Carmen Quintanilla Barba
(Presidenta nacional de AFAMMER)

  
En 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) declaraba el 22 de marzo como Día Mundial del Agua con el objetivo de “promover entre el público la conciencia de la importante contribución que representa el aprovechamiento de los recursos hídricos al bienestar social, así como su protección y conservación, con respecto a la productividad económica”.

   Hoy volvemos a celebrar esta conmemoración desde el convencimiento de que el agua es propiedad de todos, de los que la pueden pagar y de los que no y de que todos somos responsables de hacer un buen uso de este recurso que, aunque renovable, es cada vez más limitado. El agua es un recurso esencial para el ser humano, sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo.

  
En un día como hoy debemos recordar que el agua es uno de los elementos indicadores de las abismales diferencias que siguen existiendo entre los países más avanzados y los menos desarrollados, entre sociedades ricas y pobres. De hecho, todavía un 18% de la población mundial no tiene acceso al agua potable y el 40% carece de redes de saneamiento básico, es decir, mil millones de personas en el mundo, fundamentalmente en el continente africano, no tienen acceso al agua potable, abasteciéndose de forma directa de charcas, ríos y pantanos insalubres y 2.400 millones de personas no cuentan con un acceso adecuado a un sistema de saneamiento básico. Enfermedades relacionadas con estas carencias como la diarrea infecciosa causa al día 6.000 muertes y cerca de 2 millones al año, en su mayor parte niños menores de 5 años. La escasez de recursos económicos desemboca en la ausencia de las infraestructuras necesarias y fundamentales para que gran parte de la población mundial pueda acceder al líquido y vital elemento.

  
Y, de nuevo, como ya he dicho en numerosas ocasiones, la pobreza vuelve a tener cara de mujer también en lo que respecta las carencias hídricas. Según el último boletín del Portal del Agua de la UNESCO, cientos de mujeres y niñas en África emplean más de 8 horas diarias en recorrer entre 10 y 15 kilómetros para recoger agua y en cada trayecto transportan entre 15 y 20 litros. En Egipto, un 30% de las mujeres caminan más de 1 hora al día para satisfacer las necesidades relacionadas con el agua. El 70% de las personas ciegas del mundo son mujeres que han sido infectadas, de forma directa o a través de sus hijos, por el tracoma, una infección bacteriana ocular que se produce en comunidades con acceso limitado al agua. En África, el 10% de las niñas en edad escolar no van a la escuela durante la menstruación o abandonan los estudios en la pubertad por la ausencia de instalaciones sanitarias limpias y privadas en las escuelas. Pero el papel y la relación entre agua y mujer va más allá puesto que la mayor parte de los alimentos que se producen en el mundo son cultivados por mujeres agricultoras, fundamentalmente en los países del África Subsahariana aunque el porcentaje de tierras irrigadas es tan sólo del 13%.

  
Ya en 1995 el lema del Día Mundial del Agua se dedicó a la mujer y desde hace algunas décadas las mujeres africanas se han implicado en los proyectos relacionados con el abastecimiento de agua o redes de saneamiento y en algunos países de este continente las mujeres influyen a la hora de que las autoridades locales adopten medidas en materia hidráulica siendo ellas las que deciden, incluso, cuándo y dónde excavar nuevos pozos.

  
A la luz de estos datos, me sumo al llamamiento realizado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en su declaración de hoy en cuanto a que la mujer tenga presencia y participación efectiva en los ámbitos donde se toman decisiones sobre cómo usar y gestionar el agua en estos países como principales afectadas y conocedoras de los problemas hídricos que sufren sus pueblos y que ellas viven en primera persona. El camino ya se ha iniciado, pero es preciso seguir potenciando el papel fundamental que debe jugar la mujer en el futuro desarrollo de sus pueblos.

  
Desde estas líneas quiero también expresar mi compromiso como parlamentaria y como presidenta de una organización no gubernamental para que las mujeres de los países en desarrollo puedan conseguir un derecho fundamental como es el acceso al agua potable y a los saneamientos básicos que permitan mejorar su calidad de vida y, por extensión, la de sus familias y sus comunidades porque el agua no es sólo derecho de aquellos que, afortunadamente, la podemos pagar sino que es un recurso natural del que debemos beneficiarnos todos desde los principios de responsabilidad y sostenibilidad.

José Luis Martínez Guijarro (consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural)

  
Hoy, 21 de marzo, celebramos el Día Mundial Forestal, conocido popularmente como Día del Árbol, fecha acordada en 1971 de forma unánime por todos los Estados miembros pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y que reviste una especial relevancia por ser el primer día de Primavera en el Hemisferio Norte y de Otoño en el Hemisferio Sur.

  
Es un día especialmente señalado para la toma en conciencia, de manera universal, de los graves problemas que afectan al Medio Ambiente Mundial, y especialmente la desaparición de las grandes superficies forestales que pueblan nuestro Planeta.

  
Anualmente perdemos más de 14 millones de hectáreas de bosques, y la mitad de los que una vez cubrieron la Tierra han desaparecido. Actuaciones como la extracción de madera, las grandes obras públicas, los usos abusivos de la agricultura y la ganadería, el incremento de la población mundial o el cambio climático han permitido que más de 76 países hayan perdido la totalidad de sus bosques primarios, acciones que ponen de manifiesto la amenaza constante y excesiva a que estamos expuestos todas las especies animales y vegetales, sin excepción, advirtiendo de causas imprevisibles para el desarrollo vital si no les ponemos freno.

  
Los bosques proveen a todos los pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales, contribuyendo a la seguridad de la alimentación, del agua y del aire, así como a la protección del suelo, favoreciendo el desarrollo sostenible. Su destrucción es una de las pruebas más patentes de inconsciencia y egoísmo del ser humano, pues impedimos el derecho a disfrutar de un patrimonio natural, del que no somos propietarios, a generaciones presentes y venideras.

  
En la conservación del Medio Ambiente cuentan todas las acciones, por pequeñas e insignificantes que nos puedan parecer. La celebración del Día ha de ser una toma en consideración integral acerca de la situación real en que se encuentra nuestro Medio Natural, una puesta en práctica de nuestros valores más solidarios, revelando el grave deterioro que están sufriendo nuestros ecosistemas.

  
Nuestra conmemoración debe servir de ejemplo a quienes nos acompañan diariamente, contribuyendo a generar un posicionamiento responsable y sostenible, motivando actuaciones respetuosas con el Medio Ambiente.

  
El caduco devenir que son nuestras vidas nos mueve a que nuestras acciones se conviertan en nuestro mejor legado, en los elementos a recordar por quiénes vendrán en el futuro, y hacia los que debemos dirigir nuestras actuaciones, demostrando que un futuro mejor y más acorde con la sostenibilidad es posible. Por ello, cualquier iniciativa en esa línea evidenciará nuestra calidad personal.

  
Hagamos un esfuerzo y pensemos que nuestro Medio Ambiente, lejos de ser una herencia que hemos recibido de nuestros antepasados, es un préstamo realizado por nuestros descendientes para que cuidemos de él hasta que ellos puedan responsabilizarse de su custodia. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, por ello no podemos defraudarles destruyendo aquello que nos han confiado.

  
Participad en las distintas actividades que, con tan honroso motivo, se llevarán a cabo en las localidades de nuestra región, sed ejemplo de tolerancia y solidaridad, y pensad que hoy es el primer día para construir el mejor futuro para nuestros descendientes.

Felipe Medina Santos

   Muchos de nosotros no tenemos el poder, pero tenemos la razón. Y la razón importa, la razón pesa, la razón duele o reconforta, la razón compromete. Y ese compromiso no se puede negociar, el nombre de la razón sólo puede pronunciarse de una manera. Por eso, creo que no debemos pedir, no debemos exigir, ni siquiera negociar, sino afirmar.

   Porque tenemos la razón, no estamos dispuestos a volver a la caverna, al espacio húmedo y tenebroso, oscuro y frío, atemorizado y seco, donde ya ha sucedido la infancia de demasiados niños, de demasiadas niñas, demasiadas veces, durante demasiados siglos, en este país nuestro donde el progreso sigue siendo un milagro frágil y azaroso, y el simple respeto un valor revolucionario.

   Con ello quiero recordarme que la batalla por la civilización, el único concepto del término “civilización” que sigue estando vigente a estas alturas de la Historia es larga y dura, áspera y trabajosa. Pero no, eso nunca, superior a nuestras fuerzas. Porque la escuela pública mixta, laica, gratuita, obligatoria, igualitaria y de calidad es el primer peldaño de la civilización, y cada uno de esos conceptos, cada uno de esos adjetivos, cada una de esas reivindicaciones, nos carga de razón.

   Otros hablan de la Verdad. Una Verdad Suprema, que se escribe con mayúscula porque, al parecer, es el nombre propio de Dios, que, al parecer, es el nombre propio de algo. Una Verdad que pretende suplantar y anular otras verdades que, dando sentido a conceptos como la Libertad, la Igualdad y la Justicia, alientan con mayúscula en nuestra conciencia, una Verdad que desprecia las leyes del conocimiento y de la historia para remontarse a la bruma glacial, pantanosa y preternatural donde se originaron el miedo y la superstición, la desigualdad y la humillación, como atributos humanos.

  
No voy a hablar de la verdad, ni de eso que los redivivos soldados de Cristo que escriben artículos de opinión en ciertos periódicos llaman el Derecho Natural, todo por supuesto con sus preceptivas mayúsculas aunque a ningún jurista mínimamente sensato se le haya ocurrido volver a invocarlo desde el siglo XVIII para acá. Porque a mí me interesan más los derechos con minúscula, y entre ellos, el que puede poner en nuestras manos la oportunidad modestamente histórica de impulsar la modernización, incluso la normalización, de nuestro país. Es de eso de lo que estamos hablando al exigir un modelo laico para la escuela pública.

  
Porque éste, que se llama España, es nuestro país, también nuestro país. Esta aparente obviedad deja de serlo en un momento como éste, en el que los voceros de la derecha en general y de la Iglesia en particular vuelven a invocar la Verdad y el Derecho con mayúscula, la tradición, sin aclarar que hablan exclusivamente de la suya, y hasta el espíritu nacional aquél que nos enseñaban en el colegio, para comportarse como si ellos fueran los propietarios de este país y nosotros unos pobres desgraciados que estamos aquí realquilados con derecho a cocina. Y lo peor no es eso. Lo peor es que consiguen que una amplia parte de la opinión pública se lo crea, y cuando se plantea, como en estos momentos, una cuestión tan elemental como la conveniencia de separar la Iglesia y el Estado, hay demasiada gente que se lleva un susto y utiliza la palabra “provocación” como arma arrojadiza. ¡Y ya está bien!. Ya está bien de manipulaciones, ya está bien de falsos victimismos, ya está bien de que los auténticos provocadores reciban con una mano dinero del Estado que sostenemos todos los españoles excepto ellos, y con la otra, abierta, insinúen gestos ambiguos, a medio camino entre la petición de limosna y la amenaza. Para mí, desde luego, ya está bien.

  
Los que nos sentimos así, representándonos a nosotros mismos y a bastantes millones de españoles más, somos miembros de la sociedad civil que ganó las elecciones generales el 14 de marzo de 2004. Y desde esa posición, desde esa convicción, y me atrevería a decir que desde ese derecho, debemos reclamar al Gobierno que surgió de esas elecciones no valor, porque el valor sobra, o al menos debería sobrar, cuando el poder se ejerce democrática y legítimamente, pero sí lealtad consigo mismo, y tanto a nosotros como a sus miembros, sangre fría, inteligencia y firmeza. Porque nosotros no somos los provocadores. Nosotros somos los que tenemos razón, y la razón es la única verdad que no necesita mayúsculas para perdurar. La nuestra es una razón antigua, además.

   Una razón que está en el origen de la mejor tradición que ha generado jamás este país. Una razón que situó a España por primera y única vez en muchos siglos a la cabeza del progreso de las naciones. Esa es mi tradición, la única en la que quiero reconocerme, la única a la que pertenezco. Educación, educación y educación. Este lema de la España republicana, laica e institucional, que se volcó con todo lo que tenía y aun con lo que le faltaba, en la tarea heroica, admirable, de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de aquel país que sigue siendo éste, por el procedimiento de erradicar su ignorancia, es una tradición indiscutible, hasta castizamente española. Tan española como la estampa sombría del acuerdo que un Estado ilegítimo, que ya no existe, firmó con una Iglesia que, a pesar de eso, sigue reivindicando su vigencia con un ardor que parecería digno de mejores propósitos en el mundo atrozmente cruel y convulso en el que vivimos. Porque no está de más recordar que los sucesivos acuerdos con el Vaticano, en esencia sólo renovaciones automáticas del Concordato , no son ni siquiera anticonstitucionales. Son preconstitucionales, lo que parecería un chiste si no fuera un disparate y aún más, el condenado dinosaurio que contemplamos cada mañana al despertar.

  
Y sin embargo, ahora tenemos una oportunidad para poner cada cosa en su sitio. La Iglesia en el alma de sus fieles, la escuela pública en la vanguardia de la sociedad, el conocimiento humanista y científico en las aulas, las verdades con mayúscula fuera del debate político. La escuela es un lugar para saber y no para creer.

  
Creamos en la escuela, en la educación pública, para poder creer en nosotros mismos, en lo que España es y en lo que fue, en lo que pudo ser, y en lo que será si no olvidamos que tenemos la razón, y que la razón importa, la razón pesa, la razón duele o reconforta, y la razón compromete.

  
Y que ese compromiso no se puede negociar porque el nombre de la razón sólo puede pronunciarse de una manera.

Clara Anguita (Presidenta Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos)

   Tras casi seis años de trabajo consensuado entre Constructores, Arquitectos y Aparejadores y otros colectivos implicados, este 17 de marzo, se aprobó definitivamente el Código Técnico de la Edificación. El colectivo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos estábamos esperando con ansiedad la publicación del CTE, por lo que, para nuestra profesión, es un momento histórico. Ahora, con la aprobación de CTE se ha sustituido una normativa que ya llevaba en vigor más de 30 años. Era hora de adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas.

   Desde la entrada en vigor en junio del año 2000, la Ley de Ordenación de la Edificación, el Gobierno tenía 2 años de plazo para aprobar el Código Técnico. En el año 2002, el Ministerio de Fomento presento el proyecto del CTE con casi 3.000 alegaciones.

   El documento es complejo, tan sólo si hablamos de su extensión, tiene cerca de 4.000 páginas. Lo que supone una revolución en el sector de la construcción. Se trata de una normativa que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque no será obligatorio su cumplimiento hasta marzo de 2007.

  
Las exigencias derivadas del cumplimiento del CTE supondrán aproximadamente un aumento de los costes de construcción del orden del 3-5 %, cuya repercusión en el coste final no sería más del 1%. Pero hay que considerar que este aumento en el control de calidad durante la ejecución supondría una reducción de cerca de un 10% de los daños de ejecución. Según datos obtenidos recientemente, cerca de 12.000 millones de euros al año son los costes de los daños provocados por la falta de calidad en la construcción.

Estructura del Código Técnico

El código consta de dos partes bien diferenciadas:

   Una primera parte donde se determinan las disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas a cumplir por los edificios, documentos del proyecto, etc

  
Y una segunda formada por los Documentos Básicos (D.B.) , que recogen las exigencias básicas que deben cumplir todo edificio en seis apartados: Seguridad en caso de Incendio, Seguridad de Utilización, seguridad estructural.-Fábrica , Habitabilidad-Salubridad , Habitabilidad-Ahorro de Energía y Seguridad estructural.

  
La primera parte del Código, que entra en vigor inmediatamente, mientras que los D.B. tienen un plazo de moratoria para la exigencia en su aplicación. Durante ese periodo se podrá aplicar voluntariamente, estando en vigor todavía la normativa actual.

  
El Código Técnico de la Edificación en desarrollo de lo preceptuado en la LOE y que:

• Establece los requisitos básicos que han de cumplir los edificios en lo relativo a seguridad y habitabilidad (excluyendo la funcionalidad).

• Proporciona a través de los Documentos Básicos del Código los procedimientos que aseguran su cumplimiento.

¿En qué van a cambiar las cosas?

En las cuestiones contempladas por el Código hay dos aspectos:

a) La realidad de lo que se proyecta y ejecuta.

b) La forma de justificarlo.

   El CTE incluye entre sus muchas novedades aspectos tan relevantes como la incorporación al documento de un nuevo DB relativo a las estructuras de madera y su seguridad, o a la seguridad estructural de los cimientos, con especial incidencia del estudio geotécnico.

   Como innovaciones en los sistemas constructivos quedan reflejadas la fábrica armada, la protección frente al rayo, las humedades de condensación, los paneles solares o las ventanas transpirables, entre otros, lo que abre las puertas a la innovación y amplía la gama de soluciones.

   En referencia a los nuevos parámetros de habitabilidad se contemplan la resbaladicidad en los suelos, asociada a su resistencia al deslizamiento, y la discontinuidad del pavimento. Asimismo, se incluyen la ventilación en relación con la mejora de la calidad del aire estableciendo la ventilación mixta en cuartos húmedos con caudales mínimos, o criterios de accesibilidad.

