdad en las concejalías de familia, como si el lugar de las mujeres volviera a ser, como ha sido siempre, únicamente la familia”, ha denunciado la consejera.
Detalles del decreto
Los ayuntamientos adheridos podrán subvencionar, como en anteriores ediciones, servicios de cuidados domiciliarios, y/o servicios de carácter colectivo que puedan prestarse en dependencias como colegios, escuelas infantiles, centros municipales, multiusos, polideportivos, ludotecas, centros de conciliación, entre otros. Los municipios que superen 30.000 habitantes deberán reservar al menos el diez por ciento del importe de la subvención a la puesta en marcha de servicios de cuidados domiciliarios.
Los perfiles que se podrán contratar para los servicios de carácter colectivo son técnica o técnico Superior en Educación Infantil, en Animación sociocultural y turística, en Enseñanza y animación socio deportiva y/o, en Integración Social; también auxiliar de Educación Infantil o de Jardín de Infancia, monitoras y monitores de ocio y tiempo libre. Para los servicios domiciliarios, además de estos perfiles, se podrán contratar personas habilitadas para la atención de menores en bolsas domiciliarias, esencialmente mujeres, en el marco del Plan Corresponsables.
Las mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género tendrán preferencia si tienen el perfil profesional del puesto de trabajo a cubrir. Cada entidad deberá reservar un mínimo del 15 por ciento de la cuantía asignada para la contratación de este colectivo, salvo que no exista un número suficiente de mujeres para alcanzar dicho porcentaje.
Las actuaciones se destinarán al cuidado de menores en familias con menores de hasta 16 años inclusive, y serán prioritarias las mujeres víctimas de violencia de género; las familias monomarentales y monoparentales; mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo; mujeres con acreditación del grado de discapacidad; mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.
Los gastos que podrán pagar los ayuntamientos serán los costes salariales y cotización empresarial a la Seguridad Social de personas que se contraten para los cuidados; costes salariales y cotización empresarial a la Seguridad Social de personas contratadas para la tramitación de los expedientes; costes referidos a limpieza, seguros y desplazamientos y a gastos de materiales, con un límite del diez por ciento.
Un total de 47 millones en tres ediciones
Blanca Fernández ha explicado que con los cerca de 14 millones de euros que se destinarán este año, en sus tres ediciones el Gobierno regional habrá destinado 47 millones al conjunto de este plan que también ha tenido especialmente en cuenta a los municipios pequeños y las zonas afectadas por la despoblación para favorecer la permanencia de familias y jóvenes.
“Prácticamente 50 millones de euros para atender, como decía, prácticamente a casi 60.000 menores, 40.000 familias, generar 3.500 empleos, el 80 por ciento femeninos y en el ámbito rural con un éxito tremendo. Y podemos decir que somos prácticamente la única región de España donde el 99 por ciento de los municipios que tienen más de 1.000 habitantes están adheridos al plan lo que es un motivo de orgullo y una política que hay que defender con uñas y dientes porque mejora la calidad de vida de las personas”, ha afirmado la consejera.
En la primera edición, 612 ayuntamientos se sumaron al plan, este año son 657, un aumento que indica su interés por un programa “muy bien concebido” que facilita mucho la vida a los consistorios, ya que cobran el 50 por ciento de la subvención según resuelve y la otra mitad antes del 31 de diciembre de 2023, teniendo hasta junio de 2024 para gestionarlo.
De los municipios de menos de 1.000 habitantes se han adherido 370 de los 583 que hay en la región; hay que tener en cuenta, ha especificado la consejera, que muchos de ellos no tienen menores y por tanto no se pueden sumar. De los que tienen entre 1.000 y 5.000 habitantes se han sumado al Plan 205 de los 208 que existen. De los que tienen entre 5.000 y 10.000 lo han hecho los 44 que existen. De los que tiene entre 10.000 y 30.000, se han adherido 25 de los 26 y de los más de 30.000 se han adherido los 13 existentes.
