La Corporación Municipal ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Tomelloso un pleno extraordinario en el que se ha aprobado con el voto a favor del grupo popular, en contra del PSOE y la abstención de UPyD, la enmienda presentada por el equipo de gobierno a la totalidad de una moción de la oposición sobre el modelo de gestión público-privada para el hospital de Tomelloso.
En esa enmienda el equipo de gobierno del PP muestra su apoyo a que la asistencia sanitaria en Tomelloso siga siendo un servicio “público, universal y gratuito, como ha afirmado el gobierno de Castilla-La Mancha”, dice textualmente y en la que insta a la consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades a que adopte “las medidas adecuadas para garantizar que el hospital de Tomelloso funcione cada vez con mayor calidad y eficiencia, garantizando los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los profesionales que en él trabajan y ampliando los servicios ofertados para cumplir con su plan funcional”.
Insta además el grupo popular a la consejería a que adopte las medidas adecuadas para lograr una “mejor coordinación y colaboración” entre los centros hospitalarios de ciudades vecinas y el hospital de Tomelloso.
La portavoz del equipo de gobierno, Carmen Casero, que ha reiterado, al igual que el alcalde, que la asistencia sanitaria seguirá siendo pública, porque el titular seguirá siendo el SESCAM, universal y gratuita”, ha explicado a los ciudadanos el por qué de la decisión de la Junta, porque la oposición, ha dicho, “parece que no se entera de la que está cayendo como fruto de la nefasta gestión y del despilfarro del anterior ejecutivo socialista en la región”. Un gobierno que ha dejado “una herencia envenenada”, que supone una deuda de más de 10.000 millones de euros, de ellos, 2.800 a proveedores, consecuencia del “despilfarro faraónico de un gobierno al que no le ha interesado la sanidad ni en Tomelloso ni en Castilla-La Mancha”.
El PSOE, ha dicho, ha dejado a la región y a su sistema sanitario en “caída libre”, hasta el punto que la deuda de la consejería es mayor que su presupuesto. La única salida que esa situación ha dejado para hacer viable el hospital de Tomelloso y los de Manzanares, Villarrobledo y Almansa, es, ha apuntado Casero, la gestión público – privada. Un sistema de colaboración con la iniciativa privada que ha defendido, asegurando que no significa que el servicio deje de ser público, porque lo sigue pagando la administración regional y sí que proporcionará eficacia y permitirá la sostenibilidad del sistema.
Casero, que ha defendido la importancia de la iniciativa privada, como motor de crecimiento de la sociedad, ha recordado que el sistema público se mantiene precisamente con las cotizaciones y el empleo, un “carro” del que tiran los autónomos y pequeños empresarios.
Ha afirmado en este sentido que es un error pretender que todo esté sustentado en un 100% en lo público, “porque si no hay empleo, ni cotizaciones, autónomos ni pequeños empresarios es imposible financiarlo”.
Casero se ha referido también a los profesionales de la sanidad asegurando que si hay alguien que les defiende es el Partido popular y ha recordado que fue el gobierno de Zapatero el que negó a Castilla-La Mancha 190 millones en concepto de anticipo sanitario, lo que supuso poner en peligro el concierto con los médicos. La portavoz del equipo de gobierno municipal se ha preguntado en voz alta por qué la oposición no se quejó nunca antes a pesar de que el ejecutivo de Barreda no cumplió el plan funcional y no completó la cartera de servicios del hospital. Ni tampoco, ha añadido, cuando el mismo gobierno hizo la ampliación del hospital de Alcázar de San Juan “en la que invirtió más dinero que en la propia construcción del de Tomelloso” cuando éste último seguía sin estar al cien por cien de actividad y que con ello se le daba “la puntilla de descabello”. Los únicos que lo denunciaron, ha recordado la dirigente popular, fue su grupo y no la oposición.
