El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado esta mañana, la aprobación “antes de que acabe el mes de marzo”, de la Ley que regulará los tiempos máximos de espera en la atención sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma a través de una legislación “que deje muy claro el tiempo que se puede estar en una lista de espera” en el sistema sanitario autonómico. El objetivo es, tal y como ha explicado, “meter en un carril de estabilidad, previsibilidad y organización al sistema sanitario”.

Así lo ha puesto de relieve durante la visita que ha realizado al Centro de Especialidades, Tratamiento y Diagnóstico (CEDT) de Ocaña, en la provincia de Toledo, instantes después de visitar, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el nuevo TC que, según ha avanzado García-Page, va a permitir “doblar la capacidad de atención a esta comarca”. De igual modo, ha subrayado que este centro ha ampliado recientemente su cartera de servicios con la prestación de servicios de ‘Ginecología y Reumatología’, ha detallado.

En este marco, y con la convicción de que “en los próximos años vamos a seguir invirtiendo”, en la Sanidad castellanomanchega, García-Page se ha referido a esta ley como una “gran referencia en la siguiente legislatura” para “recuperar, mejorando” la regulación “que tuvimos en el pasado y que también pereció con los recortes”, ha recordado.

Asimismo, ha subrayado que “nos queremos poner el listón muy alto” en este ámbito, ya que “es lo mínimo que nos debemos” por lo que “va a ser una legislación más ambiciosa” debido al “nivel de servicios” adquiridos en los últimos años. “Cuando decimos que la salud es lo primero no es un problema de mítines políticos, es una prioridad social”, ha recalcado.

En favor de un “acuerdo de país” por la Sanidad

Durante su alocución, Emiliano García-Page ha remarcado que “la inversión en Sanidad tiene que crecer en los próximos años”, por lo que “merece la pena que haya un gran acuerdo de país, de Estado, al menos para los servicios sanitarios”, ha puntualizado. En este sentido, ha abogado por que “no se premie al que no gasta” o “al que hace demagogia con el gasto sanitario” y que “se compense a los que hacemos esfuerzos”, ha manifestado.

“Cuando tomé posesión como presidente había más médicos que ahora pero en el paro”, ha ironizado en alusión a la situación actual en la que el “problema es diferente” ya que a “todo el que se titule le contratamos”. A este respecto, ha considerado que “no se puede confundir una crisis con otra” en alusión a quienes quisieron convertir a la Sanidad “en la culpable de la crisis”, cuando en realidad “fue víctima de políticas despiadadas que aprovecharon la crisis para cebarse con la Sanidad”, ha relatado.

“Nosotros hemos dedicado nuestra autonomía a esto, a la sanidad y a la educación” y no a “hacer partidismo del barato con los servicios públicos”, ha concluido en una comparecencia en la que también ha estado acompañado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.

La diferencia entre “desalación” y “desolación”

En otro orden de asuntos, y aludiendo al origen canario de la ministra Darias que será candidata a la alcaldía de Las Palmas, el presidente castellanomanchego se ha referido a la “desalación”, muy extendida en el archipiélago donde “hace mucho tiempo que bebéis desalando el agua del mar”, una práctica que tendrá que extenderse, en el futuro, a otras regiones de España debido a las consecuencias del cambio climático, ha considerado.

“Aquí vivimos en el centro de España, Ocaña está en el corazón de España, aquí la falta de agua equivale a desolación, además no tenemos posibilidad de desalación”, ha expuesto. “No tenga nadie duda ninguna de que si Castilla-La Mancha tuviera salida al mar, predicaría con el ejemplo pidiendo inversiones al Estado para poder utilizar un recurso inmenso como es el mar”, ha concluido.

 El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan nacional de vivienda específico para zonas despobladas.

Martínez Guijarro, que ha intervenido en la ponencia inicial de la jornada ‘Las ciudades intermedias como clave del desarrollo sostenible y cooperación urbano-rural’, en Talavera de la Reina, ha señalado la “paradoja” de que en los pueblos hay viviendas vacías, pero que no están disponibles para aquellos que se quieren instalar en estos municipios. Asimismo, ha recordado que en este ámbito, el de la vivienda, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha las deducciones fiscales por compra y rehabilitación de inmuebles en zonas despobladas.