El ahorro de energía, el aspecto más destacado.-

  
El ahorro de energía aparece como la innovación más relevante del CTE, en consonancia con el Ministerio de Vivienda. Así, se limita la demanda energética de los edificios en función de la zona climática de la localidad y del uso de sus espacios.

   Se desarrollan herramientas complejas, pero se establece una opción simplificada como limitar la demanda energética de forma indirecta, las humedades de condensación, las infiltraciones de aire en huecos y lucernarios, y la transmisión de calor de zonas calefactadas a zonas comunes no calefactadas. Es decir, es bastante incisivo en el tema de evitar pérdidas o ganancias de calor.

  
Fomenta también el uso de energías renovables, de manera que los edificios con previsión de demanda de agua caliente o de climatización de piscina cubierta, una parte de las necesidades energéticas se cubrirán mediante energía solar.

  
En lo tocante a salubridad, se incorpora el diseño de protecciones contra la penetración de la humedad de capilaridad o de filtración, la eliminación de residuos, la calidad del aire interior, el suministro de agua de forma sostenible o la evacuación de las aguas residuales.

  
Como profesionales estamos inquietos ante la nueva normativa y sabemos que nos enfrentamos al reto de reciclar nuestra formación en poco tiempo.

   El Colegio de Aparejadores quiere ofrecer todos los medios para que la formación y difusión sea de la mejor y la más rápida manera posible.

   Estamos trabajando para organizar en los próximos meses cursos y jornadas para profundizar conocimientos en los aspectos de este nuevo marco normativo. Al igual que estamos preparando artículos y documentación técnica para facilitar su conocimiento.

   Como por ejemplo, el próximo 4 de abril celebramos la jornada de “Presentación del Código Técnico” en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

   Como resumen final, me gustaría decir, que con la aprobación de CTE se ha sustituido una normativa que ya llevaba en vigor más de 30 años. Era hora de adaptarnos a los nuevos tiempos, nuevas demandas.

Destacados:

1.- Cerca de 12.000 millones de euros al año son los costes de los daños provocados por la falta de calidad en la construcción.

2.- El CTE sustituye una normativa que ya llevaba en vigor más de 30 años. Era hora de adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas.

Carmen Riolobos (Portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha)

   Hemos asistido estos días en el Parlamento al espectáculo montado por las diputadas de la izquierda española, la gran mayoría del PSOE, en contra del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, por unas palabras, anecdóticas e inofensivas, sobre la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

   Ha quedado demostrada, de nuevo, la eficaz capacidad teatralizadora y de puesta en escena que tienen los socialistas, cuyas mujeres no dudan en ponerse al servicio de la causa partidista, aún a costa de la demagogia y su propia imagen como parte colectivo femenino de nuestro país, al que tanto dicen defender.

   Un análisis de la situación pone de manifiesto lo curioso que resulta ver a las diputadas del PSOE apurando todas sus iras contra el PP por un asunto trivial, y con evidente dosis de manipulación y demagogia, y lo poco que realmente trabajan, en serio y a fondo, por la causa de la igualdad entre hombres y mujeres. Las diputadas socialistas sirven antes al PSOE, es decir, a los hombres que dirigen el PSOE, que al conjunto de los ciudadanos españoles, y desde luego, no sirven nada a las mujeres, a las que hacen un flaco favor con estas actitudes tan sectarias.

   Su indignación, la indignación a mi entender fingida de las diputadas socialistas en ese acto del Congreso contra un representante del PP, contrasta con la complacencia y la sumisión que demuestran en otras ocasiones de mayor calado. Sirven al partido, de forma sectaria, sumisa, acomplejada. En el fondo se sienten “mujeres-cuota” y ponen en escena estos lamentables episodios para no perder sus parcelas de poder, que parecen su preocupación más intensa y preferente. Los ciudadanos quedan en un segundo plano.

   Pondré sólo dos ejemplos, pero hay muchos más. Uno de Castilla-La Mancha y otro de la Comunidad de Madrid. Empiezo por el madrileño: el silencio total producido en el PSOE tras el grave insulto del delegado del Gobierno, Constantino Méndez, –socialista, claro- contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Lo de Méndez contra Aguirre fue una agresión verbal directa, ofensiva, dañina, machista, pero ninguna diputada del PSOE abrió la boca para censurar a ese hombre socialista que de forma tan lamentable ofendió a las mujeres. Elocuente.

   Voy con el ejemplo de Castilla-La Mancha. Recientemente, la directora del Instituto de la Mujer de la región, Isabel Moya, afirmó en una revista que no era el momento de que una mujer sea presidenta de Castilla-La Mancha. A juicio de Moya, las mujeres no debemos estar preparadas todavía para esa gran responsabilidad. Otro ejemplo claro, palpable, sangrante, de machismo puro y duro en una mujer contra el colectivo de su mismo género. En este caso, tampoco ha salido ninguna mujer del PSOE, ni de la izquierda en general, a afear las ofensivas palabras de la que es, además, y esto es lo grave, la directora del Instituto de la Mujer. Sintomático.

   Al PSOE, en general, y a las mujeres socialistas con cargos de representación en particular, les falta todavía mucho camino por recorrer para salir de ese machismo encubierto y del complejo al que se ven sometidas por este tipo de actitudes dentro de su partido. Por favor, que dejen de dar lecciones de una vez.

Felipe Medina Santos

   Eduardo Zaplana, portavoz del grupo parlamentario popular, no tiene ni educación, ni vergüenza, ni dignidad. Este hombre metido a político para forrarse, como él mismo dijo en alguna ocasión, no conoce límites a la hora de expresarse, tanto dentro como fuera de la Cámara Baja, donde ostenta un acta de diputado gracias a los votos que muchos ciudadanos depositaron, en su día, en las urnas.
   Flaca representación hace de esos votos cuando se dirige a una mujer en sede parlamentaria de la manera en que lo hace, y cuando se mofa de otras culturas del modo en que lo ha hecho. Era de esperar que alguien como Eduardo Zaplana hiciese burla de la cultura de otro país, cuando ni siquiera es capaz de entender y respetar la pluralidad cultural del suyo; era de esperar que prefiriese la foto de las Azores a la foto de la ayuda contra el hambre, el sida, o la malaria.

   Si tuviese educación, Zaplana haría sus preguntas con cortesía y no añadiría frases despectivas y que no vienen al caso: a los ciudadanos le interesan sus preguntas, no los añadidos fuera de lugar para provocar el jaleo y la carcajada permanente en sus bancadas.

   Si tuviese vergüenza, Zaplana habría pedido disculpas: primero, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, por despreciar con sus comentarios el agradecimiento de ésta a la hospitalidad del país anfitrión vistiendo sus ropas típicas; y segundo, a todas las mujeres africanas por calificar de disfraz a sus vestimentas. Seguro que jamás le dedicaría a Bush, tras su visita a Méjico, las palabras que le dedicó a Fernández de la Vega.

   Si tuviese dignidad, Zaplana no habría asumido nuevamente un papel victimista, mostrándose indignado por la reacción de quienes se sintieron ofendidos con su tono y sus palabras.

   Pero como Zaplana no tiene ni educación, ni vergüenza ni dignidad, aspira a ser la versión estilizada, pija y bronceada de Martínez Pujalte, demostrando diariamente cómo se hace política con las vísceras, cómo se falta al respeto sin perder la sonrisa, y como se ríe uno de los ciudadanos que le han votado.

   Donde no hay cortesía ni urbanidad, no se puede pedir educación; donde no hay turbación por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena, no hay vergüenza; donde no hay decoro en la manera de comportarse, no hay dignidad; donde no hay…, no se puede pedir más.

Ricardo Chamorro

   Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos españoles es aparecer públicamente en uno de los famosos ficheros de solvencia patrimonial o de crédito, los mas conocidos son RAI o ASNEF. El aparecer en uno de estos registros de solvencia o de crédito puede incidir en la esfera intima y familiar del individuo, por lo tanto el proceso de inscripción en ficheros de morosos debe ser extremadamente cuidadoso.
  
Los prestadores de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito (RAI, ASNEF…) están amparados en el ámbito de la protección de datos por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/99, de dicho articulo se desprende que las entidades que se dedican a dar información sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones dinerarias de determinados sujetos, lo pueden hacer a través de la obtención de los datos de una fuente accesible al publico, del interesado u otra persona con su consentimiento, del acreedor o por parte de quien actúe por su cuenta o interés.

  
Para que el acreedor pueda ceder los datos al registro de morosidad, sin necesidad del consentimiento del deudor, son requisitos imprescindibles :

• La existencia previa de una deuda vencida y exigible, que haya resultado impagada.

• El requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

• Que el acreedor o quien actúe por su cuenta e interés, se asegure de que concurren todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores en el momento de notificar los datos adversos al responsable del registro de morosos.

• Si el dato cedido por el acreedor resultase inexacto o no está actualizado, deberá el acreedor comunicar al responsable del registro en el mínimo tiempo posible la modificación del dato, sin perjuicio del derecho de rectificación y cancelación.

• El responsable del fichero común deberá proceder a la cancelación cautelar del dato, cuando el deudor aporte un principio de prueba documental suficiente, que desvirtúe alguno de los requisitos necesarios.

   Son muchos los casos en que se lleva a cabo la inscripción sin ni siquiera haberse exigido la deuda al supuesto moroso, en este caso estaríamos incumpliendo con uno de los requisitos de inscripción del moroso y podríamos ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Existen otros casos en que las deudas no son exigibles hasta la finalización de un procedimiento contencioso determinado, lo que imposibilitaría la inscripción del moroso hasta que el juez declare exigible la deuda.

  
Otro punto importante que deben cumplir las entidades que inscriban a sujetos como morosos, es que deben informar. El Art. 29.2 LOPD, determina que se debe informar al sujeto de que se le ha inscrito en un fichero de morosos. Esto se debe hacer en un plazo de 30 días, y enlaza con el deber de información del Art. 5 LOPD, que determina que se le debe informar al sujeto de «¿Para qué se van a tratar sus datos?, ¿Quién los va a tratar?, ¿De dónde se han obtenido? o ¿Qué derechos le asisten?». En el caso de los registros de morosos se debe hacer una referencia de los datos que han sido inscritos y se debe comunicar al interesado que tiene derecho a recabar información de todos los datos que figuran inscritos de él.

  
Por otro lado conviene hacer también una referencia al principio de calidad de los datos para el caso del fichero de morosos que tienen entidades como las que hemos mencionado anteriormente. Este principio, Art. 4 LOPD, determina que los datos debe ser exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado, por tanto y como ha determinado la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de que se pague la deuda y se comunique a la entidad donde aparecía como moroso, esta persona debe desaparecer de este registro.

  
Algo muy importante, que los ciudadanos españoles han de tener en cuenta, es la imposibilidad, según la legislación española en protección de datos, de la existencia de registros de «saldo cero», estos registros serian ilegales y la información que contendrían serian datos de personas que en algún momento tuvieron una o varias deudas y que aunque ya fueron liquidadas aparecen con el perfil de mal pagador.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Mariano Velasco (Secretario As. Ojos del Guadiana Vivos)

   Hace algo más de 40 años, Don José Villalobos, a la sazón Ingeniero Jefe de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Colonización, glosaba los trabajos a su cargo magnificando cómo en extensas zonas de la provincia y en parajes donde jamás se había hecho perforación alguna se habían creado magníficos regadíos en terrenos dedicados hasta entonces a producir míseras cosechas de cereales o a sostener viñedos objetivos claros de filoxera.

   Consideraba este tecnócrata importantísimas todas las obras destinadas a poner en riego extensas superficies mediante la apertura de grandes pozos (en Daimiel se acababa de poner en servicio uno con un caudal de 600 l/s) y anunciaba la apertura de otro en Torralba con el que se podrían regar hasta 120 hectáreas.

  
El aprovechamiento de las aguas subterráneas en la zona afectada por el río Guadiana podía considerarse casi infinito toda vez que se disponía de un gran pantano subterráneo alimentado por los ríos que llegaban a la llanura manchega que terminaban por subsumirse despareciendo lentamente. La instalación de potentes equipos elevadores daría riqueza eterna a los sufridos manchegos.

  
Por entonces se regaban unas 12.000 hectáreas en la cuenca alta del Guadiana, fijando el objetivo en doblar esa cantidad. El riego, pues, fue un objetivo político prioritario para la administración de la época. Se consideraba que los beneficios obtenidos con la transformación sobrepasaban los puramente económicos para resolver otros amplios problemas de índole social. Con el riego se distribuirían muchos más jornales y de forma mucho más regular que con el secano, disminuyendo el paro, el aumento de consumo sería notable, crecerían los propietarios al tener que parcelarse las explotaciones, aumentaría la población y el grado de instrucción, en fin, la tierra de jauja estaba allí, esperando, todo era cuestión de ponerse a regar.

  
La lectura de este tipo de pensamiento, medio siglo después, provoca como poco perplejidad ante la visión de la manifiesta ingenuidad que gobernó a los que en su momento tuvieron la gran ocasión de encauzar el futuro agrícola de esta región. Pero qué le vamos a hacer, eran los tiempos del desarrollismo, la industria tiraba de la mano de obra rural como un gran monstruo devorador capaz de acabar con toda ella: el campo necesitaba un progreso inmediato y unos rendimientos económicos acordes con los que ofrecía la ciudad ¿Qué otra cosa se podía hacer?

   Administración y agricultores trabajaron al unísono por subsistir. Y a decir verdad que entre ambos lograron una de las mayores transformaciones que ha sufrido la zona en todo su histórico avatar.

   De allí hasta aquí apenas ha transcurrido una generación. Sin embargo en la cuestión de ordenamiento territorial y la gestión de los recursos hemos llegado a sobrepasar en más de 500 Hm3/anuales los recursos hídricos disponibles en la cuenca alta del Guadiana. El inagotable recurso de antaño se ha mostrado frágil y perecedero, y lo ha hecho cuando nuestros recursos agrarios dependen enteramente de él. A ello añadimos los ciclos secos cada vez más amplios y duraderos ¿Qué hacer?

   La cuenca alta del Guadiana esta exhausta. Agravada por la sequía actual, pero teniendo sus causas en la continua serie de despropósitos y errores acaecidos en la pésima gestión realizada por la autoridad administrativa y por el abuso incontrolado y egoísta de los que de cualquier manera quisieron sumarse al festín: prescripción de sanciones, falta de control, consentimiento de ilegalidades, pivots en humedales, marginación de informes técnicos y de Organismos consultados, y sobre todo la demora en adoptar soluciones, nos han conducido hasta esta situación.

   La cuestión estriba en si esto tiene o no solución. Aún mejor, la cuestión estriba en si las personas que actualmente ostentan la responsabilidad están o no convencidas de que esto puede tener solución; solución que pasa por afrontar el problema con rotundidad.

   Se podría comenzar trabajando en base a los informes técnicos que hasta ahora se han despreciado y que contienen las bases incuestionables del problema. Construyamos cimientos esta vez, afrontemos hasta la elaboración del Plan Especial todas las actuaciones derivadas del Plan de Ordenación. Coordínense las administraciones y vamos a ello de una vez, porque es ahora o nunca, y no podemos permitirnos volver a fallar.

Lola Merino (Presidenta provincial y nacional de AMFAR)

El camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres es algo innegable, aunque en la sociedad española siguen existiendo multitud de indicadores que sirven como muestra fehaciente de la discriminación que sufren todavía las mujeres en muchos ámbitos de la vida social y económica. Por el desempeño del mismo trabajo la mujer puede llegar a cobrar un 40% menos que el hombre; cuatro de cada cinco contratos a tiempo parcial están firmados por mujeres; sólo uno de cada tres cargos públicos es mujer, y la presencia femenina en los consejos de administración de las grandes empresas cubre escasamente el 3%.

  
Como se puede apreciar lo positivo de estas estadísticas no son sus resultados, sino el hecho de que se elaboren contemplando las distinciones según el género. De este modo, se da cumplimiento a uno de los acuerdos tomados en la I Cumbre Mundial de la Mujer celebrada en Beijing hace 11 años que, entre otros aspectos, instaba a las Gobiernos a realizar estudios que pusieran de relieve la situación real de las mujeres.

   Sin embargo, y a pesar del espectacular avance de la mujer en todos los sectores durante los últimos 20 años, una vez más y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, los distintos colectivos femeninos volvemos a poner sobre la mesa los datos de la inadmisible discriminación que aun recae sobre la mujer del siglo XXI y la necesidad de encontrar herramientas que ayuden a acabar con estas diferencias. El tiempo da y quita la razón, por lo que pronto veremos si la recién aprobada Ley de Igualdad consigue corregir estas diferencias históricas, que a día de hoy nos resultan inadmisibles.

   Nadie pone en duda que la ley es muy ambiciosa en su contenido, pero no queda por ello exenta de discusión. Según los empresarios -que la han calificado como “un rejón de muerte al Diálogo social”-, puede llevarnos a hombres y mujeres a un fuerte enfrentamiento. La patronal recalca que la nueva norma, en lugar de promover y estimular medidas para la igualdad, pone el énfasis en el mero cumplimiento coercitivo de obligaciones impuestas por ley, como puede ser entre otras, el de que los consejos de administración sean paritarios. Señores, la paridad está servida y una vez más, se convierte en objeto de debate social.