El gobierno regional, ha añadido Carmen Casero, que es además portavoz de la Comisión de Sanidad en las Cortes Regionales, va a defender la colaboración entre los diferentes centros hospitalarios, que ha, incidido, “es necesaria” y ha señalado que el consejero se ha comprometido a informar del proceso de cambio de gestión.
Casero ha asegurado ser consciente que los cambios suponen “una quiebra en la mentalidad de los ciudadanos”, pero ha asegurado que son necesarios teniendo en cuenta los datos y la situación económica actual en la que no es fácil, ha incidido “que la presidenta salga Cospedal tenga que anunciar medidas como las anunciadas” para no tener que recurrir a otras como el copago o el cierre de los hospitales, como salida. Y se ha preguntado qué habrían hecho otros, en referencia al anterior gobierno presidido por Barreda, en las mismas circunstancias
Ha recordado también que ya en la actualidad hay en el sistema público sanitario servicios que se prestan a través de empresas privadas como es el caso de la hemodiálisis, y lo hacen de manera eficiente.
Por último, Carmen Casero ha afirmado que van a velar porque el pliego de condiciones incluya una cartera de especialidades al menos como la que tiene el hospital de Tomelloso y para que se garanticen los puestos de trabajo.
El alcalde por su parte, ha insistido en que el grupo popular va a seguir defendiendo que se garantice el funcionamiento del hospital, a diario, prestando un servicio “público, universal y gratuito”, que, ha incidido, “es lo que va a seguir siendo y así lo ha anunciado el gobierno regional”, pero también garantizando su “viabilidad y sostenibilidad económica y funcional”.
El modelo que quiere llevar a cabo la consejería, ha explicado, “controla desde lo público la gestión que haga la iniciativa privada y asume financiación de la iniciativa privada que va a estar obligada a seguir invirtiendo en el hospital y a prestar todos los servicios necesarios definidos en la cartera de servicios para atender a los pacientes”. Para hacer posible ese control, ha añadido, se creará la figura del comisionado que controlará la actuación de la empresa concesionaria del servicio en busca de una mayor eficacia, que la experiencia de otros lugares demuestra, ha dicho Cotillas, que es posible con este modelo de gestión.
Para el portavoz del grupo municipal de UPyD, el cambio de gestión a un modelo público – privado supone “el reconocimiento de la incompetencia del SESCAM”. Lo público, ha dicho, “necesita un repaso”, pero son el SESCAM y el gobierno de Cospedal quienes deben hacerlo y no dárselo a una empresa para que lo haga porque, en su opinión, eso es lo más fácil para la administración.
Ha criticado Benito Andújar no solo el fondo de los cambios, sino también las formas, lamentando que no se haya informado del proceso a los profesionales aportando datos y cifras que avalen la declaración de inviabilidad. Y es que UPyD cree que la gestión privada será más costosa para la administración y se reducirá la calidad del servicio, en base a varios informes sobre otros lugares donde se ha hecho, a los que se ha referido en el pleno.
En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Valera, que ha incidido en que fueron los ciudadanos quienes consiguieron el hospital, algo que han apoyado los responsables del equipo de gobierno durante sus intervenciones, aunque le ha recordado el alcalde que fue el PP quien primero puso en su programa electoral la consecución del hospital.
El portavoz socialista se ha remontado a los orígenes de la demanda del centro hospitalario, retomando el argumento de culpar al INSALUD, entonces titular de las competencias sanitarias, de querer hacer un “hospitalillo” y agradeciendo al gobierno socialista regional que lo cambiara haciendo un hospital “con más camas y más servicios”. En opinión de Valera ha habido falta de transparencia y desinformación en la decisión de cambiar el modelo de gestión.
Para el responsable del grupo del PSOE, “no se puede medir la sanidad desde la rentabilidad”.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 140, introduce el concejo abierto y garantiza la autonomía de los municipios, a los que otorga personalidad jurídica plena. En el régimen de concejo abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores y a un alcalde, elegido directamente por los vecinos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral general.