El vicepresidente autonómico ha estado acompañado en la apertura de la jornada por la alcaldesa de Talavera de la Reina y presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha, Tita García Élez; el secretario general de Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Paco Boya; y la diputada de Toledo y alcaldesa de Alcaudete de la Jara, Cristina Cebas.

En este ámbito, ha insistido que Gobierno regional está desarrollando una iniciativa pionera para rehabilitar viviendas en desuso de titularidad municipal y su posterior puesta en alquiler, que va a contar con una inversión de un millón de euros y que beneficiará a un total de siete municipios, como son Alcalá del Júcar, Ballesteros de Calatrava, Cardenete, Almodóvar del Pinar, El Recuenco, Peñalén y Los Navalmorales permitiendo la rehabilitación de once viviendas.

Durante su intervención, Martínez Guijarro ha destacado la importancia del transporte como servicio esencial que permite a los habitantes de las zonas afectadas por despoblación poder acceder a los servicios públicos. Para ello, ha dicho, en la región se ha puesto en marcha el transporte sensible a la demanda, “donde no hay rutas establecidas, sino que va en función de las necesidades de los usuarios”. Un servicio ya operativo en la serranía de Cuenca, que llegará en unas semanas a la comarca del Campo de Montiel y, posteriormente, a Guadalajara.

Se trata, tal y como ha señalado, de un ejemplo de medidas novedosas que ha puesto en marcha el Gobierno regional y que sitúan a Castilla-La Mancha como región pionera y “referente” en la lucha contra la despoblación. Una lucha en la que destacado los hitos de la acción del Ejecutivo de Emiliano García-Page desde el 2015 para hacer frente a la pérdida demográfica en las zonas rurales, tales como la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación, primera ley en incluir una fiscalidad diferenciada para los residentes en zonas despobladas; su principal herramienta de aplicación, la Estrategia Regional contra la Despoblación; así como la incorporación en el Presupuesto autonómico para el 2023 de la memoria de impacto demográfico, donde se recogen los más de 1.700 millones que se destinan a políticas referidas a la despoblación y que supone el 3,6 por ciento del PIB regional.

Medidas pioneras en las que la Comisión Europea se ha interesado y que han despertado el interés de sus representantes. Tanto así que, tal y como ha avanzado, el Gobierno regional está preparando la visita de la comisaria europea de Reto Demográfico, Dubravka Šuica, a la Comunidad Autónoma para que comprobar in situ la implementación de las medidas contra la despoblación que se vienen aplicando en Castilla-La Mancha.

Las ciudades intermedias, clave en la lucha contra la despoblación

La jornada celebrada hoy está organizada por la Secretaría de Estado de Reto Demográfico, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la FEMP de Castilla-La Mancha. Aborda el reto demográfico centrándose en ciudades intermedias, las cabeceras de comarca, que plantea como “nexos clave” para el desarrollo sostenible y la distribución de servicios y oportunidades.

A lo largo de todo el día y a través de varias mesas y ponencias, se va a debatir acerca de las necesidades de los territorios para mejorar su vertebración a través de reformas institucionales y normativas, toda vez que quiere servir para plantear una hoja de ruta de cara a la Presidencia Española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado la “decisión histórica que tomó ayer el Gobierno de España aprobando el Plan Hidrológico del Tajo que va a establecer por primera vez un caudal ecológico mínimo para el río que mejore su biodiversidad”.

Así lo ha manifestado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, durante la firma del acuerdo de colaboración que se ha llevado entre la Consejería y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la CHT, para reforzar la labor de educación ambiental del centro de interpretación de Zaorejas, en el Parque Natural del Alto Tajo. En la jornada de educación ambiental celebrada hoy han participado junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; y el presidente de la CHT, Antonio Yáñez.

Escudero ha resaltado que “es un día de gran satisfacción para el futuro de la región y para el del río Tajo pues se reconoce el gran trabajo llevado a cabo desde la sociedad castellanomanchega para salvaguardar el futuro del río y de los municipios de sus áreas de influencia. Y, sobre todo, tal y como llevamos reclamando desde hace muchos años, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, con nuestro presidente García-Page a la cabeza, avalados hasta por cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas. Se hace justicia”.