   De una parte estarían los que defienden las políticas basadas en la definición de igualdad adoptada por la Comisión Europea en el año 1998 como “toda ausencia de barrera sexista para la participación económica, política y social”; y en el lado contrario, los partidarios de “obligar por ley” a que las mujeres accedan en un porcentaje a las distintas esferas socioeconómicas del país.

   En mi opinión, la paridad por si sola no garantiza la igualdad a las mujeres que quieren compatibilizar el trabajo con su vida familiar. Prueba de ello es el gobierno paritario de Rodríguez Zapatero, donde los ocho ministros suman un total de 22 hijos, e igual número de ministras suman tan solo 5. Por lo tanto, considero más importante que la obligatoria paridad, el que la maternidad y el cuidado de la familia no sean impedimentos para el ejercicio de una profesión en igualdad de condiciones con un hombre.

   Las mujeres no podemos ni debemos renunciar a nuestra condición de madres por el mero hecho de tener que desempeñar un puesto de trabajo. La revolución igualitaria en el mundo laboral debe pasar por permitir que hombres y mujeres, padres y madres podamos conciliar la vida laboral y familiar.

   Sin ir más lejos, un total de 379.500 trabajadoras españolas tuvieron que abandonar su empleo en 2004 por no poder atender simultáneamente la familia y el trabajo, frente a los 14.500 hombres que lo hicieron por estos mismos motivos.

   Aunque tampoco debemos olvidar que una de las grandes barreras que tradicionalmente han impedido la plena participación de las mujeres ha sido la concepción machista de la sociedad que asignó distintos roles y funciones a hombres y mujeres, relegando a estas últimas al desempeño casi exclusivo de las tareas del hogar. Un reparto de roles que aún sigue existiendo y que es el germen de la desigualdad. Una desigualdad que llega a alcanzar su máxima expresión en la violencia ejercida contra la mujer.

   Por lo que la imposición paritaria de mujeres en las empresas –con todos los defectos y virtudes que ello implica- puede convertir la igualdad en un derecho que las mujeres podamos ejercer y que los demás deben cumplir “por ley”.

   Por cierto, que bien hubiera quedado el presidente Rodríguez Zapatero si tras escuchar la contundente frase del ministro Bono “si la mitad de los generales fueran mujeres, nos iría mucho mejor”, le hubiese cesado y hubiera puesto al frente del ministerio de defensa a una mujer, para dar ejemplo.

Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera
(Diócesis de Ciudad Real)

  
El 8 de marzo de 1908 en Nueva York se vivió el levantamiento de las mujeres trabajadores, en la fábrica de «Cotton», en demanda de sus derechos hasta entonces muy conculcados. La represión a la que fueron sometidas, con resultado de muerte para muchas de ellas, desató las iras de las trabajadoras del mundo. En recuerdo de este trágico suceso quedó esta fecha como el Día de la Mujer Trabajadora.

   Aún persiste en muchos lugares del mundo una infravaloración de la mujer respecto del varón que tiene su resonancia en el trabajo, en el reconocimiento de sus derechos. Algunos indicadores de esta situación los conocemos.

   Nos decía Juan Pablo II en 1995: «Hay que hacer mayores esfuerzos para eliminar la discriminación contra la mujer en áreas que incluyen la educación, la asistencia sanitaria y el empleo. Donde se excluyen sistemáticamente de estos bienes a determinados grupos o clases y donde las comunidades o países carecen de infraestructuras sociales básicas y oportunidades económicas, las mujeres y los niños son los primeros que experimentan la marginación. Y aún así, donde abunda la pobreza, o frente a la desvatación de conflictos y guerras, o la tragedia de la emigración, forzada o por otras causas, muy a menudo es la mujer la que conserva las huellas de la dignidad humana. La historia se escribe casi exclusivamente como una narración de las conquistas del hombre, cuando de hecho, en su mayor parte ha sido plasmada más a menudo por la acción decidida y perseverante de la mujer en busca del bien»

  
La igualdad social es una labor aún por conseguir en nuestro país. Es preciso hacer propuestas centradas en medidas para incrementar el empleo de las mujeres con tasas lejanas a los objetivos europeos. Acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres que rondan en torno al 30%. La creación de un verdadero permiso de maternidad-paternidad y la efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar. La emigración femenina, el régimen de las Empleadas de Hogar, las redes de prostitución, la violencia de género, son otros tantos temas pendientes. Que a pesar de las leyes, como la de «La acción protectora de la atención a situaciones de dependencia», y del Diálogo Social, necesitan ir calando en nuestra sociedad.

  
Algunos dicen, que no hay que celebrar un día específico, que así se muestra más la discriminación, pero hay datos que apuntan que ésta existe en el mundo laboral, social, político, religioso y cultural. Por eso, desde el Evangelio y la realidad, hacemos un llamamiento a todas las mujeres y todos los hombres a construir un mundo, una sociedad, una Iglesia sin discriminaciones, en la justicia y para la fraternidad.

María Isabel Moya(directora del Instituto de la Mujer)

   Cada año, cuando se acerca el 8 de marzo, es frecuente escuchar voces que cuestionan si tiene o no sentido seguir conmemorando y reivindicando este día cuando las mujeres disfrutan ya de los mismos derechos que los hombres.
  
Bien mirado, esta afirmación no deja de ser fruto de un pensamiento superficial; la mirada de quien asocia igualdad formal con igualdad real y la circunscribe a las democracias occidentales olvidando a los millones de mujeres que en otras partes del mundo no disfrutan, ni tan siquiera, de este estatus jurídico del que disponen las mujeres de aquí.

  
Pese a los avances logrados, a los importantes pasos dados, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un hecho. Todavía es pronto para proclamar a los cuatro vientos la igualdad real, ya que nos estaríamos conformando con una utopía, aunque también es justo reconocer que, gracias a esos pasos, se está en el camino adecuado poniendo en marcha más y nuevas medidas encaminadas a erradicar desigualdades. Las históricas y otras más actuales.

  
Desde aquel octubre de 1931 en el que las mujeres españolas consiguieron el reconocimiento del derecho a votar como ciudadanas de pleno derecho no hemos dejado de crecer en ciudadanía. Ahora, cuando se cumplen 75 años desde aquel trascendental acontecimiento no exento de dificultades, podemos asegurar que las mujeres no han parado de luchar para que el resto de los derechos –a trabajar, a estudiar, a participar, a decidir, a su reconocimiento jurídico sin tutelas-, fueran igualmente reconocidos para todas y todos sin discriminación por razón de sexo.

  
Castilla-La Mancha viene trabajando desde hace muchos años en esa línea y se ha colocado entre las primeras regiones de Europa que ha desarrollado políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

  
Nuestra Comunidad Autónoma ha sido pionera en la puesta en marcha de medidas legislativas a favor de esta igualdad, la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección de las Mujeres Maltratadas y exigiendo listas paritarias en las consultas electorales; y con medidas especiales de inserción laboral como el cheque-empleo.

  
También estamos trabajando por un futuro en el que se rechacen comportamientos violentos, en el que no tengamos que hablar de violencia de género. Por eso es primordial la tarea educativa, la intervención temprana en el espacio escolar. Planificar y desarrollar el aprendizaje de la igualdad desde los primeros años, ya que partimos de una desigualdad que se ha ido consolidando a lo largo de la historia.

  
Asimismo, conciliar la vida laboral y la familiar es una cuestión que debería afectar tanto a hombres como a mujeres, pero los estudios demuestran que es un problema que aún hoy le toca resolver fundamentalmente a la mujer.

Por todo ello, todavía este 8 de marzo necesitamos hacerlo un “día reivindicativo”. La fuerza nos la da el saber que las mujeres actúan con todos los derechos. Es un día para demandar esa igualdad, para reclamar, para reivindicar, para exigir. Un día para alzar la voz contra los que siguen pensando que la única forma de que nos sigan las mujeres es caminar delante de ellas.

  
Aquí, en Castilla-La Mancha, tenemos muy claro que las mujeres tienen historia, pero también presente y mucho futuro porque sin la labor, la ayuda y la complicidad de las mujeres esta tierra no conquistará ese futuro. Aquí, en Castilla-La Mancha, tenemos fe y confianza en las mujeres porque han demostrado con creces su capacidad para decidir. Creemos en la igualdad de oportunidades. Ahora sólo esperamos que cunda el ejemplo más allá de este 8 de marzo.

  
Entre todas y todos.

Ricardo Chamorro

   Actualmente la cultura de Protección de Datos esta en una fase muy prematura. En algunas regiones, sectores y administraciones la protección de datos es un elemento cuasi metafísico que poco importa a las personas implicadas. Se sabe que existe pero no se tiene muy claro de qué va.

  
El vertiginoso avance de la tecnología en las últimas décadas ha venido a ratificar la necesidad de legislar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en este ámbito. El posterior desarrollo legislativo se ha fundamentado en la necesidad de articular mecanismos que permitan garantizar la preservación del derecho a la intimidad del ciudadano en la actual «sociedad de la información», donde la tecnología posibilita la copia, extracción, modificación, eliminación y transmisión de datos de forma sencilla y a bajo coste. Está claro que es extremadamente fácil manipular los datos y realizar con ellos cualquier tipo de tratamiento que podría perjudicar al individuo.

  
La protección de datos es extremadamente importante ante los avances de la tecnología. Los ficheros de solvencia patrimonial, los perfiles comerciales, los datos genéticos, los perfiles ideológicos, perfiles sexuales, datos de salud, perfiles religiosos… son datos muy peligrosos que pueden aparecer en manos de desalmados que los utilicen para finalidades inconsentidas que pueden perjudicar de manera grave a la vida normal de la persona titular. Incluso los datos simplemente identificativos deben ser protegidos como parte indisoluble de la esfera íntima del individuo, sobre la que únicamente él puede decidir.

  
Ante el desconocimiento surgen, alrededor de los sectores implicados, que son prácticamente todos los ámbitos y entidades, pícaros que se aprovechan para contar, argumentar y dar soluciones falsas a problemas reales.

  
Todos los procedimientos para cumplir con la normativa en protección de datos se resumen en la salvaguarda de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e información. Todo proyecto de adaptación debería contener una fundamental parte jurídica, otra parte organizativa y otra parte técnica.

  
La importancia del ámbito jurídico de la adaptación es simplemente debida a que toda la legislación esta basada en la salvaguarda de derechos fundamentales que necesitan de la capacidad interpretativa del jurista: las sanciones se basan en principios legales y el procedimiento sancionador va por la vía administrativa, y aparte de lo anterior es importante señalar que la gran mayoría de los cargos de las agencias de protección de datos son juristas.

  
La importancia del ámbito técnico se basa en la obligación de auditar e implementar medidas de seguridad en los sistemas de información para proteger los mismos de pérdidas de información que producirían el menoscabo del derecho a la protección de datos. La parte organizativa se refiere a la combinación de procedimientos de salvaguarda del derecho a la protección de datos con los procedimientos habituales de gestión de la empresa o entidad. El resumen de todos estos ámbitos será inventariado en el Documento de Seguridad, que es una guía de la empresa que aglutina todos los procedimientos técnicos, jurídicos y organizativos para salvaguarda de los derechos.

  
Aparte de todo lo anterior la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) clasifica las posibles infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo una gama de sanciones que van desde las 601,01 € a los 601.012,10 €. Las sanciones son además compatibles con las acciones penales o civiles que el interesado pueda iniciar ante la justicia ordinaria.

  
La Protección de Datos aparece como una autentica cultura que con el tiempo terminará imponiéndose en las costumbres de los españoles y europeos. Aún en este país el respeto por la privacidad y confidencialidad de los datos es algo que no se ha impuesto como prioritario. Al igual que a la hora de constituir una empresa es necesaria la realización de una serie de procesos burocráticos a los que nadie se opone, es necesario transmitir la importancia de imponer en la empresa o Administración una serie de procesos para salvaguardar unos derechos fundamentales de obligado cumplimiento cuando se tratan datos de carácter personal.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Ardilla

   Somos un grupo de vecinos de Carrión de Calatrava que queremos mostrar nuestra más enérgica protesta por la lamentable situación que venimos padenciendo en los 2 últimos años con con los continuos cortes de agua que padecemos a causa del mal estado de la infraestructura destinada a canalizar la traída del servicio.

   Dicha situación se ha agravado en los dos últimos meses de manera alarmante,llegando a tener en una sola semana cortes en el suministro de 3 y 4 días.

   Hemos puesto en conocimento de la alcaldía nuestro malestar por la situación tercermundista que venimos padeciendo y lejos de buscar soluciones vemos con desesperación que cada vez disponemos de menos horas de agua al día para poder mantener la higiene personal y doméstica a la que se supone tenemos el mismo derecho que el resto de ciudadanos que pagan sus impuestos en cualquier otro pueblo de esta Comunidad Autónoma.

   Por todo lo expuesto,hacemos saber al Gobierno Municipal que estamos dispuestos a llevar a cabo las movilizaciones necesarias para que se escuche nuestra voz y se respeten nuestros derechos.

Felipe Medina Santos

Disculpe el señor

si le interrumpo, pero en el recibidor

hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted.

No piden limosnas, no…

Ni venden alfombras de lana,

tampoco elefantes de ébano.

Son pobres que no tienen nada de nada

No entendí muy bien sin nada que vender o nada que perder,

pero por lo que parece/tiene usted alguna cosa que les pertenece.

¿Quiere que les diga que el señor salió…?

¿Que vuelvan mañana, en horas de visita…?

¿O mejor les digo como el señor dice:

«Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da, no se quita…?» (Joan Manuel Serrat)

   Este Día de Andalucía ha sido absolutamente vergonzoso. Hemos tenido ocasión de contemplar uno de los episodios más ruines de estos últimos años: la condecoración de la latifundista y grande de España la Duquesa de Alba.Se le nombra hija predilecta “por su labor como activa embajadora de las tradiciones y costumbres de Andalucía”.

  ¿Tradiciones? Cayetana de Alba no es el referente de la arquitectura nazarí o el cante por soleares sino de otros usos con que los latifundistas han manchado históricamente Andalucía: el derecho de pernada, el hambre crónica, el analfabetismo o las jornadas de trabajo de sol a sol por una paga miserable.

   Mientras se coronaba a la mayor poseedora del mundo en títulos aristocráticos y nobiliarios, veinte veces Grande de España, con un patrimonio multimillonario en palacios, empresas, negocios y cortijos, propietaria de 34.000 hectáreas de tierra,unos 500 trabajadores que protestaban por el nombramiento eran duramente apaleados por la policía.

   Me hace gracia, una maldita gracia, que algunas instituciones hayan podido perder los referentes de la justicia,la igualdad y la solidaridad.Ha venido un torbellino y,en remolino,ha mareado los sentimientos de los más desafortunados,de los menos iguales,de los que con su trabajo diario empitonan cada amanacer.¿Se ha perdido el juicio?Algo semejante debe de haber sucedido.Si no no se explica.

  ¡La reforma agraria! Eterna asignatura pendiente del Estado. Y no estamos hablando de una pretensión ultraizquierdista sino de algo propio de los sistemas liberales que nacieron en el siglo XVIII: acabar con el sistema feudal de tenencia de la tierra. No solo lo tenemos pendiente desde 1975 sino que llevamos más de doscientos años tratando de acabar con l’Ancien Régime en el medio rural.

   Desde el mismo instante en que estalla la Revolución Francesa en 1789, la corona española blindará el país contra cualquier idea avanzada. Por desgracia, los intentos de modernizar el Estado- la sublevación encabezada por Riego (1820), que originó el Trienio Liberal; La Gloriosa revolución que dio lugar al sexenio revolucionario y culminó con la efímera Primera República (1873); la Segunda República (1931)- han sido ahogados por la política acomodaticia de los recién llegados,de los recién establecidos y confortados.

   Es indignante la carga policial contra los asalariados del campo que, en el ejercicio de su libertad de expresión,denunciaban ante el Palacio de San Telmo el último privilegio otorgado a la dama que goza de TODOS los privilegios.

   Es manifiestamente escandaloso que la Grande de España,además,se permita el lujazo,en un programa televisivo, de llamar delincuentes a estos obreros que se manifestaron en contra del otorgamiento de tan digno “título”.

   O hemos perdido, en este país, la vergüenza o estamos en ello.

Lola Merino (Presidenta provincial y nacional de AMFAR)

Estamos muy cerca del 8 de marzo, celebración del Día Internacional de la Mujer y al gobierno central le han entrado las “prisas televisivas” por aprobar una Ley de Garantía de Igualdad entre Hombres y Mujeres, cuyo escueto contenido, que no deja de ser una mera declaración de buenas intenciones, pone en entredicho el título mismo de la ley.

  
Corren todo lo que pueden para llevar esta ley al consejo de ministros del próximo viernes 3 de marzo, de tal manera que el presidente Zapatero, que se autodefine como feminista, pueda presentarla como clausura de los numerosos actos musicales que el ejecutivo ha preparado para conmemorar el 8 de marzo.

  
Llama imperiosamente la atención que esta ley ya figure como tal en el extenso programa de festivales multiculturales presentado hace unos días por la Secretaria de Igualdad, Soledad Murillo y la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, cuando no han logrado pasar ni tan siquiera el primer turno de consultas establecido solamente con las asociaciones feministas, los dos sindicatos de clase mayoritarios y la CEOE. Únicas organizaciones consultadas hasta la fecha.

  
Los sindicatos, CCOO y UGT, han sido especialmente críticos con el ministro de trabajo, Jesús Caldera, al que le han pedido que no vaya vendiendo lo que no hay, a la vez que se quejan por la premura de tiempo al sentirse presionados por el ejecutivo que quiere forzar como sea su aprobación para el Día de la Mujer. Por su parte, la CEOE tampoco se ha quedado atrás en sus manifestaciones y ha advertido que la ley provoca incertidumbre e inseguridad, y ha criticado que el gobierno sólo les haya dado a conocer las medidas de carácter laboral por lo que no pueden valorar de forma global esta iniciativa. Suerte tiene la patronal de conocer al menos las medidas laborales, ya que las organizaciones de mujeres que no somos feministas, nos hemos tenido que buscar la vida para saber cómo no la quieren organizar.

  
Así andan las cosas en los temas de igualdad. Lejos han quedado las promesas de Soledad Murillo anunciando a bombo y platillo que la futura normativa iba a poner fin a la discriminación salarial que sufren las trabajadoras españolas, que llegan a cobrar hasta un 30% menos que los hombres por el desempeño del mismo trabajo. O las medidas que asegurarían una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de decisión. Pena da y mucha, que conforme están las cuestiones de maternidad, familia, conciliación, salario y empleo en España con respecto al conjunto de los países europeos, los responsables políticos anden con estas celeridades y no dediquen el tiempo necesario a diseñar medidas concretas y consensuadas con las asociaciones que nos faciliten la vida a las mujeres y sean compartidas por toda la sociedad.

   Pero no debemos extrañarnos a estas alturas de estas continuas campañas electorales en defensa de la mujer, ¿alguien se ha detenido a hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de las 53 medidas para la igualdad presentadas por el ejecutivo el pasado 8 de marzo de 2005?

  
En lo que concierne a las mujeres rurales, nos prometieron una ley de agricultura y desarrollo rural que recogería nuestras necesidades…. pero a día de hoy sólo conocemos el publirreportaje del compromiso con la España rural del PSOE. Pasa el tiempo y las palabras se las lleva el viento, pero quedan las fotos. Por lo visto, lo más importante.

Ricardo Chamorro

   El Gobierno de Cantabria ha puesto a algunos de los profesores de sus centros públicos en la obligación de contestar un cuestionario en el cual se les pregunta, entre otras cosas, sobre su condición religiosa o su creencia política.

   En paralelo, esta semana la Comisión Europea anunció que investigará si la utilización de informes clínicos, sin informar a los afectados, para realizar un estudio sobre el uso del catalán promovido por la Generalitat viola la directiva comunitaria sobre tratamiento de datos personales de 1995.

   La directiva 46 del Parlamento Europeo se emitió en 1995. Esa directiva europea es el espíritu de los distintos desarrollos en protección datos de los países miembros. En España la transposición de la directiva quedó plasmada en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 que rige en todo el Estado.

  
Estas dos noticias señalan unas posibles injerencias de las administraciones públicas con respecto a la esfera íntima de la cual forman parte estos datos personales.

  
La encuesta del Gobierno de Cantabria podría quebrantar varios de los principios enmarcados dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), entre los que se encuentran:

  
Derecho a la información tal y como exige el articulo 5 de la LOPD: es el derecho que tienen los ciudadanos de quienes se soliciten u obtengan datos de carácter personal, a ser informados, de manera previa a su recogida, de la finalidad y el destino que tendrán sus datos y los responsables ante los que podrán ejercer sus derechos. Dicha información debe ser suministrada de forma expresa, precisa e inequívoca. En el momento en que cualquier Administración recabe datos personales deberá informar al ciudadano de cuál es la finalidad de esa recogida, si va a ceder sus datos a otras administraciones y el lugar donde el ciudadano puede ejercer sus derechos. Este derecho es además un principio primordial y fundamental en la protección de datos. Esta información debería haber figurado en el susodicho cuestionario unida a una declaración de consentimiento expreso del titular de los datos, ya que se solicitan datos personales de nivel alto (ideología, religión…).

  
Derecho a la calidad de los datos tal y como exige el articulo 4 de la LOPD. Este artículo afirma que los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, por lo que dicho cuestionario, que teóricamente pretende investigar el clima escolar y conductas conflictivas no tiene sentido que solicite datos como el número de hijos, religión o ideología.

  
Estos datos recogidos por el Gobierno de Cantabria eran recabados a los docentes seleccionados a través de un número que cada uno de ellos tiene asignado en el Documento de Organización de Centros (DOC), por lo que los suscriptores del cuestionario pueden llegar a ser identificados por su número en el sentido de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la misma administración podría crear un perfil del docente.

  
La doctrina del Tribuna Constitucional dice con respecto a este derecho que «su objeto es más amplio que el derecho a la intimidad», pues no se limita a la protección de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, sino que amplía la garantía constitucional a aquellos datos que sean relevantes, tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, ideología, la intimidad personal y familiar o a cualquier otro bien constitucionalmente amparado. Es más, el Tribunal Constitucional destaca: «De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es solo la intimidad individual, que para ello está la protección que el Art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal». Y continúa diciendo: «El que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. (fundamento jurídico sexto de la STC 292/2000)».

  
Esperemos que las administraciones publicas cada vez tengan mas interés en salvaguardar un derecho fundamental, contenido en la doctrina constitucional, como es el derecho a la protección de nuestro datos y respeten la intimidad personal y familiar de sus ciudadanos.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Ricardo Chamorro

   La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de trabajo y esfuerzo a favor de la cultura de la Protección de Datos en la Comunidad de Madrid y en toda España.

   La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) es la pionera como Agencia de Protección de datos Autonómica, su andadura ha ido aumentando en éxitos e iniciativas. El director actual de la Agencia es D. Antonio Troncoso y su trabajo desempeñando esta función es de una reconocida brillantez.

   La APDCM tiene en su haber numerosas iniciativas para la difusión de la protección de datos a todos los colectivos implicados, en el 2005 a realizado 394 sesiones informativas y 6 jornadas, obteniendo estas iniciativas un total de 7.500 asistentes. Tiene entre otras funciones:

– Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos, y controlar su aplicación.

– Ejercer labores informativas, encaminadas a facilitar a las personas el conocimiento de sus derechos en materia de protección de datos.

– Dar trámite a las peticiones y reclamaciones formuladas por los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los ficheros sobre los que la Agencia Autonómica de la Comunidad de Madrid tiene atribuidas competencias.

– Dictar, en su caso, las instrucciones que sean necesarias para adaptar los tratamientos de datos de carácter personal a los principios de la normativa aplicable en materia de protección de datos.

– Adoptar las medidas que resulten de aplicación, para que los responsables de los ficheros adapten los tratamientos de datos de carácter personal a la normativa vigente en materia de protección de datos.

– Ordenar la inmovilización de los ficheros que no se ajusten a las disposiciones legales en materia de protección de datos.

   El éxito de la APDCM es mas que plausible y es punto de referencia y consulta para las posteriores iniciativas de Agencias autonómica que surgen a lo largo y ancho del país. También es punto de referencia para iniciativas particulares a nivel de opinión, estudio y colaboración.

  
El ultimo acto publico celebrado por la Agencia fue la presentación, en la Casa de América, de tres tesis doctórales de tres jóvenes juristas que en su estudio tocaban la materia de protección de datos, a través del contacto con la APDCM han logrado publicar sus trabajos dentro de la colección que sobre esta materia esta elaborando Thomson Civitas y la Agencia.

  
Igualmente la APDCM publica en formato digital la revista datospersonales.org y es la institución que lidera el proyecto e- PRODAT (www.eprodat.org), financiado en parte por la Unión Europea a través de su programa INTERREG IIIC, y dirigido a promover el intercambio de conocimiento y experiencias entre Autoridades de Protección de Datos y otras instituciones.

   La APDCM es un ejemplo de gestión bien hecha y por ello presumen de ella desde la Consejería de Justicia en Interior de la Comunidad de Madrid de la cual dependen. La Agencia Española de Protección de Datos se ha descargado de un volumen importante de trabajo por la gestión de la APDCM.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Nemesio de Lara Guerrero (Secretario Provincial del PSOE de Ciudad Real)

   Desde la Oficina del Partido Popular de la Diputación Provincial se ha enviado un correo electrónico a todos los empleados de esta Institución que disponen de cuenta para poder recibirlo, en el que se anuncia la colocación de una mesa para recogida de firmas en la Plaza de la Constitución, con indicación de día y horario en que la misma se encontraría abierta.

   En dicho documento aparece un extenso artículo de José Alberto Martín Toledano, estructurado en torno a contenidos sectarios y claramente partidistas, en el que entre otras consideraciones se tilda al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “irresponsable”, o se remarcan frases de la especie de que “nadie con dos dedos de frente abriría un nuevo proceso de Reformas Estatuarias”, o de que las reformas futuras respecto del País Vasco y Galicia “no calmarán a la bestia”.

  
Nos parece acreedora de toda reprobación la falta de escrúpulos de quienes utilizando una base de datos concebida en clave netamente funcionarial, pues las direcciones electrónicas están facilitadas como herramientas que la Diputación pone en manos de sus trabajadores, no se ruborizan al hacer propaganda política, interrumpiendo el tiempo de dedicación laboral de unos servidores públicos que, en calidad de tales, no han solicitado dicha información.

  
Entendemos que aquellos que hacen gala explícita de este tipo de conductas atentan contra la dignidad de los destinatarios, como si se pensara que nuestros empleados no tienen formado criterio propio extramuros de la Diputación en relación con cualquier asunto político, y contribuyen a interrumpir una jornada laboral que se financia con los impuestos de todos los contribuyentes.

  
En el debate político se salta con indeseable frecuencia la línea del sentido común, del respeto, de la convivencia. Pero cuando se pretende ocupar las Instituciones en beneficio de los Partidos, intentando manipular a aquéllos y aquéllas que en su puesto de trabajo han de ser, por definición, asépticos y neutrales respecto a las tendencia partidarias, nos encontramos ante un grave síntoma por el que se estaría visualizando un preocupante giro antidemocrático desde el que “todo está permitido” y en el que la dignidad de las personas puede estar importando un bledo.

José Manuel Díaz-Salazar (Consejero de Industria y Tecnología)

   Castilla-La Mancha, sus ciudadanos y su Gobierno están comprometidos con un modelo energético sostenible que, además de generar energía limpia, se ha perfilado en los últimos años como un yacimiento industrial, situado en la vanguardia tecnológica, y de empleo de primera magnitud.

  
Una apuesta fundamental en un momento en el que el debate sobre la producción y el uso de la energía está de plena actualidad por tres grandes cuestiones: el agotamiento de los combustibles fósiles, la contaminación y un incremento del consumo derivado tanto del aumento demográfico como de la expansión de nuevas economías emergentes, especialmente las del continente asiático.

  
En este contexto tiene más importancia que nunca diseñar y definir una política energética que dé respuesta a estas tres grandes cuestiones: se presente como alternativa a los combustibles fósiles; sea una energía limpia y finalmente cubra la demanda de nuestros ciudadanos e industrias sin comprometer las necesidades de generaciones futuras.

  
El Gobierno de Castilla-La Mancha lo entendió así y desde hace años viene poniendo en marcha una política energética basada en la producción de fuentes renovables que armonizan el crecimiento industrial, el progreso social y el uso racional de los recursos con los que contamos.

  
Respecto a la primera cuestión, un ejemplo de la misma es que a día de hoy nuestra Comunidad Autónoma es, después de Galicia, la segunda región en potencia eólica instalada con 1.893 megawatios.

  
A diario 54 parques eólicos producen energía repartidos por todo nuestro territorio y existen 14 más en construcción. Junto a la eólica, Castilla-La Mancha cuenta con numerosas instalaciones y proyectos de energía termosolar, biomasa, purines y fotovoltaica.

  
Otro hecho que demuestra este compromiso es que Castilla-La Mancha ha acogido proyectos innovadores desde el inicio de las energías alternativas como la primera gran planta fotovoltaica, dos plantas solares térmicas de alta temperatura o los ensayos para diseño de prototipos de aerogeneradores para uso marino.

  
Un dato que habla de nuestro compromiso con el medio ambiente y las renovables es que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha marcado como objetivo para 2012 que el cien por cien del consumo de los castellano-manchegos proceda de energías limpias. En estos momentos, y según datos de la Comisión Nacional de la Energía, este porcentaje se sitúa en el 39%.

  
Este hecho viene a dar respuesta a la segunda gran cuestión que es la necesidad de preservar el medio ambiente y garantizar el mejor entorno natural a nuestros descendientes.

  
Sobre el tercer aspecto, la unión de la energía con el progreso de nuestras industrias y ciudadanos da cuenta el siguiente dato: en Castilla-La Mancha la energía es el primer subsector industrial, ya que aporta el 19’3 por ciento del VAB industrial, casi dos puntos por encima de la media nacional.

   Un aspecto vinculado a este tercer eje es que la apuesta por las energías renovables está atrayendo a Castilla-La Mancha un tejido industrial que se sitúa en la línea de vanguardia tecnológica y en consonancia con la investigación que requiere la energía renovable.

  
Para ejecutar todas estas políticas, además de las líneas de trabajo mencionadas anteriormente, el Gobierno regional llevará a las Cortes esta legislatura la Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética y pondrá en marcha el Plan Regional de Energías Renovables.

  
No menos importante es señalar que seguimos trabajando para garantizar la calidad del suministro eléctrico al menor coste posible, por lo que firmamos convenios de colaboración con las compañías de la región para la construcción de instalaciones que lo hagan posible.

  
Este esfuerzo nos está permitiendo tener una red de infraestructuras energéticas que es fundamental para el asentamiento de empresas y para el desarrollo de nuestros municipios. Esta red supone la ejecución de una de las líneas del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad firmado por nuestro Presidente en lo que a infraestructuras se refiere.

  
Por último, y con motivo del Día de la Energía que celebramos hoy, quiero señalar que el compromiso de este Gobierno regional no es sólo con la producción de la energía sino también con el consumo responsable de la misma, para lo que hemos diseñado y puesto en marcha campañas que ayuden a entender a los ciudadanos la importancia de un consumo responsable.

Julio Plaza Tabasco (Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio – Universidad de Castilla-La Mancha)

   Nunca es tarde si la dicha es buena. Me refiero a la agradable noticia que aparece hoy en el portal de la Junta de Comunidades (www.jccm.es) sobre el inicio de la tramitación del Plan Estratégico Territorial de Castilla-La Mancha. Particularmente se trata de un Plan que los geógrafos hemos venido exigiendo desde hace bastante tiempo; si hubiera que poner una fecha de referencia, esta sería cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía en marzo de 1982.
   Veinticuatro años después, por fin, vemos como el gobierno regional inicia un proceso de análisis sobre lo que es nuestro territorio. Aunque en este largo periodo de tiempo la región ha evolucionado considerablemente, este cambio se ha logrado sin referencia concreta y participada sobre cuáles eran los problemas y oportunidades que ofrecía el territorio. De esta ausencia de debate podemos destacar algunas conclusiones muy evidentes. La más pragmática es que muchas de las potencialidades que aún podemos aprovechar, no cuentan ahora con toda la ayuda que hubiera sido posible cuando España se incorporó a la Comunidad Económica Europea. Una explicación puede estar en la escasa capacidad de los Planes de Desarrollo Regional para resolver los problemas estructurales del territorio, precisamente por la escasa consideración del factor geográfico: de lo local, de lo ambiental, y de lo cultural.

   Lo mismo sucede con los problemas ambientales que ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos como consecuencia de un modelo insostenible de usos del suelo; o los problemas de enjuiciamiento territorial debido a la ausencia de un modelo más inteligente de gestión del agua. Los castellano-manchegos hemos sido muy generosos con el resto de España. Hemos cedido durante muchos años nuestros recursos hídricos al levante, quizá más por ignorancia que por solidaridad. Ahora es el momento de exigir, en la reforma del modelo territorial español, la existencia de una deuda histórica hacia Castilla-La Mancha que no sólo debería resolverse con la participación de la región en los órganos de gestión de las cuencas hidrográficas, sino con la financiación extraordinaria, entre otros, del Plan Especial del Alto Guadiana para resolver de una vez por todas la sobreexplotación a la que hemos llegado y el salto hacia una economía más desarrollada y sostenible. El modelo desarrollista y abusivo de los recursos naturales más valiosos y escasos también ha acabado con una gran parte de nuestra diversidad ambiental, que continúa con la defensa de un sistema de transportes que no está orientado a nuestro modelo territorial y entra en conflicto con nuestro patrimonio natural.

   También ha sido destacable el silencio sobre nuestro modelo urbano, acéfalo y dependiente de Madrid; sin rentabilizar al máximo los efectos metropolitanos de la capital de España hacia su área de expansión más natural que es La Mancha, además del Corredor del Henares o de La Sagra, ahora ambas congestionadas. Del mismo modo que no hemos aprovechado adecuadamente las oportunidades en la logística del transporte, mientras se debilitaba el sistema ferroviario y no se localizaban adecuadamente los sistemas intermodales, incluyendo posibles aeropuertos. O la ausencia de un centro territorial en La Mancha que articulado con las capitales provinciales absorbiera la conexión con los extremos orientales y occidentales de la península, con el sur y con la capital de España, hacia Europa. Una solución interesante para reducir las dificultades de cohesión del actual modelo urbano, ante las excesivas distancias entre capitales, radique en la localización de un nuevo campus universitario especializado en la coordinación de los departamentos, las nuevas titulaciones de postgrado, o el acceso documental, recuperando aquel primer sueño de la Universidad en Alcázar de San Juan.