El consejero ha subrayado que el establecimiento de los caudales ecológicos beneficiará tanto a los pueblos ribereños de Guadalajara y Cuenca de la cabecera del río, como en su tramo medio, y a las grandes ciudades por donde transita como Toledo y Talavera, “por eso, tal y como puso ya ayer en valor nuestro presidente, se reconoce nuestro trabajo; y Castilla-La Mancha con esta decisión extraordinaria, sale reforzada”.

Así, ha concluido agradeciendo al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “el compromiso y la firmeza que ha demostrado el Gobierno de España pese a las presiones recibidas desde diferentes sectores”; y ha solicitado al Partido Popular de Castilla-La Mancha y a su presidente, Francisco Núñez, “que abandone definitivamente las posiciones trasvasistas que defiende alineadas con los intereses del Levante y se ponga del lado de la ciudadanía castellanomanchega que ha luchado firmemente por recuperar un río Tajo vivo”.

Educación ambiental a través de la cuenca del Tajo

Escudero ha explicado que a través del Centro de Interpretación de Zaorejas, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de la CHT, se van a llevar a cabo diferentes actividades de educación ambiental encaminadas a conocer las singularidades de un espacio natural protegido tan importante para Castilla-La Mancha como es el Parque Natural del Alto Tajo.

Estas actividades consistirán en dar a conocer a los visitantes del Centro de Interpretación la Reserva Natural Fluvial del Parque Natural, favoreciendo la difusión de los valores ambientales (geológicos, florísticos y faunísticos), etnográficos y su relación con el medio hídrico de la cuenca, resaltando la singularidad de su cabecera (Alto Tajo), “para ello, vamos a trabajar de forma coordinada con el Ministerio”, ha manifestado Escudero.

Gestión forestal sostenible en los montes del Alto Tajo y el ciclo hidrológico

Posteriormente, acompañados por la alcaldesa de Peñalén y presidenta de la Mancomunidad, Esther Rubio, han visitado la zona de montes públicos de la Mancomunidad del Alto Tajo donde se están llevando a cabo trabajos de aprovechamiento de madera.

En febrero de 2022 se llevó a cabo la primera venta de madera por parte de la Mancomunidad, “un modelo de gestión conjunta que está siendo supervisado y pilotado por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, que ya está empezando a dar los primeros y positivos resultados”, ha indicado el consejero. “El objetivo es dar un impulso a la gestión forestal de forma activa, dando mejor respuesta en el mercado por la oferta conjunta y obteniendo mayores beneficios para los ayuntamientos”.

Además, como ha explicado, “se realiza sobre montes certificados con el sello de gestión forestal sostenible más exigente, como es el de FSC, que va a conferir mayor calidad y reconocimiento de esa madera y de los productos derivados en el mercado”.

“La conexión entre el ciclo hidrológico y las masas forestales es fundamental y cobra especial sentido en las cabeceras hidrográficas como el Alto Tajo, ya que no habría cantidad y calidad de agua en esta zona sin unas masas forestales en estado óptimo, como las que estamos gestionando desde el Gobierno regional. Apostamos por la conservación y mejora del parque natural, por una gestión forestal sostenible que garantice el aprovechamiento y la conservación de los productos y servicios ecosistémicos de estos montes”, ha apuntado José Luis Escudero.

Más de 40.000 visitantes al Alto Tajo

El consejero ha recordado que el parque natural cuenta con cuatro centros de interpretación (Dehesa de Corduente, Sequero de Orea, Río Tajo en Zaorejas y el Museo de la ganadería tradicional en Checa) y tres puntos de información (Ocentejo, Peralejos de las Truchas y Poveda de la Sierra). Se estima que en 2022 visitaron el espacio protegido en torno a 40.000 personas, de los que 7.000 pasaron por estas infraestructuras de información y divulgación. Además, en torno a 500 personas participaron en las 32 actividades propuestas por el parque en su programa de actividades a lo largo de la primavera, verano y el otoño.