   Por último, cabría citar como un ejemplo más, el problema de la organización territorial de la administración, muy lejos de los deseados modelos comarcales en los que se puede reforzar la acción de los ayuntamientos en la planificación y gestión de lo local. Nos encontramos con zonas dominadas por la despoblación o el envejecimiento y la incapacidad de ofrecer servicios para mantener o captar el interés de los jóvenes y al mismo tiempo evitar la degradación de los ecosistemas naturales, como son los bosques por los incendios. En otras zonas, sin embargo, los problemas radican en el desbordamiento ante la presión urbanística, la inmigración o la desarticulación de los sistemas productivos locales. Mientras, el modelo de mancomunidades ha ido generando unas relaciones entre ayuntamientos escasamente eficaces (existen municipios que participan en cuatro mancomunidades de servicios), y los territorios LEADER y PRODER han sido considerados como algo coyuntural y sectorial.

   Gran paradoja la de estos Grupos de Acción Local que han dinamizado con creces el mundo rural, y constituyen territorios cohesionados en torno a sus programas de desarrollo. Iniciativas que se pueden calificar como modelos primarios de los Planes de Ordenación Subregional que deberán desarrollarse tras la aprobación del Plan Territorial de Castilla-La Mancha, del que hoy nos alegramos.

   A pesar del retraso, es muy posible que el ejercicio de participación y debate al que esta nueva estrategia nos obliga, facilite que las generaciones futuras no se sientan en desigualdad de oportunidades y recursos en el nuevo modelo autonómico o federal español y garantice un modelo de desarrollo sostenible para todos nosotros. Por todo ello es tan importante nuestro territorio.

Ricardo Chamorro

   La Agencia Española de Protección de Datos irrumpe nuevamente en la actualidad española.

   Esta vez la Agencia ha advertido al Partido Popular, en declaraciones a Europa Press, que la toma de datos llevada a cabo en la web para el referéndum sobre el Estatut no cumple las mínimas obligaciones conforme a la normativa en protección de datos. Los formularios para la firma en soporte papel tampoco introducen aviso legal alguno en consonancia con esta normativa.

   La regulación para la convocatoria de referéndum obliga a que las firmas sean representativas de una identidad auténtica, por lo cual sería necesario que los formularios de recogida de firmas advirtieran de una posible cesión de datos a terceros para comprobar la autenticidad de las mismas. Esa cesión debe ser advertida y consentida por los firmantes, según el articulo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Aparte de lo anterior, el formulario no informa con respecto a otros aspectos obligados por Ley.

  
El artículo 5 de la LOPD señala el derecho de información en la recogida de datos. Según este articulo los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante

   La advertencia que contiene el formulario de firmas autoriza expresamente a ceder los datos como apoyo tal y como fueron recogidas, por lo tanto no permite la verificación de la identidad con otra base oficial por no haberlo informado en el procedimiento de toma de datos, lo que daría lugar a que las firmas no serían vinculantes con respecto a la convocatoria de referéndum. El realizar el procedimiento de verificación sin el consentimiento del afectado, incumpliría lo señalado en la Ley.

  
El departamento jurídico del Partido Popular debería darse prisa en modificar el Aviso Legal de las tomas de datos e informar en la medida de lo posible a los ya firmantes de las cesiones para verificar la identidad. Aun así creo que es un fallo importante para una iniciativa de tanto esfuerzo y de tantas esperanzas por parte de una proporción muy importante de la población española.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Ricardo Chamorro

   Parece que la Protección de Datos está empezando a alcanzar un papel relevante en la sociedad española. Poco a poco son más las empresas que están llevando a cabo procesos de adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, y esto se debe sobre todo a la labor difusora y de concienciación que se está realizando desde los distintos organismos encargados de velar por la seguridad de los datos personales, siendo importante la figura de las Agencias Autonómicas en Protección de Datos.

   Conocida es ya la labor difusora que está llevando a cabo la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid: a lo largo del año pasado, un total de 400 sesiones informativas con un total de asistencia de más de 7500 personas. También a través de la publicación de libros dedicados al estudio de la Protección de Datos en todos los ámbitos, como es el caso de los tres próximos libros que presentará el día 9 de febrero: Repertorio de legislación y jurisdicción, Guía de protección de datos personales para centros educativos públicos y la Memoria del I premio europeo a las mejores practicas de las administraciones públicas en protección de datos.

   La agencia catalana de protección de datos tiene en estudio, en estos momentos, varios casos de posible incumplimiento de la ley: uno por el caso de los comisarios lingüísticos del tripartito, los cuales obligaron a los alumnos del Institut d´Ensenyament Secundari Municipal Lluïsa Cura de Barcelona a rellenar un impreso en el que se preguntaba en qué lengua impartían clase los profesores, entre otras cosas, ya que las preguntas sobrepasaban la esfera de lo académico para inquirir sobre si los alumnos entre sí usaban el catalán o el castellano para relacionarse, e incluso cuál era la lengua que se hablaba habitualmente en sus hogares.

   A estos alumnos no se les informó de la opción de no rellenar una encuesta que hacía referencia a datos de carácter personal extra-académicos, que no tienen ninguna obligación de suministrar. Además en estos impresos aparecían los nombres de cada uno de los alumnos, de tal manera que se puede identificar la identidad de aquél con su respuesta. Y por otro lado está el caso de los historiales médicos de pacientes supervisados por la Generalitat para una finalidad no consentida por parte de los titulares de esos historiales médicos.

   En cuanto a la Agencia Vasca, está llevando a cabo una labor de difusión con jornadas dirigidas a concejales y alcaldes, con la elaboración de un programa de declaración de los ficheros públicos, y poco a poco desarrollando muchas más actividades, ya que hemos de recordar que de las agencias autonómicas de protección de datos, la agencia vasca es la de mas reciente creación.

   En el resto de comunidades autónomas, por ejemplo Aragón, los ponentes de la reforma del Estatuto de autonomía han acordado por unanimidad otorgar a la comunidad la potestad de crear una Agencia de Protección de Datos. Cuyas competencias serían la regulación y el control de los ficheros que contengan datos de carácter personal elaborados por las instituciones públicas, lo que incluiría censos y padrones, entre otros documentos. En la Comunidad Valenciana y en Galicia también hay perspectivas de creación de un Agencia de Protección de Datos, y en Castilla-La Mancha sucede algo parecido a las dos anteriores; además, en esta comunidad se está llevando a cabo la labor difusora de la Protección de Datos a través de una pagina web, www.protegeteclm.com.

CHAMORRO Consultores Jurídicos
C/ General Aguilera 6º 3º b
Ciudad Real
www.chamorroconsultores.com

Sebastián Fuentes (Diputado Nacional del PSOE por Ciudad Real)

   Detrás de las tensiones y de la crispación que se ha generado como consecuencia del debate sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña existe en realidad una desconfianza, yo diría que hasta un rechazo evidente, hacia el modelo constitucional del que nos dotamos en 1978.

   El texto constitucional trata de resolver a través de su Titulo VIII un problema que venía arrastrando España desde mediados del Siglo XIX y que hundía sus raíces históricas en el origen mismo de la creación de España y su conformación como Estado-Nación. España es una comunidad de territorios compleja que no sólo se construye tras la agregación de territorios, sino que queda conformada definitivamente tras la desmembración de los reinos hispánicos que constituían el imperio de los Austrias. En ella han convivido durante siglos lenguas, culturas y fueros diversos que no siempre han sido encajados con facilidad por un poder central y común a todos ellos. Siempre han existido las tensiones entre el centro y la periferia.

  
La Constitución es hija de su tiempo y refleja los consensos de la época, pero también sus temores y sus tensiones. Algunos de los que hoy abrazan a la Constitución de 1978 como palabra mágica que conjura todos los desencuentros y reúne todos los consensos, son herederos de aquellos que pusieron muy serias objeciones al Titulo referido a las autonomías. Al cabo de los años, a la vista de que la descentralización ha sido buena para la desarrollo y el crecimiento del país, aquellos y su prole política han terminando asumiendo el modelo, otros, sin embargo, sobre todo la derecha que se ha concentrado en este Partido Popular, retrofundado en Alianza Popular, se agarran a la Constitución como el colmo de todas las cesiones territoriales, no como el inicio de un modelo de estado descentralizado y moderno.

  
Se tiene que discutir y defender que el modelo sea solidario y justo para las comunidades que menos tienen, pero si el sistema esta funcionando, hay que avanzar en él. La Constitución no consagra la España “cañi”, ni la “unidad de destino en lo universal” que arenga la ultraderecha y el bando del Alcalde de Ciudad Real, sino que consagra la España plural y descentralizada. En realidad algunos piensan que la Ley fundamental ya llego bastante lejos, piensan en ella como lo último que puede permitirse la idea de España y hablan de espíritu de la Constitución para referirse a ese límite. Y límite y espíritu son dos cosas diferentes. La derecha nunca creyó en el Titulo VIII, nunca creyó en la descentralización ni en las autonomías. Nunca ha querido avanzar en el desarrollo constitucional porque siempre la ha interpretado como final, no como principio.

  
En nuestra tierra todavía es más sangrante este desprecio por la autonomía, pero como los ciudadanos si creyeron en ella, la opción conservadora nunca ha sido elegida para gobernar en Castilla-La Mancha. Me resulta paradójico que, algunos, en nuestra región defiendan esta curiosa “esencia de España”, una idea que he devenido en un modelo de estado y del ejercicio del poder que a nuestra tierra sólo le ha dado hambre y miseria durante siglos, que ha visto como precisamente territorios, hoy desnostados por nacionalistas o independentistas, se llevaban nuestra riqueza y nuestra gente. Nunca hemos tenido tanta prosperidad como ahora, con el autogobierno de las cosas cercanas. ¿A que viene tanta nostalgia de España? ¿Es nostalgia de España o añoranza de otro tiempo y otro régimen?

Manuel García Villajos (Secretario Provincial Sector Ferroviario CC.OO)

Muy. Sres. Nuestros:

   El próximo día 1 de febrero inicia su circulación un nuevo tren regional de alta calidad con origen/destino Madrid-Jaén. Dicho tren en sentido Jaén (32090) tiene su paso por Alcázar de San Juan a las 09,00 horas, sin que tenga prevista parada en esta estación. Así mismo, su inverso (32091), destino Madrid, tiene su paso por Alcázar de San Juan a las 19,00 horas, sin contar, de nuevo, con parada en la estación de Alcázar de San Juan. Sin embargo sí efectuará parada en las ciudarrealeñas estaciones de Manzanares y Valdepeñas.

   No encontramos ninguna razón lógica ni argumento que avale esta decisión comercial de la U.N. de Regionales Renfe. Es absolutamente inconcebible e inadmisible que se pueda desplazar a Alcázar de San Juan como potencial núcleo vertebrador de las comunicaciones ferroviarias inter e intrarregionales en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, menospreciando su potencial de viajeros y discriminando con la privación de una relación de calidad a todos los ciudadanos de esta ciudad.

  
Por todo ello solicitamos de la U.N. de Regionales Renfe la inmediata rectificación de esta nefasta decisión comercial, al tiempo que pedimos a los representantes institucionales y ciudadanos el mayor apoyo a esta reivindicación.

  
Sin otro particular, en espera de ser atendidos en esta petición, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

   Alcázar de San Juan, 27 de enero de 2006.

José Maria Bris Gallego (Diputado de Castilla La Mancha por el Partido Popular)

   Lo ha conseguido. El Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, con el beneplácito de la mayoría de los diputados socialistas va a tratar de aprobar el» Estatut de Cataluña» y con ello va a dar ventajas a una región española sobre el resto de las demás, cargándose los principios de solidaridad de nuestra Constitución, que ya nunca podrá ser llamada del consenso, porque un Presidente que no tenia previsto gobernar, ha tenido la infeliz ocurrencia de tomar decisiones que perjudican gravemente a España y a nuestra convivencia democrática.

   Ha admitido en el «Estatut”, en contra de nuestra Constitución el termino nación para Cataluña, con 10 que comienza haciendo una concesión totalmente anticonstitucional. También ha aprobado un sistema financiero que sin duda va a perjudicar gravemente al resto de las regiones, al concederles una Agencia Tributaria propia, la mitad del IRPF Y del IV A y el 58% de los Impuestos Especiales, aparte de que Cataluña recibirá mayores inversiones que el resto de España, que con este acuerdo verán disminuidas las suyas, con 10 que a partir de ahora, las comunidades autónomas ricas serán cada vez más ricas y la pobres cada vez mas pobres.

  
Sin entrar en estos momentos a valorar los avances competencia les que ha conseguido Cataluña en todos los aspectos, de manera especial en materia de Justicia.

  
Este Estatuto, que rompe la Constitución, va a influir negativamente en el resto de España, con 10 que resulta lamentable que olvidando el espíritu de la transición se haya hecho sin el concurso del Partido Popular que representa a más de diez millones de españoles. Ahora solo nos queda esperar la respuesta de los socialistas que de una forma u otra se han manifestado en su contra a 10 largo de su tramitación, Bono, Ibarra, Vázquez, el presidente Barreda,… que sus deseos no se queden solo en palabras, sino que haya hechos
, que no pueden ser otros que no dar su apoyo a este Estatuto que tanto daño va a hacer en el futuro a las regiones que representan. Si los diputados y senadores socialistas de Castilla La Mancha y Extremadura (a los que se pueden unir los de otras regiones también perjudicadas, como Andalucía y Castilla – León) votan en contra de la propuesta de Rodríguez Zapatero el Estatuto de Cataluña no saldrá adelante.

  
Y ese es el dilema que se les va a presentar a los parlamentarios de Castilla La Mancha y las dudas sobre el camino que deben elegir, el de seguir la propuesta de su presidente que tanto daño nos va a hacer traicionando a su electorado, o ser fieles al mismo y votar en contra. Como político castellano-manchego llamo a la responsabilidad de los diputados y senadores socialistas de nuestra región para que no voten a favor de ese documento malo para nuestro futuro Que recuerden que todos ellos juraron y prometieron guardar y hacer guardar la Constitución y defenderla contra quienes como el Sr. Rodríguez Zapatero ‘ atendiendo intereses personales y partidistas ni la respetan ni la acatan

Ricardo Chamorro

   La adicción a Internet ha sido encuadrada por algunos psiquiatras como un trastorno denominado «Desorden Adictivo a Internet». También llamada «Internet-dependencia» e «Internet-compulsión», esa adicción se detecta por comportamientos relacionados con Internet que interfieren en la vida normal de una persona, causando estrés severo a su familia, amigos y trabajo.

   Cada vez es mas habitual la existencia de personas que, prácticamente, pasan el día entero frente al ordenador, enviando correos, haciendo negocios, jugando, chateando…Este tipo de persona se encuentra perdida sin acceso a la Red y desprenderse de la conexión le produce ansiedad, este tipo de persona puede considerarse, según estos psiquiatras, como un «ciberadicto».

  
En Estados Unidos entre el seis y el diez por ciento de los usuarios padecen esta supuesta adicción. En este país, mas concretamente en la Universidad de Pensilvania, esta ubicado el consultorio de la psiquiatra Hilarie Cash, donde se tratan pacientes diagnosticados con esta adicción llamado «DAI» (Desorden Adictivo a Internet). Esta psiquiatra ha identificado como síntomas de la DAI la constante preocupación por «estar conectado», así como mentir acerca del tiempo que se pasa navegando por Internet o sobre el tipo de contenido visualizado, además de aislamiento social, dolor de espalda y aumento de peso.

  
«Si el patrón de uso de Internet interfiere con tu vida o tiene impacto en tus relaciones de trabajo, familiares y de amistad, debes tener un problema», opinión de otra experta en la materia llamada Kimberly Young, investigadora líder de las adicciones a Internet. Young es la fundadora del Center for Online Addiction, con sede en Bradford, Pensilvania, donde funcionan grupos de apoyo a las «ciberviudas», esto es, las esposas de adictos a las relaciones amorosas, la pornografía o las apuestas vía Internet. En opinión de Young, los «ciberadictos» optan por el placer temporal en lugar de las relaciones íntimas y profundas.

  
Según estos psiquiatras, los enfermos cibernéticos entran en un círculo vicioso, ya que la pérdida de autoestima crece a medida que aumenta su adicción a Internet, lo que a su vez eleva su necesidad de escapar de la realidad y de refugiarse en la red. «La infidelidad vía Internet es el mayor problema que tratamos. Más del 50 por ciento de nuestros clientes son individuos y parejas que sufren sus secuelas» dice Young, autora del libro «Caught in the Net» («Atrapado en la Red»), el primero en abordar el tema del «ciberadulterio». Otros tipos de adicciones son las relacionadas con actividades interactivas como el «chateo», la mensajería instantánea y los vídeo juegos, así como los sitios de apuestas, subastas y compras.

  
Es importante destacar que existen otros profesionales de la psiquiatría que consideran inexistente este trastorno, basándose, entre otras cosas, en su no aparición en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición (DSM-IV), que es el sistema de diagnóstico psiquiátrico que se utiliza actualmente. Este manual no considera ninguna adicción no química: las adicciones se definen según la sustancia que las causa.

  
Los comportamientos compulsivos han existido siempre, dice el manual, pero pertenecen a una categoría diagnóstica muy distinta. Estos profesionales, críticos con el diagnostico de esta supuesta patología, consideran que sí, podemos hablar, claro está, de personas que utilizan Internet de manera excesiva; y también de personas que ven la televisión en exceso, y de personas que hacen más deporte de lo normal, incluso de personas que leen más de lo normal para nuestro modo de vida, pero que seria totalmente absurdo llamarlas adictas por ello. Como conclusión la reflexión del doctor Leonard Holmes, que se pregunta cómo pueden algunos estar hablando de utilización patológica de Internet si ni siquiera sabemos todavía qué es un uso «normal» de Internet.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Julio Plaza Tabasco (Geógrafo)

   La sustitución de don José Ignacio Sánchez Mora por don Enrique Calleja en la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha hecho que La Mancha aparezca de nuevo en los titulares de algún periódico nacional (ABC, 18 de enero). La Mancha ya era un ejemplo a nivel mundial de la mala gestión de las aguas subterráneas por la incapacidad institucional de coordinar adecuadamente las demandas hídricas de espacios naturales, abastecimientos y actividades económicas. Cuestión nada infrecuente en el mundo pues la agricultura exige a nivel mundial sobre el 80% de los recursos existentes.

   El problema en La Mancha estaba creado en 1985 cuando se aprobó la Ley de Aguas, pues ya se documentaban unas 120.000 Ha en regadío que exigían unos 600 Hm3 con los cultivos y las técnicas de riego de entonces: el doble de las entradas renovables. De hecho la administración hidráulica declaró sobreexplotado el acuífero 23 en 1987. Sin embargo, el modelo económico basado en la explotación de las aguas subterráneas no había alcanzado aún las cotas deseables, y además la propia convergencia europea nos exigía un esfuerzo complementario, que se trasladaba en las ayudas de la PAC, las cuales favorecieron aún más el desarrollo y la transformación agraria sin las consideraciones ambientales adecuadas; aspecto que se intentó revisar con el Plan de Compensaciones de Renta de los años 1992 a 2000, el inicio de la instalación de caudalímetros, y el fortalecimiento institucional de la confederación y las comunidades de regantes.

   Al mismo tiempo, el gobierno regional estaba convencido de un modelo de desarrollo territorial agrarista, manifestado en el continuo contraste del regadío castellano-manchego con el de otras comunidades. Por ello exigía continuamente más regadíos en su propuesta al Plan Nacional de Regadío, incluso sabiendo cuál era nuestra espada de Damocles. Todo ello se resume en un continuo respaldo hacia los intereses agrarios que ha ido fortaleciéndose con el tiempo consolidándose como un derecho de facto sobre las aguas subterráneas. El gobierno regional no ha considerado que la gobernanza, se debe más al territorio y al futuro de sus habitantes, utilizando para ello el sentido común y su capacidad de gestión y planificación, que a los intereses de un único colectivo, por muy influyente que sea electoralmente.

   De esta forma podemos entender que la apropiación del agua por los agricultores para la agricultura es parte de un proceso de desarrollo territorial influido por factores sociales y económicos extremadamente complejos, pero no por ello difíciles de tratar racionalmente.

   Por otro lado, la propiedad de la tierra ha condicionado históricamente el acceso al recurso. La capacidad económica de transformación a regadío depende del capital disponible y de las posibles garantías hipotecarias que se derivan de la propiedad, de ahí que las grandes y medianas propiedades de La Mancha fueran las que acometieran en primer lugar la puesta en regadío. Además de este factor, la localización de las grandes y medianas propiedades en el espacio geográfico de La Mancha ha coincidido en gran medida con las zonas centrales del acuífero, esto es, con las mayores posibilidades de acceso al recurso. En consecuencia, las rentabilidades han sido elevadísimas y ha permitido intensificar aún más el campo durante los años siguientes con cultivos exigentes, que ahora son sustituidos por viñedos en espaldera igualmente dependientes del escaso recurso. Por otro lado, las pequeñas propiedades, dedicadas históricamente en su mayor parte al viñedo, se vieron favorecidas al riego tras el levantamiento de su prohibición en 1995, por las consecuencias que tuvo en el medio agrario la sequía de los años 1994 y 1995. Las siguientes sequías y la reestructuración del viñedo no han hecho sino incentivar esa tendencia. Otras explotaciones pequeñas, dedicadas a los cultivos hortícolas y cultivos intensivos como la alfalfa o la remolacha han ido adquiriendo o arrendando tierras, hasta formar parte de los medianos y grandes propietarios.

   En consecuencia, todas las explotaciones, con derechos y sin derechos, han participado y participan en una “guerra de pozos” sine die, aprovechando la debilidad de las instituciones, posiblemente hasta que las aguas subterráneas desaparezcan. En este escenario es interesante considerar la delicada situación del gobierno regional por no clarificar y valorar adecuadamente el problema y establecer un marco regulador del desarrollo agrario en La Mancha, que considerase tanto los riesgos internos que el problema puede generar a la propia agricultura, como al conjunto del desarrollo territorial. Al menos este análisis no se ha hecho público.

   Nos enfrentamos con una guerra de pozos y derechos donde la Confederación Hidrográfica del Guadiana intenta buscar soluciones, participadas desde hace dos años, a través del trabajo preparatorio del “segundo” Plan Espacial del Alto Guadiana, en cumplimiento de lo establecido constitucionalmente y por las directivas europeas de aguas y de medio ambiente. Esperemos que la actitud de la Junta de Comunidades cambie con la llegada del nuevo nombramiento y sea posible un “tercer” y definitivo PEAG.

   Frente a este deseo, sin embargo, no es muy esperanzador leer en los medios de comunicación las siguientes declaraciones de la consejera de Agricultura “puede que algunos de los agricultores utilicen mal el agua, no lo voy a negar, pero la mayoría lo hace de forma correcta», cuando todos sabemos que el problema no viene de la actitud correcta o incorrecta de los agricultores sino de una inadecuada gestión global de los usos que se hacen del agua, pues aunque todas las actitudes de los agricultores fueran impecables y dentro de la legalidad, y la Junta facilitase el desarrollo eficaz de los sistemas de riego y el trasvase de recursos externos a La Mancha, su suma seguiría generando una situación insatisfactoria para todos y deficitaria en recursos hídricos, que sólo puede controlarse con la regulación y planificación de los usos del suelo, que son, en definitiva competencias, exclusivas de nuestra autonomía.

Ricardo Chamorro

   La protección de datos está de actualidad. El escándalo de los historiales clínicos de pacientes supervisados por la Generalitat catalana, para una finalidad inconsentida por parte de los titulares de estos datos sanitarios, ha hecho saltar las alarmas. La Agencia Catalana de Protección de Datos ha comenzado a investigar estos hechos.

   Esta noticia no es única: en diversos medios aparecen continuamente noticias sobre la materia. Esta misma semana, además de la noticia de la Generalitat, ha aparecido en prensa lo siguiente: la apertura, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, de un expediente a Gas Natural Andalucía SA; una multa de 6.000 euros, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, a Asnef por un fichero de morosos; o la investigación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha admitido a trámite la denuncia de un vecino de Castelldefels (Barcelona) contra el portal de internet Terra, tras haber descubierto un agujero de seguridad en el sistema que permite acceder a información confidencial de otros usuarios.

   La capacidad de control del ciudadano sobre sus propios datos es un derecho fundamental no tomado en cuenta en multitud de ocasiones, pero de una gran importancia en el momento en el que vivimos. Este derecho es interpretado por el Tribunal Constitucional de la siguiente forma:

  
«La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede del ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (artículo 18.1 CE) y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona» (SSTC 94/1998 y 292/2000).

  
«Su objeto es mas amplio que el derecho a la intimidad» (STC 292/2000), pues «no se limita a la protección de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, sino que amplia la garantía constitucional a aquellos datos que sean relevantes, tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado».

  
«De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal».

  
«Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo» (fundamento jurídico sexto de la STC 292/2000).

   Toda esta doctrina constitucional revela la importancia de la Protección de nuestros datos como parte inseparable de nuestra esfera íntima y de nuestra libertad individual para decidir sobre su destino.

  
Aun así, la concienciación sobre esta materia tiene aún un largo camino que recorrer. Los últimos datos de la Agencia Española de Protección de Datos señalan que, en el ámbito privado, sólo 250.293 entidades están dadas de alta en el Registro General de Protección de Datos. Esta cifra es insignificante teniendo en cuenta que el ultimo dato del Directorio Central de Empresas (DIRCE) señalaba que en España operaban un total de 3.064.129 de empresas, de las cuales casi su totalidad maneja datos de carácter personal. Ante estos datos estaríamos hablando de que más del 90% de las empresas españolas no están adaptadas a esta Ley.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Manuel Fuentes Muñoz

  
Hace ahora un año los usuarios de los trenes de alta velocidad nos dirigimos al señor Barreda para pedirle que interviniera en el conflicto planteado con RENFE. El motivo era evitar las gravosas restricciones que el nuevo servicio planteaba –y sigue planteando-, en relación con el sistema anterior y con el que a los usuarios habituales se nos imponían unas condiciones de acceso muy rígidas y a un precio mucho más elevado, mientras los nuevos trenes y el servicio implantado eran de muy inferiores costes y prestaciones. El Presidente de la Junta aceptó nuestra petición y, tras un contacto previo con nosotros, celebró una reunión con el Presidente de RENFE, en la que, entre otros temas, se trató de nuestra situación.

   El único resultado positivo y novedoso, que dicha reunión deparó, fue el compromiso adquirido por la empresa pública de poner en servicio una tarjeta inteligente. Nuestra esperanza, porque dicha tarjeta se pusiera en marcha, no ocultaba ciertas reservas que la misma suscitaba, ya que no se nos decía cuales eran sus prestaciones concretas, ni el plazo de entrada en servicio de la misma, ni como se iba a integrar en el complejo y precario sistema de gestión de reservas de la empresa pública ferroviaria.

   La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad agradeció, en nota de prensa, la buena disposición del Presidente sobre la problemática planteada con los nuevos servicios puestos en funcionamiento, pero considerando absolutamente insatisfactorios los acuerdos alcanzados en esa reunión. En cualquier caso, confiábamos en que, por lo menos, la palabra del señor Barreda serviría para que ese pírrico acuerdo se aplicara.

  
El más que aparente fracaso de esa reunión, pudo ser debido a la mala estrategia seguida y, muy problamente, al mal asesoramiento de alguno o algunos de sus colaboradores, lo que no debe eximir de responsabilidad al Presidente. Hay quien ha considerado, incluso, que pudo haber otros intereses a los que se dio prioridad en detrimento de los nuestros, aunque yo confié, y sigo confiando, en la buena voluntad del señor Barreda a la hora de defender los intereses de todos los ciudadanos de la región. Sin embargo, en casos como este, hace falta algo más que buena disposición. Estos días, sin ir más lejos, hemos podido comprobar que las instituciones públicas sí pueden hacer rectificar a la operadora pública cuando abusa de su posición monopolística, como ha ocurrido con la rebaja de precios en los AVE a Lérida y Zaragoza.

  
Ahora, después de casi un año, RENFE informa de su negativa a aplicar lo acordado con el señor Barreda y desestima la puesta en servicio de esta tarjeta porque –dice-, le supone cambios tan importantes que no está dispuesta a llevarlos a cabo. Aunque no es difícil imaginar que, lo que ocurre en realidad, es que no está dispuesta a asumir los cambios y el coste que ello les supone.

  
En estos momentos la Junta de Comunidades está anunciando, a bombo y platillo, el acuerdo alcanzado sobre la dotación de infraestructuras para nuestra región, algo que todos los ciudadanos de Castilla la Mancha valoramos muy positivamente. Pero, no debemos engañarnos. Las infraestructuras, por si mismas, no resuelven los problemas de la gente. Se hace necesario que los servicios que estas proporcionen, sean adecuados a las verdaderas necesidades de todos los ciudadanos y asequibles a sus economías. Algo que no ocurre ni con los trenes de alta velocidad que se están poniendo en servicio, en estos momentos, ni con la puesta en funcionamiento de autopistas, tanto sean de “peaje en la sombra” como de pago directo por los usuarios. Precisamente ahora que se estudia su eliminación en otras regiones.

  
La alta velocidad en nuestra provincia tendrá un antes y un después del cambio de servicio producido hace ahora un año. Y el que se mantengan las restrictivas condiciones de este servicio se debe, al menos en parte, a que la intervención del señor Barreda, cuyo desenlace se ha producido estos días con la respuesta dada por RENFE, no ha sido, por el momento, eficaz. Con esa respuesta, la operadora pública, viene a descalificar al propio Presidente de la Junta y, por extensión, a todos los ciudadanos de la región. Esta podría ser la crónica de un fracaso anunciado si el señor Barreda no toma cartas de nuevo en el asunto con RENFE y dedica algún esfuerzo, -algo que todavía puede hacer-, para tratar de recuperar unas condiciones del servicio de alta velocidad para sus conciudadanos, que se vieron seriamente degradadas por RENFE el pasado año. Y, por otra parte, le deseamos que tenga más éxito en la aplicación del convenio que ha suscrito con la señora Álvarez.

Ricardo Chamorro

   La prestigiosa entidad Morgan Stanley ha realizado un importante informe sobre la situación de Internet a nivel mundial y las expectativas de crecimiento de la Red desde un punto de vista financiero.

   De dicho informe se extrae que el año 2005 acaba con la cifra de 1.000 millones de usuarios en Internet. El dato no es exacto, sino una aproximación basada en los resultados obtenidos de los registros del Internet World Stats, que contiene información de Nielsen NetRatings e Internacional Telecommunications Union, entre otros.

   El informe dice que los próximos 10 años la red sumará 1.000 millones más de usuarios, aunque esta cifra es superable para otras previsiones. En opinión de importantes consultoras se estima que si funcionan los planes de alfabetización digital de la ONU y proyectos como el One Laptop Per Child [un portátil por niño], que el Instituto de Tecnología de Massachusetts y Nicholas Negroponte impulsan para el Tercer Mundo, en 2015 habría 3.000 millones de internautas.

  
El caso de España es similar al del resto de Europa, en donde los índices de crecimiento de usuarios se ha estancado en relación con otros continentes como Asia, en donde China cuenta hoy con 103 millones de navegantes.

  
Desde un punto de vista financiero Morgan Stanley llega a una serie de conclusiones sobre las expectativas económicas de Internet como:

  
– La creciente importancia de la vía de ingresos de Google y Yahoo a través de la publicidad contextual, que ha generado unos ingresos para Google en el tercer cuatrimestre de 1,6 mil millones de dólares y para Yahoo de 1,3 millones o que en el último año.

  
– La importancia de las empresas capitalizadas en la Red (Google, Yahoo…), que ya representan un valor de mercado de 262.000 millones de dólares, con tendencia a subir en comercio electrónico y banca on line.

  
– El número de usuarios ha crecido entre un 10% y un 15% y el uso de Internet ha aumentado entre un 20% y un 30%.

  
-El P2P (peer to peer) absorbe un consumo del 60% del ancho de banda global.

  
La conclusión de este informe es, de manera resumida, que tanto la banda ancha como la tecnología móvil son apuestas empresariales de futuro y que quien invierta en Internet podrá acceder en la plazo de 10 años a 2.000 millones de usuarios que podrán ser posibles clientes o destinatarios de información. En un futuro inmediato absolutamente todo girara en torno a Internet.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Carmen Quintanilla Barba(Presidenta Nacional de AFAMMER)

   El municipio granadino de Algarinejo se convertía, por desgracia, el pasado domingo en noticia por la muerte de Pilar Pacheco Valverde, la primera víctima de la violencia de género en el recién estrenado año 2006 del que tan sólo habían transcurrido 17 horas. Poco después, a las ocho de la tarde del domingo, una mujer marroquí de 30 años moría asfixiada a manos de su pareja en Marbella.
   La primera de ellas, Pilar, recibió dos tiros de escopeta por la espalda cuando se encontraba recogiendo aceituna en un olivar cercano al cortijo de su ex marido y murió poco después. Precisamente, según había comentado la mujer a su hermano, ésta había recibido amenazas de muerte por parte de su ex marido, pero no había presentado denuncia. Algo que, a muchos nos puede parecer increíble a estas alturas, pero que es tremendamente cierto.

  
Según las estadísticas, cada vez es mayor el número de mujeres que se deciden a presentar la correspondiente denuncia ante el juzgado, pero hasta en esto siguen existiendo grandes diferencias entre el mundo rural y el urbano. Incluso denunciar es mucho más sencillo (aunque en ningún caso es fácil) en la ciudad que en el campo.

  
En las poblaciones rurales, pequeñas, en las que todo el mundo se conoce, en las que sigue vigente el miedo al “qué dirán”, en las que es muy difícil no verle la cara al agresor todos los días y a todas horas, en las que las mujeres no tienen la independencia económica suficiente para decir basta a la situación, ni tienen a quién recurrir porque los recursos de ayuda social o policial no existen en todos los municipios, las denuncias son escasas.