Durante la jornada, se han dado cita también el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero; así como los delegados provinciales de la Junta en Molina de Aragón, José Antonio Herranz; y de Desarrollo Sostenible, José Luis Tenorio; así como distintos alcaldes y alcaldesas del Alto Tajo y técnicos del parque natural.

La directora general de formación Profesional, Mayte Company, ha detallado que 28 entidades y asociaciones de la Comunidad Autónoma han realizado diferentes aportaciones al nuevo Decreto de la Inspección de Educación que en estos momentos prepara el Gobierno de Emiliano García-Page. 

Según ha detallado Company, de esas aportaciones, que han sido recibidas luego de un proceso de participación que se extendió entre el 23 de diciembre y el 9 de enero, han sido tenidas en cuenta un total de diez, las cuales iban enfocadas a temas como la educación inclusiva, la transparencia y el impacto en la gestión de actuaciones relacionadas con la evaluación.

Cabe señalar que el decreto en cuestión pretende regular la ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma acorde a la normativa vigente; es decir, a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que fue modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.

Todo esto lo ha adelantado la directora general de Formación Profesional, Mayte Company, antes de la inauguración de las ‘Jornadas Intermedias: La orientación profesional desde la FP Dual y la Inspección de Educación’, un acto que también ha contado con la participación de la inspectora general de Educación, Silvia Moratalla; y del delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, entre otros asistentes.

En sus declaraciones, Mayte Company ha explicado que estas jornadas “pretenden formar a los inspectores de la región en la supervisión de la orientación profesional que se da en los centros educativos, con el objetivo de que los responsables encargados de esta función desarrollen, además de la orientación académica, otras vertientes de la misma como la profesional, la laboral y la vocacional en el alumnado con la finalidad de que esté capacitado para definir su propia carrera profesional”.

La orientación profesional desde la FP Dual y la Inspección de Educación

Las jornadas, que se están celebrado en Guadalajara entre los días 25 y 26 de enero, y que han sido organizadas por el Servicio de Inspección y el Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), están enmarcadas en el III Plan de impulso a la Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

Pretenden evaluar el cumplimento de las funciones que la normativa atribuye tanto a los responsables de los centros educativos como a los orientadores. También buscan supervisar el acceso del alumnado y las familias a los recursos de orientación y asesorar a los responsables de la orientación y equipos directivos, procurando potenciar actuaciones que faciliten la calidad en la orientación profesional.

En su seno ha participado la totalidad del Servicio de Inspección de Castilla-La Mancha, 101 inspectores, además de importantes personalidades del mundo de la educación como la subdirectora general de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, María Asunción Manzanares; o el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Marius Martínez; entre otros.  

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comparecido en rueda de prensa desde la sede de su Gobierno en la capital toledana arropado por la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y las alcaldesas de Talavera de la Reina y Toledo, Tita García Élez y Milagros Tolón, para celebrar la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el Plan del Tajo incluyendo los caudales mínimos al alza en tres puntos del curso medio que permitirán reducir el agua trasvasada al Levante.

García-Page ha celebrado una decisión «histórica» que significa «muchas cosas, y una fundamentalmente, y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con directivas europeas y sentencias judiciales que el Tajo tenga un caudal mínimo».

Para el presidente, «sonroja» que este río fuera el único de Europa sin este caudal mínimo, pero hoy «empieza a acabar», si bien esto no es «el final de todo».

«Hoy empieza a cambiar de color y tendencia la humillación del Tajo, de las tierras que baña y de su población. Este acuerdo es la ejecución consensuada de las sentencias que han costado años de esfuerzo y perseverancia», ha indicado.

Ha sido en este punto en el que ha recalcado que siempre ha abogado por defender los intereses de Castilla-La Mancha «por encima de los intereses de cualquier partido político», incluso del PSOE.

En tono crítico, ha recordado que en el pasado hubo políticos que aplicaron «golpes» a esos intereses castellanomanchegos.

Ahora, la decisión del Consejo de Ministros «debería hacer avergonzarse a muchos de los que han calificado a esta lucha como humo, como mentira, como una coartada electoral».