   Muchos casos, desafortunadamente, salen a la luz porque han costado vidas. En el año 2005 fueron 62 las mujeres asesinadas. Pero, ¿cuántas mujeres siguen sufriendo en silencio los malos tratos físicos o psicológicos, el acoso o las amenazas de sus compañeros o ex compañeros?.

  
En el medio rural desconocemos las cifras, entre otras cosas, porque las estadísticas se centran siempre en el medio urbano. Por ello, desde la Asociación de Familias del Medio Rural (AFAMMER) continuamos insistiendo en la necesidad de realizar un estudio exhaustivo que analice en profundidad la violencia de género en el mundo rural con el objetivo de conocer la situación real y poder poner en marcha las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible que hechos como estos sean noticia casi a diario en la sección de sucesos de los medios de comunicación. Sólo a través de un estudio pormenorizado de esta situación en el medio rural conseguiremos que la Ley Orgánica aprobada en su día no se quede coja.

Leandro Fernando Zaballos (Presidente de la Asociación Castellanomanchega de Familias Numerosas)

   Nos han subido el gas natural, nos suben la luz para 2.006, nos siguen penalizando el consumo de agua, nos penalizarán poner dos lavadoras diarias (perdón, el consumo de luz). El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que depende de la vicepresidenta del Gobierno, nos compara con alcohólicos, drogadictos, extremistas radicales y delincuentes.

   La Agencia Tributaria nos tiene retenidas todavía bastantes devoluciones de renta en Castilla-La Mancha, pues nos han quitado seis euros de cada 30 euros que recibimos de ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

  
La futura Ley de IRPF va a hacer que muchas familias se separen ficticiamente para poder dividir sus rentas y poder equipararse económicamente con los solteros o parejas sin hijos.

  
A pesar de todo nos queda la botella medio llena, y conservamos el humor y las ganas de seguir luchando por nuestros hijos en el futuro.

Felipe Medina Santos

(A mi abuelo Felipe López Santos y a mi padre Vicente Medina Urda)

   España tiene todavía pendiente, una de las asignaturas más importantes para poder sentirse integrada y aceptada en el elegido grupo de las llamadas democracias.

   El 18 de julio de 1936, unos militares rebeldes, con el apoyo y colaboración de la derecha, la Iglesia, y la falange, fundamentalmente, y en el exterior, con el del capitalismo de algunos países llamados democráticos y con el descarado y previsible de sus hermanos ideológicos, los regímenes totalitarios de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, se levantaron en armas contra la República Española y su gobierno, un gobierno elegido democráticamente por mandato y voluntad de los ciudadanos en las elecciones de febrero de ese mismo año. Esos militares sublevados, esos militares cuya principal misión era, y es, defender y proteger a su pueblo -que es quien les mantiene-, y a su legalidad constitucional, se abalanzaron contra él, de forma brutal, atroz, y junto a una derecha retrógrada, vil e inepta, y una Iglesia católica inquisitorial y fundamentalista, dieron apoyo, cobertura y bendición,para asesinar y enterrar en fosas comunes anónimas, a una enorme cantidad de hombres y mujeres por el «delito» de pensar diferente, o simplemente, por pensar, y sobre todo, por defender la legalidad institucional republicana; eso sí, siempre en nombre de Dios y de la patria.

   El desconocimiento generalizado de nuestra Historia reciente, hace que se perpetúe la versión de sólo una de las partes involucradas en el conflicto de la guerra civil, la propaganda durante cuarenta años de dictadura franquista, la de los sublevados, la de los rebeldes, la de los que acabaron con la primera etapa democrática habida en España, la versión de los que acabaron con la ilusión de un pueblo, la de la derecha caciquil, la del fascismo, en definitiva, la versión de los vencedores.

   Debe ser responsabilidad de la izquierda actual, la recuperación de la verdadera Historia, y del despertar de la memoria adormecida y arrinconada. No se trata de una simple plasmación nostálgica de los hechos, sino, una necesidad, un deber de la izquierda para restablecer la verdad, para recuperar sus raíces, su referente, para reforzar la solidez de sus principios, de su base histórica, y para dignificar y conseguir el reconocimiento público y oficial, de todos aquellos que sufrieron, murieron, fueron esclavizados, exiliados, torturados,»desaparecidos» o asesinados en las tapias de los cementerios o en las cunetas de las carreteras, por defender la justicia, la libertad, la cultura, la solidaridad, la democracia y la legalidad constitucional de la República.

   Casi veintinueve años después de la muerte del dictador, y de sesenta y ocho del comienzo del enfrentamiento fratricida, no podemos consentir por más tiempo, que se siga hurtando la verdad de lo sucedido a los ciudadanos de este país, ¡ya es hora de empezar a restañar las heridas!, y esto no se puede realizar, como algunos pretenden, desde la amnesia, desde el «borrón y cuenta nueva»,desde el olvido, como intentó conseguir la vergonzosa «Ley de Amnistía de 1977»,también conocida como «ley de punto final»,entre otras cosas, porque es imposible obligar a la memoria a olvidar, y menos, por decreto. Ya ha transcurrido el tiempo suficiente para poder hablar y exigir, sin miedo al resurgimiento de movimientos golpistas, la devolución de la identidad y la dignidad republicana, ¿o no ?,.Esta sociedad, parece ya, lo suficientemente asentada, para poder reconstruir su pasado y diseñar su futuro, sin temor a levantamientos involucionistas de carácter militar o fascista, que era lo que argumentaban nuestros políticos de izquierda, a finales de los años setenta y primeros de los ochenta, durante la etapa de la mal llamada «Transición»porque lo que se hizo fue, recuperar algo que ya teníamos, algo que era nuestro, del pueblo, y que nos robaron en 1936-,. Esta sociedad, ya parece segura y a salvo, ¿o todavía no?. Ya no se puede recurrir a la estratagema de «escoger lo menos malo»,ya no podemos seguir siendo tan «políticamente correctos» y temerosos. Ya no es moral, ni éticamente aceptable, seguir callados, menospreciando el recuerdo y la memoria de todos aquellos que lucharon o murieron por defender unos valores de los que ahora disfrutamos, eso sí, con medio siglo de retraso. Hay que dejar claro de una vez, y proclamar en voz alta, pese a quien pese, y duela a quien duela, que los que no aceptaron la voluntad popular expresada libremente en las urnas, los que se rebelaron, los que dan el golpe de estado contra la democracia en julio de 1936,no son las organizaciones de izquierda, sino la derecha, esa derecha caciquil, intransigente, burda, militarista, fundamentalista católica, antiobrera, oligárquica, incapaz y reaccionaria, esa derecha que fue la responsable con su sublevación, de cientos de miles de muertos, de cantidades ingentes de viudas y huérfanos, esa derecha, fue la culpable de un dolor, de un odio, de un rencor, de una impotencia, de un miedo, de una tristeza, de un silencio, de un olvido, de un atraso, y de una pobreza, del que esta tierra, aún, se está recuperando.

   Es denigrante saber que, mientras las diferentes asociaciones, colectivos o particulares, empeñados en exhumar los restos de los asesinados republicanos, o han recibido ningún tipo de ayuda por parte del anterior gobierno Aznar.Éste mismo gobierno, con la desfachatez y prepotencia habitual de la derecha, ha financió con fondos públicos, para sonrojo de los ciudadanos españoles, la fundación Francisco Franco, encargada, evidentemente, de ensalzar, difundir y salvaguardar, los altos valores y principios, espirituales y morales, del genocida dictador que lleva su nombre. Así mismo, es humillante, conocer, que durante el gobierno del Sr. Aznar, se financió, también con dinero público, la búsqueda y exhumación, de los restos de los «voluntarios» de la «División Azul»,muertos en la invasión de la Unión Soviética, cuando combatía, junto a sus hermanos nazis, a las “hordas marxistas”, durante la segunda guerra mundial. Del mismo modo, se ha financiado un monolito, levantado en memoria de esos voluntarios, en un cementerio ruso.

   Es decir, que en vez de fomentar y defender los valores democráticos, y a quienes los representaron; se ayuda, ensalza y protege, seguramente por una irrefrenable simpatía y nostalgia, a los que se encargaron de aniquilarlos y suprimirlos de nuestro país.¡Qué vergüenza!,.

   Por todo esto, se debe exigir que al día de hoy signifique el inicio imparable de la recuperación de las señas de identidad de los vencidos y sus familiares.

Tomás Mañas (Consejero de Bienestar Social)

   Poder ofrecer a los demás nuestra ayuda, nuestro trabajo, nuestro tiempo para tratar de que sean un poco más felices, de que vivan un poco mejor constituye la labor diaria de miles de personas, de miles de voluntarios, que en Castilla-La Mancha se esfuerzan por procurar que aquellos que menos tienen, que más necesitan de la ayuda de los demás, disfruten de una mayor calidad de vida.

   Este ejército silencioso de solidaridad que en nuestra comunidad autónoma forman más de 25.000 personas, buscan en el trabajo voluntario, en la labor altruista, mejorar la situación de miles de personas como el mejor modo de conseguir una sociedad cada vez más justa e igualitaria.

  
Acompañamiento a personas mayores, a personas con discapacidad, realizar actividades con los niños, integrar las agrupaciones de Protección Civil o Cruz Roja, involucrarse activamente en mejorar el medio ambiente, la cultura o sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de avanzar en la Ayuda al Desarrollo son sólo algunos ejemplos de la labor que, diariamente, realizan miles de voluntarios en nuestra región.

  
Un trabajo, un esfuerzo altruista que, el 5 de diciembre, recordamos todos los ciudadanos y les agradecemos sinceramente como la mejor manera de celebrar este Día Internacional del Voluntariado.

   María Dolores Gijón, Teresa Laguía, José Antonio Sánchez o los voluntarios que realizan su labor en la asociación de personas con discapacidad Apace de Toledo, son sólo unos pocos ejemplos que el pasado día 26 tuvimos ocasión de homenajear con motivo de las menciones honoríficas del voluntariado.

  
La ilusión, las ganas de trabajar por los demás, la esperanza de cambiar la sociedad y la alegría que transmitían a todos los que participamos en ese sencillo y emotivo acto fueron un ejemplo para todos los que estábamos allí. Un ejemplo de esta sociedad castellano-manchega que ha hecho de la solidaridad su seña de identidad.

  
Para fomentar y apoyar en todo lo posible la labor de estos miles de ciudadanos comprometidos, desde el Gobierno regional hemos elaborado el II Plan del Voluntariado. Un documento, en el que han participado activamente todas las entidades y asociaciones de voluntarios de Castilla-La Mancha, y cuyo único fin es seguir avanzando para lograr que el trabajo que realizan miles de personas sea cada día mejor, más eficaz y llegue a un mayor número de gente.

  
Para ello nos hemos propuesto continuar apoyando la formación específica de los voluntarios, siendo éste un auténtico plan de calidad, que mejorará la labor que asociaciones y voluntarios llevan a cabo actualmente en nuestra comunidad.

  
A todos ellos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos agradecer su trabajo, su ilusión, su esfuerzo y su dedicación, algo que nos hace a todos un poco mejores, algo que hace a esta sociedad más justa y solidaria.

Tomás Mañas (Consejero de Bienestar Social)

   La apuesta que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha hecho, desde hace algunos años, por mejorar los centros, programas y atenciones que se presta a las personas con discapacidad ha comenzado a dar sus frutos. Este impulso, en el que hemos ido de la mano de las asociaciones y entidades que agrupa a este colectivo nos ha hecho llegar a situarnos como una comunidad autónoma de referencia con respecto al resto de España.
   Hace unos días conocimos los resultados del informe elaborado por el Imserso, a través del programa DESDE, que evalúa los centros y programas destinados a las personas con discapacidad que existen en las distintas regiones españolas. Un resultado que nos llenó de satisfacción a todos.

  
Según dicho estudio, Castilla-La Mancha posee en estos momentos más centros y programas específicos de atención destinados a este colectivo que la comunidad Navarra, una de las regiones más avanzadas en materia de servicios sociales de nuestro país.

  
Este reconocimiento ha supuesto, tanto para el Gobierno castellano-manchego como para las asociaciones de personas con discapacidad, un estímulo para continuar trabajando y colaborando en la misma dirección.

  
El incremento del presupuesto destinado a la Atención de las Personas con Discapacidad en, al menos, un 15% anual ha sido una de las claves, junto con la estrecha colaboración en la que estamos trabajando las entidades de discapacitados y la Junta de Comunidades.

  
Sin embargo, no queremos quedarnos ahí, pues además de continuar incrementando tanto el número de recursos y programas como la calidad de la atención que se presta, debemos avanzar por la senda de la integración laboral de este colectivo.

  
Para ello, es imprescindible la sensibilización de los ciudadanos de nuestra región. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es una buena ocasión para que todos tomemos conciencia de la necesidad de abrir las puertas, en todos los ámbitos, a una parte muy importante de la sociedad.

  
Unas puertas, unas oportunidades imprescindibles para que este colectivo pueda demostrar su valía y hacer ver que la igualdad real no es algo que podemos ofrecer de manera caprichosa, sino un acto de justicia con unas personas que tienen los mismos derechos a obtener un puesto de trabajo y a opinar sobre cualquier cuestión.

  
Por eso, pido a todos los castellano-manchegos una mayor implicación para conseguir que las personas con discapacidad puedan disfrutar, de una manera real, de las mismas oportunidades y derechos que el resto de los ciudadanos.

Ricardo Chamorro

   Esta semana se ha celebrado el IV Congreso Mundial de Bioética en Gijón. Este congreso ha tratado un tema fundamental para el siglo XXI como es la protección y tratamiento de los datos genéticos .

   El catedrático de Genética de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense Juan Ramón Lacadena abrió el debate sobre la necesidad de normas que regulen el tratamiento de los datos de los bancos genéticos y su ponencia fue apoyada por la mayoría de los 300 especialistas que participaron del Congreso. Lacadena aseguró que el avance de la ciencia es imparable fundamentalmente porque los científicos no están dispuestos a frenar en la búsqueda de conocimientos.

   Puede decirse de los datos genéticos constituyen una información singular, única y diferente de las personas, porque ofrecen información de futuro sobre la salud, sobre sus características generacionales respecto a la salud, y porque en definitiva ofrecen información probabilística sobre la salud de cada persona.

  
Imagínense, por ejemplo, este tipo de datos en manos de las potentes empresas aseguradoras o mutualidades, utilizarían estos datos para hacer un perfil especifico del posible asegurado que determinaría las probabilidades de enfermedad y por lo tanto la rentabilidad o no del individuo como asegurado.

  
La información genética es una información sanitaria singular, porque ofrece cualesquiera datos sobre la salud, no sólo presente del individuo, sino pasada y también futura. Asimismo, la información genética, a diferencia del resto de información de la salud, permanece siempre inalterable, y acompaña a la persona siempre desde su nacimiento hasta el momento de su fallecimiento. Tanto es así, que la información genética permite pronosticar el futuro de la salud de la persona, si bien no de una manera exacta, sino aproximada.

  
De la información genética se puede deducir nuestra herencia y la conexión que nos une a nuestros familiares en el ámbito de la salud, ya que dicha información no sólo afecta al propio individuo, sino también a los parientes de éste, y muy especialmente, a los padres, hijos y hermanos. Luego, si los demás datos de carácter personal, incluidos los relativos a la salud, constituyen información propia y relativa de la propia persona, en el caso de la información genética, esta afirmación sólo será cierta en parte, ya que nuestra información genética no sólo afecta a nuestra salud, sino también a otros miembros de nuestra familia.

  
En el Congreso de Bioética el director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto, Carlos María Romero Casabona, afirmó que el Gobierno de España tiene en preparación un proyecto de ley en ese sentido y que, según le ha confiado la ministra de Sanidad, Elena Salgado, esta nueva normativa entrará en vigor muy pronto. Tambien el presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, destacó la importancia que va adquiriendo está especialidad ante el vertiginoso avance de la ciencia ´en un mundo de conflictos y de interrogantes sobre su desarrollo sostenible.

  
En la actualidad en España rige, a nivel general en Protección de datos, la LEY Orgánica de Protección de Datos 15/1999. Cualquier regulación especifica con respecto a la intimidad datos genéticos ha de ser cautelosa y prudente, y a juicio de la Agencia de Protección de Datos, se deberá huir de conceptos jurídicos indeterminados y terminologías ambiguas que en nada favorecen la regulación de una materia tan delicada y sensible como los datos de la salud y los datos genéticos.

  
La regulación del tratamiento de los datos genéticos constituye un desafío para el legislador, que deberá aprobar normas que garanticen y amparen los bienes y valores que subyacen bajo la tutela de la información genética; y que además de excluir intromisiones ajenas en la intimidad genética reconozcan a la persona el control y disposición de sus datos genéticos.

CHAMORRO Consultores Jurídicos

C/ General Aguilera 6º 3º b

Ciudad Real

www.chamorroconsultores.com

Carmen Quintanilla Barba (Presidenta Nacional de AFAMMER)

   La violencia de género o doméstica sigue cobrándose víctimas en nuestro país. En lo que va de año son 56 las mujeres que han ahogado sus gritos para siempre y que ya forman parte de la desgraciada historia de la violencia en España. Pilar, Aintzane, Ana Isabel, Mª Antonia o Guadalupe son algunos de los nombres de estas 56 mujeres a las que el esfuerzo de la sociedad española en su conjunto por erradicar esta barbarie, no les sirvió para nada.

   56 mujeres, algunas de las cuales habían denunciado en repetidas ocasiones al que se convirtió en su verdugo. Mujeres, madres, trabajadoras cuya oportunidad de vivir una vida digna quedó en agua de borrajas. Pena, mucha pena es la que sentimos las gentes de bien e indignación y rabia contenida por no haber podido cerrar filas en torno a estas 56 víctimas, alejando el peligro de sus castigados cuerpos y cansadas mentes. Dolor por las que se han ido y esperanza por la lucha que no debemos abandonar cada día con ilusión renovada.

  
Es verdad que un año después de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las cifras de muertes se han reducido y existen más denuncias. Esto es una buena noticia sin duda, pero la trastienda de esta Ley sigue sin organizarse del todo. Los medios de comunicación, a lo largo de todo el año, han denunciado la saturación de los nuevos Juzgados de Violencia, que nacieron ya con sobrecarga de trabajo, incapaces de hacer frente al volumen de casos.

  
Hemos seguido conociendo casos de mujeres a las que no les ha servido de nada tener una orden de protección. En la mayor parte de los casos, la escasez de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incapaces de dar una atención personalizada y proporcionar una vigilancia individual, tal y como marcaba esta Ley, ha desembocado en nuevas palizas y situaciones violentas para la víctima.

  
¿Y qué me dicen de otras manifestaciones violentas? En los periódicos de hace una semana hemos leído que en España, 17 de cada 10.000 niños es maltratado por su entorno familiar, comprobando que son los adolescentes de entre 14 y 17 años los más expuestos a la violencia de los suyos, que en la mayor parte de los casos se manifiesta en forma de maltrato físico o abusos sexuales. Situaciones poco conocidas, de las que estamos poco concienciados y que en muchos casos no se denuncian por falta de información o por la desprotección que siente el menor. Esto no ha mejorado con la nueva Ley.

  
Y si hablamos de caso contrario, hijos que pegan a sus padres, aún se nos eriza el vello cuando recordamos las declaraciones de una madre de un niño de seis años que ha solicitado que se lleven a su hijo lejos de ella porque tiene miedo. Una impotencia y un terror mezclados con el amor más sublime, el de una madre por su niño, que sume en la desesperación a unos padres que se sienten incomprendidos y poco protegidos. Esto tampoco lo soluciona esta nueva Ley.

  
O el famoso “bulliying” o acoso escolar que ha provocado este año el suicidio de al menos un chaval que decidió que acabar con todo era mejor que soportar el trato vejatorio de sus compañeros de clase. Chavales que son vilipendiados, insultados y agredidos a diario, aislados a la fuerza en sus domicilios y con la sensación de que nadie les defiende, de que los violentos siempre llevan las de ganar. Estas situaciones, tampoco las solventa la Ley. Los casos aumentan pero en muchos casos se mantienen en el anonimato por deseo de la víctima que no quiere reconocer lo que pasa por miedo a represalias.

  
Y podría continuar con la violencia hacia los mayores, delitos silenciados y escasamente denunciados por la falta de medios de la víctima y por desconocimiento absoluto de los sistemas de protección. O las mujeres rurales, expuestas en mayor medida a la violencia y con menos recursos para salir de una situación que las ahoga y las anula…

  
Con este repaso al panorama de la violencia en nuestro país, no quiero ser catastrofista; he intentado dar una visión lo más realista posible de lo que sucede a nuestro alrededor, de las cosas sobre las que tenemos que trabajar con ahínco y con la coordinación de todos los agentes sociales, partidos políticos y sociedad en general en un único y unido esfuerzo por dar al traste con las intenciones de los violentos y con un solo deseo: no perder la esperanza en que el año que nos llega siempre será mejor.

Lola Merino Chacón (Presidenta Nacional de AMFAR)

   Ya han pasado ocho años desde que Ana Orantes, una mujer granadina se dirigiera a un programa de televisión para denunciar las vejaciones y malos tratos que recibía por parte de su marido. La desprotección, la angustia, el terror y la impotencia que sufría, a pesar de haber presentado numerosas denuncias ante los juzgados, la obligó a acudir a un plató televisivo para dar a conocer su calvario. Todos entendimos que Ana Orantes buscó encontrar el respaldo social haciendo “pública” su situación.

   Probablemente le resultó difícil tomar la determinación de contar “su vida” en televisión, valorando el escarnio público al que podía ser sometida, pero seguro que no encontró otro camino para resolver su angustia cotidiana. Desgraciadamente fue su dramática muerte, fue quemada viva por su marido tras rociarla de gasolina, lo que impactó en las conciencias de la sociedad española y marcó un antes y un después en la consideración de la violencia ejercida contra las mujeres. La violencia de género se convirtió en tema de debate, se empezó a estudiar su tratamiento en los medios de comunicación, y los políticos, jueces, fiscales, policías y guardias civiles reconocieron las dimensiones del problema y la urgencia de tomar medidas efectivas para erradicarlo.

   La vida de Ana Orantes fue el comienzo del despertar de una sociedad española que hasta ese momento entendía, e incluso justificaba, la violencia conyugal y de pareja entre las cuatro paredes de un domicilio. El reparto tradicional de los roles sociales relegaba a la mujer al ámbito de lo privado y le asignaba las tareas domésticas, pero su incorporación al empleo, su acceso a un trabajo remunerado, su presencia en la universidad y en el desempeño de cargos públicos han acabado con los burdos argumentos con los que tradicionalmente se ha justificado al maltratador.

   El valor de Ana Orantes significó también el propio despertar de sus congéneres femeninas. Las mujeres empezaron a salir a la calle pidiendo justicia: protección para la victimas y condena para el verdugo; los medios se llenaron de artículos de opinión condenando la violencia de género como la máxima expresión de desigualdad. Por su parte, los responsables políticos comenzaron a estudiar los datos de asesinatos, denuncias, delitos y malos tratos hacia las mujeres, configurando así unas trágicas estadísticas, pero imprescindibles para luchar contra la violencia, sobre todo, desde la recriminación pública de cada muerte y la sensibilización de las mentalidades. En lo que llevamos de 2005 han sido asesinadas 56 mujeres, la última de ellas en Tarragona después de la fatal jornada del pasado día 14, cuando tres mujeres fueron asesinadas en Zaragoza, Pontevedra y Alicante.

   Las estadísticas del Instituto de la Mujer estiman que casi el 23% de las víctimas mortales de este año estaban en periodo de ruptura con su pareja. Es una muestra más de que aún siguen vigentes estructuras machistas que consideran al hombre superior a la mujer y por tanto, dueños de ellas y de sus vidas. El amor es incompatible con la sumisión, ya que el corazón es libre y ni a golpes puede doblegarse a amar a quién no ama. La Declaración de Derechos Humanos recoge el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de las personas, y no hay excusa que legitime las agresiones físicas ni psicológicas que de forma globalizada sufren mujeres en todo el mundo.

   Contamos con una Ley Integral contra la Violencia, cuya aplicación aún está en desarrollo. El apoyo legal y asistencial de las Administraciones es imprescindible, pero también la tolerancia cero que cada vez más manifiestan los colectivos masculinos, ya que acabar con la violencia es, sin lugar a dudas, tarea de todos.

   Hace ocho años murió Ana Orantes. Nuestro consuelo es que ella tuvo que perder la vida para poder proteger hoy la de muchas mujeres. Gracias Ana por tu valentía.

Alejandro Gil (Consejero de Vivienda y Urbanismo)

  
No hay una sola línea escrita en la historia reciente de Albacete en la que no figure, de manera destacada, el papel que la aeronáutica ha desempeñado en el devenir de la ciudad.

Desde los primeros y legendarios vuelos hasta la actualidad varias generaciones de albaceteños han aprendido a escrutar el cielo en busca del aeroplano o del reactor, a trazar con la mirada su alargada estela, con la misma familiaridad con la que el cazador persigue por entre los pastos el rastro de su perro lebrero.

  

Hombres y mujeres, muchos llegados de otras tierras, han urdido en estos llanos toda suerte de vidas y de experiencias paralelas a los hitos mismos de la aviación. Numerosos son, en consonancia, los hogares de Albacete que llevan en su árbol familiar la divisa de las alas.

Así, la propia naturaleza de la capital se ha confundido y entremezclado durante casi un siglo con la de su base y su Maestranza aérea, de los extintos muros de La Torrecica a las modernas instalaciones en la salida hacia Murcia y Alicante: en lo geográfico, marcando sus actuales límites; en lo económico, dirigiendo la creación y cualificación de nuevos puestos de trabajo; y en lo social, acentuando aún más el carácter abierto y dinámico de sus gentes.

Esos vínculos con el Ejército del Aire, iniciados ya en el primer cuarto del siglo XX, han dado no sólo importantes páginas a la historia de España, como demuestra la elección de la ciudad como sede del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Republicanas o la creación muy posterior del Ala 14, la más potente herramienta defensiva del Mando Aéreo del Estrecho.

La tradición militar de Albacete se nutre, también, de grandes aportaciones tecnológicas, como son los propios recursos técnicos y humanos de la Maestranza o las magníficas instalaciones de la base de Los Llanos, que en breve recibirán al “Typhoon”, el primer y más avanzado avión de combate de nuestro continente.

Con ese aval, nada sorprende la instalación en el municipio de la futura planta de helicópteros “Tigre”, que, con la colaboración también del Gobierno de Castilla-La Mancha, terminará de convertir a Albacete en uno de los más avanzados ejes aeronáuticos de Europa.

En todo caso, y a excepción de un breve intervalo de tiempo salpicado de forma abrupta por la Guerra Civil, la ciudad se ha visto privada de un verdadero complejo civil que permitiera su conexión por vía aérea con el resto de la península y con otros destinos del extranjero.

Hoy, gracias al tesón de todas esas generaciones de albaceteños, la capital más populosa de la región abre definitivamente la terminal de su aeropuerto.

Su explotación comercial, en un mercado cada vez más regionalizado, garantizará indudables beneficios sociales y económicos al conjunto de Castilla-La Mancha y contribuirá a mejorar la faz de esa Albacete moderna, habitable y próspera que entre todos estamos ya perfilando.

Gracias al nuevo aeropuerto y otras magníficas infraestructuras públicas y privadas, nuestra querida ciudad de la cuchillería estará preparada para el reto de un futuro muy próximo que ya podemos tocar: el de un desarrollo urbanístico sin precedentes; un crecimiento que, en línea con el nuevo Plan de Ordenación Municipal, vendrá determinado por el máximo beneficio ciudadano, el respeto al medio ambiente, la creación de empleo y el fomento de la actividad industrial.

Con él, se consolidará definitivamente la aspiración que desde hace muchas décadas ha tenido Albacete: ser el punto de referencia obligado entre el centro, el este y el sureste peninsular como lo es Zaragoza, por ejemplo, en el cuadrante noreste de nuestra geografía.

Y todavía más: la capital albaceteña escribirá otro importante capítulo de esa fructífera e indisoluble vinculación con la navegación aérea española.

Manuel Fuentes Muñoz

  
Estos días se ha puesto en servicio el nuevo tren Madrid-Toledo. En el acto de inauguración hemos podido ver una comitiva de representantes de la policéfala administración pública española que incluía desde el Presidente del Gobierno hasta los alcaldes de las ciudades afectadas, pasando por los presidentes de las comunidades autónomas comunicadas, ministros de relumbrón –más o menos relacionados con el evento- consejeros y, entre otros, los responsables de las infraestructuras y de la operadora pública ferroviaria. Todos ellos han salido en la foto, aunque otros muchos se hayan quedado fuera.

  
Esta costosa obra hubiera sido innecesaria, y seguramente más útil, si los responsables políticos de los noventa no hubieran dejado la capital regional a poco más de diez kilómetros de la línea del AVE a Sevilla. Con este nuevo enlace ferroviario, se ha querido enmendar el entuerto del año 1992, pero de forma más bien chapucera. Y es que este ramal de alta velocidad, de apenas veinte kilómetros, no tiene conexión alguna ni posibilidad futura de continuar hacia otros destinos. Por otra parte, este servicio no deja de ser el de un nuevo tren de cercanías, más caro que esos trenes, pero mucho más barato que el de la línea Puertollano-Madrid.

  
Este material es idéntico a los que se utilizan en ese trayecto. Y sobre los mismos, después de casi un año de funcionamiento, hemos comprobado su austeridad, sus limitadas prestaciones, su menor comodidad, la falta de estabilidad o de espacio interior, por citar solo algunas de sus deficiencias. Además, el servicio que se presta, poco o nada tiene que ver con el que se da en el AVE y el coste del material, del consumo y del mantenimiento, es muy inferior a esos trenes. El servicio a Toledo incorpora, por lo menos, dos importantes novedades. No hay clase club, la tarifa es única. Y no llevan supervisores. Este verano, en el primer tren de la mañana, una de las unidades tampoco los llevaba, sin que se haya notado su ausencia. Creemos que, el ahorro de este coste, se debería repercutir en los precios a los usuarios.

  
En el primer día de servicio hubo muchas incidencias. Varios usuarios perdieron el tren por las interminables colas en la estación de Toledo. Otros dedicaron casi una hora para sacar el billlete en las taquilllas, cuando el viaje dura poco más de treinta minutos. Algunos, incluso, se volvieron a tomar el autobús. Las quejas por el parking y otras deficiencias ya se han hecho públicas por los usuarios. RENFE trató de justificar, estas deficiencias por los desajustes propios del inicio del nuevo servicio y pidiendo a los viajeros que acudan a la agencias de viaje para sacar el billete, reconociendo, así, su incapacidad para atender a sus clientes.

  
Sin embargo, estos días hemos oído palabras grandilocuentes de nuestros políticos sobre este servicio que poco, o nada, tienen que ver con esta realidad. Se ha dicho que Castilla la Mancha se articula mejor con este tren, lo que es más que dudoso. Nuestra región sigue sin estar articulada por vía férrea. Ciudad Real, por ejemplo, no tiene comunicación directa con la capital regional y no existen planes, ni a medio ni a largo plazo que permitan su conexión. Los viajeros de Cuenca, que tenían línea directa con Toledo, vía Aranjuez, ahora, con el nuevo tren, han de desplazarse primero a Madrid para tomar otra unidad con destino a la capital regional. Eso sí, dedicando, como mínimo, una hora más de viaje y a un coste tres veces superior. Sin hablar del sangrante caso de Guadalajara. Pero es más, nuestra comunidad autónoma es la única de España que, en estos momentos, no tiene comunicación directa ni por ferrocarril ni por atovía, entre ninguna de sus capitales de provincia.

  
Los gestores públicos estatales de las infraestructuras, Ministerio de Fomento, ADIF o RENFE, realizan inversiones en Castilla la Mancha, no porque nos tengan más cariño a los castellano-manchegos, sino porque el sistema radial desde Madrid –tanto de carreteras como de vías férreas-, obliga a que estas comunicaciones pasen, ineludiblemente, por nuestra tierra (así lo hacen las dos terceras partes de estas infraestructuras). La única posible intervención de los poderes públicos de la región se centran, por lo tanto, en pequeñas variaciones del trazado y en conseguir alguna parada para nuestras ciudades.

  
Las cuestiones conflictivas sobre el ferrocarril, en nuestra región, son mucho más amplias. Podemos ver tres ejemplos. En primer lugar, los pasados días los sindicatos ferroviarios denunciaron la intención de la compañía pública ferroviaria de suprimir un importante número de trenes que hacen el recorrido desde Madrid a Levante y hacia Andalucía en trenes convencionales con paradas en municipios de la región. RENFE, ha dado la callada por respuesta, y quien calla otorga. La compañía ferroviaria utiliza criterios exclusivamente económicos y ha olvidado que, como entidad pública, tiene la obligación de dar servicio público de transporte por tren a estas poblaciones.

  
En segundo lugar, esta semana, se nos ha desvelado, por fin, en que consiste el acuerdo sobre el AVE para Tomelloso y su comarca. Se estudiará –así lo ha dicho el Presidente de la Diputación de Ciudad Real-, la posible ubicación de un ramal que uniría estas localidades con la nueva línea férrea. Pues para este viaje no necesitábamos alforjas, pensarán en Tomelloso.

  
Por último, dentro de los planes generales del Ministerio de Fomento, está prevista la línea Madrid –Jaén, que pasa por nuestra provincia y tiene prevista parada en Alcázar de San Juan. Pues bien, para el próximo año 2006, tampoco hay dotación económica alguna para este proyecto, con lo que, por enésima vez, se vuelve a retrasar su puesta en servicio.

  
Mientras tanto, el Ministerio y RENFE, siguen sin aplicar el mandato del Congreso de los Diputados que exige la modificación sustancial de las condiciones del actual servicio Madrid-Puertollano. Estas instituciones, además, incumplen las más elementales normas de la cortesía parlamentaria negándose a dar respuesta a preguntas planteadas por diputados de la provincia –tanto del PP como del PSOE- sobre este tema.

  
Este tren hace su entrada en la ciudad imperial donde, pese a la nueva estación de estilo neo-mudéjar, no deja de ser un elemento extraño en el contexto de sus monumentos. A pesar de que a algunos les gustaría otra cosa y del mucho humo que nos venden, las águilas del escudo capitalino seguirán erguidas por encima de cualquier “rara avis”, que las pretenda emular.