Eso, que «duele mucho», además «tiende a ser creído», según el presidente, que ha recordado que en la legislatura en la que el PP gobernó en la Comunidad Autónoma no recurrió ni uno solo de los trasvases autorizados.

Según ha abundado, al PP le sería «muy útil» pedir disculpas. «No lo pido, ni lo quiero plantear. Simple y llanamente lo reflexiono».

La situación en el Levante es «tan necesaria» que no deja de ser «un problema nacional» y España, con dinero para desalación, tendrá que dar solución y acompañar a la población a «encarar el futuro que viene».

Pero, es «evidente» para García-Page, la solución a un problema de una parte de España «no se le puede exigir permanente y exclusivamente a otra parte».

Y para eso, Castilla-La Mancha «empujará para un acuerdo de Estado que dé solución a los problemas y eviten los conflictos».

«El Tajo desemboca en el Atlántico. Esto pone de manifiesto que no puede desembocar en dos sitios. Si entre todos nos esforzamos, creo que podremos encontrar mecanismos para que en el medio plazo haya soluciones que, costando dinero y esfuerzo, puedan conciliar mejor que lo que ha hecho el trasvase de la época de Franco», ha indicado.

AGRADECIMIENTOS AL GOBIERNO

Por contra, ha celebrado que el Gobierno de la Nación y el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera hayan llevado a cabo todos los procesos necesarios hasta llegar a esta celebración.

Tanto la ministra como el propio Pedro Sánchez «siempre han dejado claro que en su interés estaba preservar la gestión agrícola en el conjunto del Levante español», si bien «es evidente que con medios diferentes y con una base absolutamente diferenciada de lo que ha sido siempre tradicional».

«La salida cómoda de quitar agua a la España seca y que además no tiene salida al mar para dársela a la España seca que tiene salida al mar» ha sido lo habitual hasta ahora, pero en este caso Castilla-La Mancha «se ha ganado un suelo para el acuerdo». Eso sí, «aquí no acaba todo», ya que no sobra el agua, «más bien al contrario».

Ha hecho extensivo su agradecimiento a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que han aportado los datos desde el punto de vista de «los que tienen que cuidar del río».

El «hecho elemental» es que el Tajo «necesita agua» y que el cambio del clima precisa «ser generosos» con el agua que hay en disposición, si bien Castilla-La Mancha «va a seguir siendo solidaria» pese a que se cambie la forma de gestionar el agua.

DOS REFLEXIONES PARA ACABAR

Para concluir, ha reparado en que después de 15 años de pelea han sido sentencias judiciales las que han impuesto cumplir con caudales mínimos, lo que no quiere decir que «el mínimo sea el máximo».

A esto, ha sumado que, «frente al ruido, todo aquél que se quiera acercar, tendrá espacio para llegar a consensos en el futuro en cuanto a la gestión del agua en España», si bien serán consensos que «no partirán de la nada, sino de una base sólida».

Cimientos conseguidos «a base de pelear» desde Castilla-La Mancha hasta esta aprobación por parte del Consejo de Ministros.

MARTÍNEZ ARROYO

De otro lado, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que desde Castilla-La Mancha hoy es «un día muy feliz», al tiempo que ha apuntado que la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha pasa por muchas cosas, entre otras, garantizar su futuro. «Y el futuro de la gente de Castilla-La Mancha pasa sin duda por el acceso al agua», ha dicho.

«Hoy se han reconocido los derechos de la España interior, de eso que representa Castilla-La Mancha, esa España muchas veces olvidada en la toma de decisiones», ha añadido el titular de Agua en la región.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno de España ha aplicado cinco sentencias del Tribunal Supremo y ha dejado a los técnicos que establezcan los caudales ecológicos, que, según ha señalado, se van a alcanzar de manera progresiva para facilitar la puesta en marcha de la desalación en el Levante.

Para ello, ha afirmado, se van a invertir mas de 800 millones de euros en mejorar la desaladoras, aumentar su capacidad e interconectarlas, «de manera que las desaladoras sean la solución para el regadío en el Levante». «Parece una solución lógica», como también lo es –ha abundado– la inversión de más de 1.000 millones de euros en la depuración de las aguas residuales de Madrid.